El problema de difícil acceso a los medicamentos en Chile, por el momento, está lejos de ser un tema resuelto. Prueba de ello es que cerca de la mitad de los pacientes que suspenden algún tratamiento médico afirman haberlo hecho por no tener el dinero suficiente para comprar los remedios, según la última encuesta La Brújula del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, correspondiente a diciembre.

No obstante este dato, al ser consultados por su apoyo a las farmacias comunales, la muestra revela que sólo un 69% de los encuestados está de acuerdo con que existan farmacias en todas las comunas del país, versus un 8% que estima que deberían ser autorizadas sólo para municipios alejados que no cuentan con farmacias y otro 8% que de plano no está de acuerdo con este formato.

El director de IPSUSS, Jaime Mañalich, estimó que “las farmacias comunales han significado una esperanza, pero tienen muy poca viabilidad de materializarse, a menos que sea una política pública tomada por el Ministerio de Salud”.

En ese sentido, cuestionó que “ya el ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) hace unos días dijo que no era viable, porque esto significaba un aumento del gasto fiscal, y que él no estaba dispuesto a respaldar”.

Para Mañalich, las farmacias comunales es un experimento interesante, pero “es críticamente dependiente de que Cenabast siga comprando medicamentos baratos a los laboratorios, que compra a un décimo o un quinceavo de lo que le cuesta a la farmacia de la esquina, y que pueda entregar esos medicamentos a estas farmacias comunales”.

Repara, no obstante, que el modelo implicaría un cambio legal sobre Cenabast para ampliar su capacidad de gestión, “lo que no se ve fácil”. Además advierte que la mayoría de los municipios tienen deuda con Cenabast, lo que hace más complejo su futuro.

ACCESO A LOS REMEDIOS. La muestra también midió el acceso de la población a los medicamentos: un 53% de los afiliados al sistema de isapres dijo consumir medicamentos que no requieren receta médica versus un 44% de los usuarios de Fonasa. En tanto, el porcentaje de pacientes que consumen medicamentos con receta llega a 56% en isapres y a 63% en Fonasa.

Del total de los afiliados a isapres que adquieren medicamentos recetados, un 77% dice cancelarlos con sus propios recursos versus un 39% de los usuarios de Fonasa.

Del total de pacientes del sistema público y privado, un 24% afirma que alguna vez no ha podido continuar con su tratamiento médico, mientras que un 6% dice que esta situación le ha ocurrido muchas veces. En específico, la proporción de usuarios de Fonasa que indican haber presentado esta realidad llega a un 31,7% y de los afiliados a isapres, a un 26%.

Y es aquí donde se presenta el gran problema: un 57% de quienes están en Fonasa y han debido suspender su tratamiento admite haberlo hecho por no tener el dinero para comprar los medicamentos, realidad que aqueja al 49% de los afiliados a isapres .

“Es paradójico que aquí existe una suerte de discriminación inversa, o sea, mientras más probable que la persona esté afiliada al sistema de isapres, más depende de su gasto de bolsillo para poder tener su tratamiento. Y uno se pregunta por qué este sistema que tiene excedentes, no tiene una buena cobertura farmacológica para pacientes, con enfermedades crónicas además”, recalca Mañalich.

Lo más preocupante es que del total quienes no pudieron seguir con su tratamiento como les indicó el médico, la mayoría cree que su salud empeoró por no poder continuar con este proceso: 66% en el caso de usuarios de Fonasa y 62% del sistema de isapres.

El sondeo también refleja que 1 de cada 3 clientes que intenta cambiar su medicamento por un bioequivalente en las farmacias no lo logra. Y es que un 34% de los encuestados dice que al preguntar por uno similar para cambiarlo, le señalan que no hay disponibles.

 

Fuente: Pulso