Las isapres están en la encrucijada por cuanto no han podido reajustar sus planes de salud. Ante el aumento de sus costos, arguyen, como consecuencia de los mayores costos de salud, licencias médicas y gastos de judicialización, que estarían comenzando a operar con un déficit operacional de $ 25 mil millones para el 2015. Frente a ello solicitan que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud, envíe un Proyecto de Ley que les permita aumentar los precios conforme a sus gastos. A ello se suma que deben cumplir con los ratios de solvencia que exige la Superintendencia, so peligro que sus afiliados pasen a Fonasa. Para ello el gremio de las isapres ha solicitado la intervención del Superintendente de Salud, que ha señalado que no tiene facultades legales para fijar criterios para determinar aumentos de precio.
Ante este escenario las isapres han comenzado a rebajar costos mediante la celebración de convenios con clínicas privadas, rebaja de costos de administración, etc. A su vez, se está proponiendo que no sea cargo de las isapres el pago de las licencias médicas. Lo anterior, también está relacionado con la reforma a la regulación de las isapres, que ha comprometida el Gobierno y que busca establecer un conjunto de beneficios universales de salud para todos los usuarios, que comprendería un 80% de cobertura hospitalaria y 60% en atenciones ambulatorias, con la posibilidad de cubrir la diferencia mediante seguros de salud privados. A ello se suma la proposición de la Comisión Bravo de acabar con el sistema de isapres en el mediano o largo plazo. El Informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “Health at a Glance 2015”, tampoco le es favorable por cuanto señaló que la selección de afiliados y pagos diferenciados por género y edad, propio del sistema de isapres, agrava la inequidad.
Frente a este panorama, nada de alentador por cierto para las isapres, cabe preguntarse si las propias isapres -que durante años se limitaron a hacer una defensa corporativa de sus grandes ganancias a través de Hernán Doren- han actuado de forma eficiente. El sistema de isapres tiene la virtud de agrupar los cotizantes para los efectos de lograr rebajar los precios que eventualmente podría imponer a un paciente una clínica privada. Es verdad que esta situación, ya está regulada por la Ley N° 19.650, pero existen ciertos vacíos en los cuales las clínicas pueden abusar del paciente.
Económicamente las isapres son bastante defendibles como institución, pero no se puede dejar de lado que ellas mismas no se han dado cuenta que no se han validado socialmente en su actuar.
Y esto vale para cualquier empresa, ya no basta con que las empresas traten, dada una regulación, de maximizar sus utilidades, sino que deben velar porque el sistema efectivamente evidencie sus virtudes. Lamentablemente las isapres no están por la labor y se niegan a darse cuenta que más vale la pena perder una parte de sus utilidades a perderlo todo. La Asociación de Isapres y ellas mismas deben revisar, de forma crítica, sus protocolos en torno a la situación de los pacientes y sus procesos de rebaja de costos de salud. Ellas se validaran sólo si son percibidas como unos defensoras de los pacientes frente al sistema de salud, es decir, las isapres deben mejorar sus procesos de control sobre los costos de la salud, ya no vale la excusa que ellos suben conforme al precio de la tecnología.
Por ejemplo: en lugar de gastar en marketing ¿por qué no asistir a sus afiliados en caso de ser hospitalizados? en vez de dejarlos abandonados a su suerte; ¿por qué esperar a que los códigos de validación de exámenes sean autorizados por Instituto de Salud Pública para hacer reembolsos?, o ¿por qué no mejorar los procesos de información de los paciente frente a las enfermedades, informándoles cuáles son las alternativas más eficientes y baratas? (se podría crear un centro a cargo de la Asociación de Isapres que se encargue de ello), etc.
En pocas palabras: las isapres hoy manejan una gran cantidad de recursos, y no deben esperar que el Estado los salve de su actual coyuntura, sino deben de dar pasos hacia su real validación como instituciones de salud. Ojalá que lo hagan, de lo contrario, dada la actual o futura coyuntura política, están condenadas a desaparecer.
Columna de RODRIGO BARCIA LEHMANN, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE.
Fuente: Estrategia