Para hacer diagnósticos, entregar tratamientos o dar seguimiento a los pacientes que tengan alguna de las once enfermedades incluidas en la ley «Ricarte Soto», los centros de salud deben tener la aprobación de una comisión especial.

Durante los primeros tres meses de vigencia de la norma -hasta el 4 de marzo-, no obstante, los prestadores pueden obtener esa certificación sin entregar inmediatamente todos los documentos exigibles, según resolvió el Ministerio de Salud para que la ley pudiera regir lo antes posible.

Así, con tal flexibilización, a la fecha hay 36 recintos aprobados, aunque su distribución no es equitativa a lo largo del país.

La mayoría está en la zona centro-sur. La Región Metropolitana, por ejemplo, posee 14 establecimientos certificados, que en conjunto pueden atender todas las patologías que tienen cobertura. Y desde Valparaíso al sur, en general, hay al menos un establecimiento aprobado para brindar los tratamientos que requiere cada patología.

Números en regiones

Distinta es la situación en las regiones del norte. En Arica y Parinacota no hay ningún prestador acreditado. Nadie que tenga alguno de los 11 males puede ser diagnosticado, tratado o seguido en esa zona.

En Iquique, en tanto, el hospital regional está acreditado para atender solo cuatro de las once patologías.

En Antofagasta hay dos recintos aprobados (los hospitales de Antofagasta y de Calama), pero hay tres enfermedades para las cuales no están certificados. Y en Atacama y Coquimbo, los tratamientos para los cuales no hay establecimiento acreditado llegan a ocho.

Esto perjudica especialmente a quienes padecen la enfermedad de Gaucher, tirosinemia, hipertensión arterial pulmonar y cáncer de mama, que no tienen prestador en la mayoría de esas regiones.

La subsecretaria de Redes Asistenciales (s), Gisela Alarcón, reconoce el déficit, pero advierte que en el norte va más allá de la ley «Ricarte Soto». «Tiene que ver con la realidad de nuestra red asistencial y el distinto desarrollo de la complejidad de los establecimientos. Con ley o sin ley, los pacientes complejos del norte tienen que ser trasladados a Valparaíso o a la capital», agrega.

A eso -dice- se le está haciendo frente «con el plan de formación de especialistas y con inversión en equipamiento. Esperamos que la ley sea un incentivo para el desarrollo de mayor complejidad en las regiones y que con el tiempo estas diferencias empiecen a desaparecer».

De hecho, cuenta que hasta antes de que entrara en vigencia la norma, para tratar a los niños con tirosinemia solo se podía optar al hospital Luis Calvo Mackenna, en Santiago. «Hoy, otros recintos se han acreditado para ello, como el Hospital Base de Osorno. Entonces, creemos que con el tiempo la ley puede ayudar a descentralizar las atenciones especializadas».

Por ahora, sin embargo, aquellas personas que tengan una de las enfermedades cubiertas por la ley «Ricarte Soto» que no tengan un establecimiento acreditado para tratarla en su región deberán viajar para acceder al tratamiento.

 

Fuente: El Mercurio