A SEPTIEMBRE de 2015, las Isapres mostraron pérdidas operacionales producto de la creciente judicialización. En efecto, en el país hay cada vez más causas interpuestas por afiliados que demandan a su Isapre solicitando que no reajuste el precio de su plan. Entre 2010 y 2015, las causas aumentaron de 8 mil a 150 mil y los respectivos costos legales pasaron de $1.000 millones a $15.000 millones. Habitualmente los jueces fallan a favor del afiliado y exigen a la Isapre pagar las costas. Ésta ve mermada su situación financiera por este pago y por deber preservar el precio de un plan cuyos costos aumentaron.

Entre 2002 y 2012 el costo real promedio por beneficiario de las Isapres creció un 4,7% anual, siendo el gasto en licencias médicas y el mayor número de atenciones las principales razones del alza. En Fonasa, ese incremento fue aún mayor, del 6,9%. El crecimiento del gasto en salud es un fenómeno mundial y no desaparecerá. Las Isapres aumentan sus primas acorde con sus mayores costos, mientras que Fonasa los financia con subsidios públicos que hoy representan casi dos tercios de su presupuesto.

Puesto que las acciones legales contra las Isapres proliferan, la mala situación financiera de éstas no es coyuntural, sino que estructural. Su etapa terminal comenzará cuando quiebre la primera Isapre. La mayoría de sus beneficiarios terminará en Fonasa. Allí enfrentarán largas listas de espera, además del incumplimiento de garantías GES. Al 30 de junio de 2015, los beneficiarios de Fonasa esperaban 1,6 millones de consultas de especialidad, 240.000 cirugías, y miles de garantías GES. En las Isapres no hay esperas. Además, la Superintendencia de Salud multa y sigue acciones legales en contra de estas aseguradoras cuando presume cualquier incumplimiento de la ley o la atención que brindan no satisface al asegurado. En una ilógica asimetría, ese mismo regulador no hace nada frente a incumplimientos y violaciones sistemáticas y masivas de la ley por parte de Fonasa.

Cuando quiebre la primera Isapre algunos oportunistas verán confirmada su predicción de que el sector privado no es capaz de brindar una buena cobertura. Insistirán en su sueño de que todos los chilenos seamos beneficiarios de Fonasa, asegurador público monopólico y comprador único de atenciones de salud. Ello, sería pésimo para todos los chilenos. El 7% que obtendría Fonasa de quienes hoy están en Isapre sería pan para hoy y hambre para mañana, dados los problemas crónicos y desatendidos de gestión del sector público. El sector privado prestador enfrentaría una caída considerable de pacientes y algunas clínicas desaparecerían. Ello perjudicará a todos los ciudadanos, incluso a los beneficiarios indigentes de Fonasa, quienes han aumentado el uso de prestadores privados de forma importante en la última década. La mayoría de los 3,4 millones de chilenos hoy en Isapres perderá ese 7% y se verá forzada a comprar por el lado otra cobertura, si la hubiese.

Las Isapres reconocen enfrentar tres grandes problemas: (1) Muchos de sus beneficiarios no pueden cambiarse de plan o Isapre; (2) El reajuste de primas es un proceso unilateral mal regulado y no competitivo; y (3) La multiplicidad de planes comercializados dificulta la competencia. Por eso, han presentado a la autoridad una propuesta detallada y concreta para resolver estos problemas. La autoridad dispone de todos los elementos para comprender esta situación, pero ha carecido de voluntad para proceder con esa reforma. De hacerlo, debiera priorizar la regulación del reajuste de primas, sin la cual la extinción de las Isapres es inminente.

 

Columna de Ricardo Bitrán, Doctor en Economía de la Salud

 

 

Fuente: La Tercera