La judicialización del sistema privado de salud, que se calcula en más de 155 mil juicios este año en contra de las isapres, tiene una vía alternativa a través de la Superintendencia de Salud. Este año, al mes de noviembre, ha gestionado más de 7.000 reclamaciones por los mismos motivos de aquellos cotizantes que recurren de protección ante la justicia ordinaria para obtener con ello el congelamiento del precio de su plan de isapre.

La cifra representa casi seis veces el número de reclamaciones que había por esta materia hace cinco años y más que duplica los 3.013 reclamos resueltos en 2014 a través del proceso que arbitra la superintendencia, que se completa en un 100% vía web y que tiene una gran diferencia respecto de lo que ocurre en las cortes de Apelaciones de Chile: no necesita del concurso de un abogado para su trámite.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, admite que «estamos bastante exigidos» en la capacidad para resolver la gran cantidad de reclamos que ha debido sobrellevar, pero dice que es una porción pequeña en relación con lo que ocurre en las cortes de Apelaciones. Y este aumento lo atribuye a que «el usuario de isapre está más informado que el promedio, es quien más usa los servicios de la superintendencia».

Sin embargo, para llegar a este escenario hubo resistencia de parte de las aseguradoras reclamadas. Pavlovic explica que las isapres presentaron «casi 700 quejas» ante los tribunales cuestionando las facultades de la autoridad para resolver los reclamos -que tienen un nivel de acogida en favor del reclamante similar al que se da a través de la justicia, de alrededor del 95%-, pero con la «ventaja» de que el usuario no requiere del patrocinio de un abogado para tramitarla.

«Son fallos políticos»

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, reconoce que este sistema «no genera costos extras para el usuario ni para las isapres» y que por esta situación es menos perjudicial para el sistema que los recursos de protección que se tramitan ante la justicia.

Pero Caviedes advierte que «los fallos de la superintendencia son políticos, no técnicos», ya que a su juicio «la superintendencia no tiene excusa para desconocer los incrementos de costos», porque esta, a diferencia de las cortes de Apelaciones, posee todos los antecedentes respecto de estadísticas financieras, número de licencias pagadas y bonos de atención cubiertos, que son datos que las isapres deben informarle periódicamente al organismo estatal.

Ante eso, dice que «es incomprensible que no reconozcan los incrementos de costos de las isapres».

 

Fuente: El Mercurio