A su límite parece estar llegando la situación que afecta a las isapres. Según la ley vigente, ellas deben adecuar sus precios año tras año, al menos desde la reforma a la salud impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos; pero están impedidas de hacerlo en aquellos casos en que sus cotizantes presentan un recurso en su contra ante los tribunales. El año 2009, antes del complejo fallo del Tribunal Constitucional (TC) que en cierta forma declaró inconstitucionales las diferencias de precios por edad, los recursos judiciales fueron algo más de 6 mil. El año 2015, la cifra supera los 134 mil y en dos de las mayores isapres los demandantes superaron el 10 por ciento del conjunto de afiliados. Esas personas tendrán precios menores que otras de igual riesgo, pero que no han actuado ante los tribunales.
Un segundo problema parece ser el alto costo que representan estos juicios, puesto que las costas de ellos son adjudicadas a las isapres. De esta forma, cerca de 20 mil millones de pesos recogidos para la salud van a parar a manos de estudios de abogados que se han especializado en esta materia. Así, las isapres no pueden subir sus precios, pese a que es un hecho conocido que el gasto en salud va en aumento en todo el mundo. Esto se debe a varios factores, entre los cuales están las nuevas tecnologías, el cambio de las fronteras de la medicina, que ahora se hace cargo de situaciones que hasta hace poco eran consideradas parte normal del envejecimiento, o la mayor afluencia que facilita las consultas.
Apenas se produjo el fallo del TC, todos los sectores interesados en mantener el sistema de isapres abogaron por una rápida modificación legal, pero durante el gobierno del Presidente Piñera y en los dos años del actual no se ha logrado avanzar. La autoridad pareciera tener una solución en sus manos con la creación de un fondo compensatorio de riesgo entre las isapres, al cual se le han agregado otras disposiciones, como la que fija en tres el máximo de planes que podría ofrecer cada isapre. Claro está que dicho fondo consolidará la existencia de dos sistemas separados, el Fonasa y las isapres. Además, se pondrá fin al esquema de seguros de salud como lo hemos conocido, puesto que un seguro debiera reflejar los costos esperados de cada asegurado. Si eso no se cumple y se crean subsidios cruzados, no puede operar un mercado competitivo, puesto que la competencia lleva a conquistar al asegurado que financia el subsidio mediante una prima más barata.
La complejidad del mercado de los seguros de salud ha sido, sin duda, la principal causa de la demora de las autoridades en abordar el tema, pero ya el número de causas judiciales comienza a amenazar a algunas de las isapres, que podrían enfrentar serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones. Para ciertos sectores, este hecho representa un paso positivo en sus aspiraciones de volver a un sistema único estatal, pero ello no constituye una alternativa seria y el Gobierno debería enviar cuanto antes su proyecto de ley, con la esperanza de que esta vez encuentre eco en el Congreso.
Fuente: Editorial de El Mercurio