El Ministerio de Salud espera enviar en las próximas semanas nuevos antecedentes a la Contraloría General de la República, luego de que ese organismo fiscalizador objetara el proceso mediante el cual la cartera permitió el ingreso de la vacuna «Gardasil», del laboratorio Merck Sharp & Dome, para ser aplicado en dos dosis -y no tres, como ya estaba visado- y proteger a niñas, de entre 9 y 13 años, contra el virus del papiloma humano.
Según Contraloría, los documentos que Salud tuvo a la vista para autorizarlo «no son concluyentes ni justifican la decisión del registro de la vacuna Gardasil en las dosis planteadas».
Tal reparo fue refutado ayer por la ministra de Salud, Carmen Castillo. Aseguró que «tenemos que responder a Contraloría y estamos adjuntando más antecedentes para que pueda tomar mejor conocimiento respecto de cómo estamos trabajando».
Castillo defendió la decisión de incorporar dicha vacuna al Programa Nacional de Inmunizaciones en 2014 bajo el esquema que hoy es cuestionado. Argumentó que «no fue una decisión rápida, fue basada en evidencia a nivel internacional, y con sustento que se ha ido reforzando».
Agregó que «estamos usando esta metodología de dos dosis porque sabemos que tiene sustento técnico, que está validada a nivel internacional» y que «cada vez hay más estudios que lo comprueban».
En la misma línea, Rodrigo Vergara, presidente del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud, sostuvo que «me parece extraño el pronunciamiento de Contraloría, porque dice que no va a hacer un análisis científico, pero para llegar a la conclusión que saca es necesario hacer un análisis científico».
Esta no es la primera diferencia entre el ministerio y la Contraloría. En noviembre, la ministra dijo que una de las razones de la baja ejecución presupuestaria en la construcción de hospitales era que Contraloría demoraba cerca de cuatro meses en tomar razón de los decretos para asignar los recursos. Pocos días después, en un documento enviado a parlamentarios, Contraloría contradijo a Castillo exponiendo que en esos trámites demoraron un promedio de 18,5 días.
Fuente: El Mercurio