Uno de los mejores índices de la capacidad de un sistema de salud para atender las necesidades de su población es el número de camas clínicas u hospitalarias disponibles en el país. Según el catastro del año 2015, en Chile existen 35.570 camas, de las cuales el 18 por ciento corresponde a camas proporcionadas por el sector privado. Con una población de 17 millones de personas, esas cifras implican que hay disponibles 2,1 camas por cada mil habitantes, lo que nos deja muy por debajo de otros países, pues el promedio de la OCDE es de 4,8 camas por mil habitantes. En América Latina se puede citar a Argentina, con 4,9; Brasil, con 2,3, y Perú, con 1,6.
Pero si hay algo sorprendente es la evolución del número de camas hospitalarias en la última década: las 28.000 que existían en 2005 se han transformado en 24.987 en el 2015. Debido a terremotos y otras catástrofes, más la antigüedad de algunos establecimientos, se han ido retirando camas del sistema.
En el sector privado, por el contrario, se aumentó de 5.076 a 6.755. También se ha observado una disminución en el número que proveen las mutuales y otras instituciones. Las promesas del gobierno de la Nueva Mayoría de construir 20 hospitales durante los cuatro años de su mandato suponían aumentar en unas 5.000 camas la disponibilidad, pero luego de las sucesivas presentaciones del Ministerio de Salud, está claro que esa meta no se alcanzará y el país seguirá con su déficit hospitalario. En el mejor de los casos se espera que aumenten en cerca de 3.000 camas si logran sacar adelante sus últimas proyecciones.
Más inquietante resulta comprobar que en los últimos dos años se ha detenido también la inversión privada, lo que puede deberse a varias razones. Entre las posibles explicaciones está la situación general de la economía, con la disminución del precio del cobre y otras variables macroeconómicas que han entregado señales de cautela a los inversionistas respecto de Chile. Pero aún más verosímil es que la causa sea la incertidumbre que se ha generado en el sector salud por la indefinición de las reglas que van a regir a los aseguradores privados a partir de este año.
La regulación del sistema de isapres ha puesto al Estado chileno ante una tarea difícil y este no ha demostrado tener la capacidad de asumirla. Quizás se trata de un sector que no es apreciado mayormente por una parte del espectro político, el que posterga sin plazos definidos la necesidad de reformar las regulaciones que el Tribunal Constitucional rechazó hace más de cinco años.
Pero es curioso comprobar cómo virtualmente todos los parlamentarios y autoridades están inscritos en isapres y no en el Fonasa. La tardanza en regular está provocando efectos indeseables mediante una baja en la inversión y haría bien el Gobierno en acelerar la reforma a las aseguradoras para volver a interesar a los inversionistas a que contribuyan a superar las deficiencias del sistema de salud. No puede olvidarse que cerca de la mitad de las prestaciones las otorga el sector privado de salud.
Fuente: Editorial de El Mercurio