La licencia médica es parte del tratamiento médico para recuperar la salud de los trabajadores, que se vería dificultada de continuar con sus labores normales.

Sin embargo, este instrumento también tiene un componente económico, ya que quienes deben asumir el costo de este reposo no son los empleadores o los trabajadores, sino los seguros de salud, Fonasa e isapres.

De los 4,5 millones de licencias médicas que se emitieron en el país durante 2014, un total de 571.661 fueron objetadas, y en el proceso de revisión de las contralorías médicas de isapres y de las Compin, en el caso de los usuarios de Fonasa, se rechazaron o redujeron en su extensión.

Es decir, el promedio del sistema de salud indica que una de cada seis licencias no es autorizada tal y como la prescribe el médico, según la estadística sobre la materia, unificada desde 2014 por todos los entes estatales que llevan registro de ellas, la Superintendencia de Seguridad Social, Fonasa y la Superintendencia de Salud.

Y si se mira de acuerdo al subsistema, en las isapres esa cifra aumenta a una de cada cuatro -22%, sumando rechazos (13%), más reducciones (11%)-. Mientras, en el sector público la cifra es mucho menor: 1 de cada 12 subsidios es objetado (6% de rechazos y 2% de reducciones).

El superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, explica por qué la diferencia entre ambos sistemas: «Está claro que en el caso de rechazos las isapres son más estrictas que Fonasa, lo que está influido por el carácter privado de ese sistema de salud, donde se generan excedentes. Los niveles no son extremadamente altos, aunque tasas que no superen el 10% se acercan más a una normalidad».

Esta misma diferencia hace que las isapres sean las más enérgicas observadoras del sistema, que durante los últimos años ha crecido en torno al 10% anual. El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, lo critica duramente: «Está obsoleto, mal concebido, y debe ser reformado. Y cada peso que consume el sistema de licencia es un peso menos que se destina a prestaciones médicas». Por eso, plantea la necesidad de una nueva institucionalidad para la administración de estos subsidios, independiente de Fonasa y las isapres.

Para el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, la diferencia se genera porque al momento de prescribir las licencias, «uno, como médico clínico, siempre intenta dar el mejor tratamiento a su paciente, y por eso a veces los medicamentos son los más caros, y con el reposo pasa lo mismo. Pero lo que ocurre, si uno lo ve desde el punto de vista de la racionalización de los recursos, uno debería ocupar el medicamento, más costo efectivo, y en el caso del reposo, uno que sea el balance justo entre el descanso que se requiere y el costo para la sociedad que significa tener a personas sin trabajar por períodos muy largos».

Sin embargo, durante los últimos años ha quedado acreditado un porcentaje de mal uso de los subsidios de incapacidad laboral, que ha originado leyes que castigan con penas de cárcel tanto a los médicos como a los pacientes que usufructúan del beneficio.

Costo del fraude

En los últimos seis años, según estadísticas de la Superintendencia de Salud al 2014, el aumento del gasto en licencias médicas ha sido de más de 70%. Esto, según Constanza Daniels, directora de la empresa Inmune, que persigue a quienes hacen mal uso de la licencia. «Trae importantes costos para el sistema de salud, no solamente monetarios, ya que se estima que además gran parte de estas licencias médicas podrían ser irregulares o fraudulentas; por lo tanto, hay un costo de pago de licencias médicas y de subsidios que nunca debiesen haberse hecho, pero también hay costos intangibles», asegura.

«Todo esto no solo tiene costos para el sistema de salud, sino también para las empresas o las compañías donde los afiliados prestan funciones, ya que la empresa se ve afectada por un aumento del ausentismo y, por ende, una disminución de la productividad», añade la ejecutiva.

 

Fuente: El Mercurio