Después de 25 años trabajando en el Estado, la ingeniera comercial Tamara Agnic decidió dar un paso al costado. Renunció este lunes al cargo de superintendenta de Pensiones, en medio de una tormenta política que se arrastra desde principios de 2015, cuando la autoridad dio luz verde a la polémica fusión entre las AFP Cuprum y Argentum.

Pese a que durante todo este tiempo lidió con comisiones investigadoras impulsadas por diputados, con una querella por prevaricación y un duro enfrentamiento con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, Agnic luce tranquila. Después de esta entrevista, parte de vacaciones al sur por algunas semanas, cuenta.

Hasta el 2 de enero, Argentum era prácticamente desconocida. Ese nombre había surgido solo unos meses antes, como resultado de la transformación en AFP de la sociedad Principal Institutional Chile, que en 2013 tomó el control de Cuprum a través de una OPA.

¿Por qué la transformación de Principal Institutional Chile en AFP Argentum? Según la normativa vigente, una AFP solo puede fusionarse con otra AFP, pero no con una sociedad de giro distinto. Una vez aprobada la operación, la compañía informó a las autoridades que la absorción le generaría un beneficio tributario o good will de US$ 130 millones. Si bien ese beneficio era permitido y utilizado en este tipo de procesos, la reforma tributaria recientemente aprobada limitó su uso, dejando una ventana de tiempo para que siguiera utilizándose solo para aquellos procesos de fusión iniciados antes del 31 de diciembre de 2014.

Entonces ardió Troya: la ministra del Trabajo envió un oficio a la superintendenta de Pensiones pidiéndole que «se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole», y un grupo de parlamentarios creó una comisión investigadora por lo que ellos consideraban un serio perjuicio tributario para el Estado. Más tarde, los diputados Fuad Chahín y Patricio Vallespín (ambos DC) pidieron una opinión jurídica sobre la fusión a la contralora subrogante, Patricia Arriagada. Los reparos que planteó Arriagada -y que se hicieron conocidos solo horas antes de que asumiera el nuevo contralor titular- dejaron a Agnic en una incómoda posición, lo que la llevó a poner su cargo a disposición de la Presidenta Michelle Bachelet en diciembre de 2015. Este lunes se produjo su salida de la institución, no sin antes presentar una carta a la Mandataria en la que explica sus razones y advierte que la ministra del Trabajo no respetó la independencia que la ley consagra a la Superintendencia de Pensiones.

«Los ataques no iban a cesar»

-¿Por qué presentó su renuncia ante la Presidenta Bachelet y no ante su superiora directa, que era la ministra del Trabajo, Ximena Rincón?

«Porque entiendo que uno debe renunciar ante quien lo ha nombrado y, en este caso, quien me nombró fue la Presidenta de la República, luego de que a ella se le presentara una nómina provista por la Alta Dirección Pública. Quien firma el decreto y me escoge para asumir como superintendenta de Pensiones es la Presidenta de la República; por lo tanto, lo que corresponde es renunciar ante ella (…) Puse mi cargo a disposición el 17 de diciembre, le dije a la Presidenta, usted tome la decisión, yo entiendo que si bien estamos totalmente ajustados a derecho, hay decisiones técnicas que pueden ser opinables, tome usted la decisión. Y nos dejaron en cuarentena hasta el último día. Yo entiendo que durante todo este tiempo mantuve la confianza de la Presidenta de la República. También lo digo en mi carta de renuncia: que es inédito que una ministra de Estado vaya en contra de la voluntad de la propia Presidenta de la República, quien me mantuvo la confianza hasta el final».

-¿Por qué su renuncia ahora, considerando que el conflicto por la fusión Cuprum-Argentum se arrastra por meses?

«No es que las condiciones hayan cambiado, pero esto se extendió demasiado. Así como antes fui muy enfática en defender la institucionalidad, en este minuto pienso que la mejor forma de defender la institucionalidad es dando un paso al costado, porque los ataques no iban a cesar, y ya se estaba poniendo en riesgo la imagen de la Superintendencia, que es una institución eminentemente técnica, que tiene 34 años de existencia, con un equipo humano de 240 profesionales altamente calificados y especializados en lo que significa interpretar la legislación relacionada con el sistema de pensiones».

-Tras casi un año en medio de la polémica, ¿la institucionalidad estuvo en peligro o derechamente se dañó?

«Si se ha generado algún pequeño raspón, esperemos que sea leve y que rápidamente se pueda revertir y que, además, sirva de experiencia para todas las instituciones reguladoras en Chile, y que no se lleven al ámbito político decisiones que son técnicas».

-¿Y en qué pie queda esta superintendencia, considerando que, quiérase o no, sí sirvió como escenario de una disputa política?

«Bueno, ahí las superintendencias nada pueden hacer, simplemente el llamado es a las autoridades políticas para que no sometan a este tipo de situaciones a las instituciones que están llamadas a dar garantía de estabilidad, de certeza jurídica, de respeto al Estado de Derecho. En este caso, está focalizado en el ámbito de las pensiones, pero esta situaciones se observa desde afuera, y sí se puede haber generado algún daño a la imagen país, porque se cuestionaron decisiones eminentemente técnicas, en que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que el único en Chile que puede interpretar la legislación relativa al sistema de pensiones es la superintendencia respectiva. No es la Contraloría ni los parlamentarios ni los ministros, ni ninguna otra autoridad. Los únicos que pueden someter a cuestionamiento las decisiones y las interpretaciones de estos organismos técnicos son los tribunales».

«Uno ve que no hay un ánimo de entender la operación, sino un juicio ya hecho»

-¿Por qué la ministra Rincón afirma que las reformas de 2008 sí le permiten fiscalizar las actividades del sector de pensiones?

«La ministra nos hace llegar un oficio el 31 de julio, en el que hace una serie de reparos al proceso de Argentum-Cuprum, y en el último párrafo, instruye abstenerse de aprobar operaciones similares, pero nada dice sobre lo pasado, sino sobre lo futuro. Nosotros respondimos ese oficio dando argumentos para cada uno de los cuestionamientos y le señalamos a la ministra que en caso de cumplir todos los requisitos, no podíamos sino autorizar. Siempre asumimos que ese oficio era una sugerencia, pero jamás que podía ser una instrucción. ¿Por qué? Porque eso sí sería una transgresión de la autonomía de la superintendencia. Días después contrata informes en derecho para ir contra la Superintendencia de Pensiones, los informes en derecho que ella envía al Ministerio Público, que hace llegar a la comisión investigadora, que van contra un servicio que tiene autonomía. Nosotros le enviamos absolutamente todos los antecedentes y nos los devolvió en sobre cerrado. Eran cinco legajos, cinco tomos. La duda es cómo se pueden pronunciar sobre algo que no conocen, cómo es posible que emitan juicios tan livianos. Para qué decir los parlamentarios. En la comisión investigadora enviamos todos los antecedentes, y cada vez que íbamos, nos volvían a preguntar lo mismo. Entonces uno ve que no hay un ánimo de entender la operación, sino un juicio ya hecho».

-¿Hubo intercambio de ideas con la ministra Rincón durante estos meses? ¿Existió alguna relación?

«Prácticamente no existió relación, y eso también es raro, porque la ministra nunca me citó a una reunión para que yo le explicara. Ella prefirió hacerlo a través de oficios que hizo públicos, no a través de la comisión investigadora, sino que a través de un parlamentario».

-En un escenario en que existe una fuerte sensación de desigualdad, ¿no consideró que esto iba a generar ruido en el Gobierno y en la opinión pública?

«Es que volvemos al tema técnico. Los llamados a hacer política son los parlamentarios; los llamados a reformar la legislación son los parlamentarios. Peras al peral, sombra al olmo, y a la superintendencia no se le puede pedir algo que no puede hacer, porque eso sí sería transgredir el Estado de Derecho».

-¿Pero no había ninguna forma de abordar esta fusión sin generarle al fisco esta menor recaudación?

«Lo que están permanentemente pidiendo los señores parlamentarios es que la superintendencia incumpla la ley. Lo que pidió la ministra en su oficio era incumplir la ley, y una institución apegada al Estado de Derecho no puede hacer eso. Además, aunque pueda sonar muy impopular y nadie se atreva a decir cosas impopulares aunque sean legales, estamos hablando de un beneficio legal que está en una ley».

-Dado que esa fusión generó polémica, ¿no fue al menos imprudente visar una segunda fusión, entre Provida y Acquisition, las dos de Metlife?

«Las instituciones técnicas no pueden incorporar dentro de sus análisis variables políticas; ese sería el peor de los mundos. Lo que nos prestigia en Chile es justamente la fortaleza de las instituciones reguladoras, entre otras cosas. Entonces, incorporar variables políticas atenta contra el Estado de Derecho, introduce variables arbitrarias para los participantes de los distintos sectores y eso nos debilita como país».

«Hay un beneficio tributario que ellos mismos legislaron»

-¿Pero no le parece que los parlamentarios tienen un punto, que es que esta operación significa que el fisco deje de recaudar US$ 130 millones?

«¿Y por qué no han dicho nada sobre las otras fusiones que tienen la posibilidad de acceder a good will ? ¿Por qué solo sobre las AFP? Aquí hay un beneficio tributario que ellos mismos legislaron y que ahora desconocen. Por qué si en la reforma tributaria no querían que pudieran acceder a este beneficio las AFP no incorporaron un artículo donde se les excluyera. A mi juicio, habría sido inconstitucional, pero podrían haberlo hecho si es que era el ánimo. Más aun, los temas tributarios son del Servicio de Impuestos Internos, y los órganos públicos no pueden hacer más que lo que la ley les indica hacer. Y dentro de las obligaciones que tiene la Superintendencia de Pensiones no está contemplado en ninguna parte observar temas tributarios en el ámbito de la toma de acciones. Haberlo hecho habría sido inmiscuirnos en materias que no son de la órbita de la Superintendencia de Pensiones».

-También se ha señalado que esta fusión no genera ningún beneficio para los afiliados al sistema.

«Las obligaciones que tiene la superintendencia son con los beneficiarios, pero también con las entidades que participan en el sistema de pensiones, y aquí lo relevante es que los beneficiarios no se han visto afectados en nada. Los fondos están debidamente reguardados. Lo que hizo la superintendencia es dar garantías de que quien iba a administrar los fondos de pensiones iba a ser lo suficientemente sólido para resguardar esos capitales, que son de los chilenos. Si eso no es un beneficio, entonces no sé qué es».

-En su carta de renuncia usted señala que hay cuestionamientos carentes de solidez técnica. ¿A quién se refiere?

«Son varios los diputados que han entrado en esta polémica y la ministra también».

-En el caso de la ministra, ¿también hay escasa solidez técnica? Ella fue directora de Provida y, por lo tanto, conoce bien el sistema.

«Sí, pero la mirada del regulador es distinta a la mirada del privado, y la experiencia en Chile sobre el sistema regulatorio está en la Superintendencia de Pensiones y en ninguna otra parte. Ni siquiera en el Ministerio del Trabajo. Aquí lo engancho con la querella que presentaron algunos parlamentarios por prevaricación administrativa culposa. Eso significa que yo, en mi escritorio sola, debo haber interpretado algo que es abiertamente contrario a la ley. Eso no ha ocurrido jamás; aquí son equipos multidisciplinarios, en los que participó la división financiera, de estudios, de control de instituciones, la fiscalía, todo el equipo jurídico, y en conjunto fuimos tomando las distintas decisiones».

«Atacar el sistema de pensiones vende, y defender el sistema no es popular»

-El diputado Chahín se ha ufanado de haber derribado a diez autoridades, entre ellas a usted…

«Eso es vergonzoso, los parlamentarios están para lesgislar y no para derribar autoridades. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes en entregar la información que nos han solicitado, pero cuando uno empieza a visualizar que uno repite y repite y por el otro lado no se escucha, se tergiversa, se miente, entonces uno dice ‘esto escapa al ámbito técnico’. En la comisión investigadora a la que fui por lo menos tres veces -y fui también a la Comisión de Economía del Senado- se me acusó de ser muy legalista, se me acusó de tener argumentos muy técnicos; entonces, yo no sé qué esperaban los parlamentarios de una institución que es eminentemente técnica y que tiene que dar garantías de certeza jurídica a todos los intervinientes, tanto a los beneficiarios del sistema de pensiones como a quienes participan en este sistema, que son las AFP.

-Pero dado que sí hubo un debate de orden político, ¿usted hubiera esperado algún apoyo más claro de algunas autoridades?

«Cuando postulé a través de la Alta Dirección Pública, en ninguna parte el requisito era pertenecer a un partido político. Ahora, atacar el sistema de pensiones vende, y defender el sistema de pensiones no es popular, aunque sea lo correcto. En esa tarea, la Superintendencia de Pensiones siempre va a estar en cuestionamiento mientras no se explique lo suficientemente bien cuál es el rol que cumple el regulador en esta materia. El regulador no puede ser jamás populista, debe entregar garantías a todos los intervinientes de certeza jurídica, de apego al Estado de Derecho y de no considerar variables políticas al momento de tomar decisiones o hacer interpretaciones. Si nosotros hubiésemos negado la solicitud de fusión luego de un largo proceso de revisión de antecedentes, prospectos, la situación sería otra: tendríamos demandas presentadas contra el Estado de Chile con altas posibilidades de perder».

«La Contraloría es muy clara en decir que no tiene competencia»

-Pero, finalmente, la Contraloría le dio la razón a la ministra Rincón; eso significa que sí se podían hacer las cosas de otra forma…

«Expliquemos lo de la Contraloría: aquí se ha hecho un manejo comunicacional tergiversado de lo que fue el oficio de la Contraloría. En los primeros párrafos, la Contraloría es muy clara en decir que no tiene competencia; la Contraloría es muy clara en decir que la Superintendencia de Pensiones no asesoró a los dueños de las AFP y, sin embargo, majaderamente repiten que la superintendencia asesoró. Luego, la Contraloría, apartándose totalmente de su ley orgánica que señala explícitamente que no puede inmiscuirse ni dar opiniones sobre materias que estén en el ámbito litigioso -y aquí hay una querella de por medio y una comisión investigadora-, emite una opinión porque se la ha pedido un par de diputados. Esa opinión la podría haber dado la contralora subrogante en el ámbito personal; lo grave es que la haya dado firmando como contralora en ejercicio, porque así como la Contraloría puede tener una opinión, la puede tener un ciudadano común y corriente, la puede tener un parlamentario, pero el único llamado en Chile a interpretar la ley en esta materia es la Superintendencia de Pensiones».

-¿Cómo se explica que la Contraloría se pronunciara 24 horas antes de que el Senado ratificara al contralor titular…?

«Ni siquiera 24 horas, tres horas antes. No sé por qué, pero al menos es raro este oficio, con esta opinión jurídica que no es vinculante y que no genera ningún efecto en las operaciones porque, vuelvo a insistir, los únicos que pueden interpretar la ley de pensiones es la superintendencia. Lo firma la subcontralora, al día siguiente asume el nuevo contralor, despiden al jefe jurídico de la Contraloría, entonces todo es muy raro. Al diputado Chahín lo recibieron en diversas ocasiones tanto la subcontralora como el nuevo contralor, yo solicité bajo distintos medios entrevista con la subcontralora y, posteriormente, con el contralor, y nunca me la dieron. Entonces es raro. Después que se entrevista el diputado Chahín con el nuevo contralor, es el propio diputado el que anuncia que el contralor se va a inhibir por haber dado una opinión jurídica en el ámbito del ejercicio profesional sobre la materia».

-¿Usted cree que Chahín corrió con colores propios?

«A mí, como no tengo redes políticas, se me hace difícil entrar en ese terreno, porque lo desconozco».

-Hay actores en la industria de las AFP que temen que la Contraloría haya sido presionada.

«No, yo no tengo cómo afirmar eso. Ahora, de ser efectivo, sería gravísimo; pero espero que no sea efectivo»

 

 

Fuente: El Mercurio