Un requerimiento ante Contraloría para que se reconozca la prescripción de una sanción dictada contra la directora de Fonasa, Jeanette Vega, realizó la ministra de Salud, Carmen Castillo.

En el documento, enviado al organismo el 5 de enero pasado, Castillo plantea que la medida disciplinaria -una multa y amonestación formal- dictada por Contraloría contra Vega, en julio de 2011, está prescrita desde marzo de 2014, lo que imposibilitaría su ejecución.

“La responsabilidad administrativa que se buscó establecer mediante el sumario administrativo referido se extinguió por haberse cumplido con creces el plazo legal de prescripción, al 11 de marzo de 2014, puesto que entre febrero de 2009 y enero de 2014, dicho plazo legal de prescripción queda ampliamente cumplido”, plantea el requerimiento, que añade “debiendo en opinión de este Ministerio de Salud haber sido declarada así la prescripción, en su oportunidad por el ex Presidente de la República”.

La solicitud fue realizada pocos días después de una acción similar elevada por Jeannete Vega, a fines de diciembre pasado ante el órgano contralor. En dicha presentación, Vega argumenta que ya pasaron cuatro años desde que ocurrió la infracción -fechada en 2009-, cuando se desempeñaba como subsecretaria de Salud Pública, durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

“Yo presenté la prescripción a la Contraloría. Básicamente, presenté un escrito con un abogado patrocinante, en que hay dos puntos: uno tiene que ver con que el sumario no corresponde y en el segundo punto se pide la prescripción”, dijo Vega.

Tras la presentación, la Contraloría está realizando una revisión de legalidad que concluirá si procede o no la caducidad de la medida.

Sanción

La acción disciplinaria, que consiste en una multa del 20% de la remuneración mensual de Vega y una anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación (hoja de vida de los funcionarios públicos), debía ser gestionada por el Ministerio de Salud.

En la ocasión, el órgano contralor estimó que Vega, mientras fue subsecretaria de Salud Pública, entre enero de 2008 y marzo de 2010, permitió que una empleada de la entidad ejerciera funciones directivas y resolutivas identificándose como jefa del Departamento de Epidemología y que ésta “se atribuyera y ejerciera labores de jefatura, no obstante estar contratada a honorarios”.

Además, se señala que, tras la emisión de un oficio de Contraloría “se mantuvo una autorización tácita” para que la trabajadora “siguiera ejerciendo funciones de jefatura”. Y que la actual directora de Fonasa, “no adoptó las medidas necesarias para regularizar la situación expuesta”.

En mayo de 2012, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, aplicó la sanción mediante resolución. Sin embargo, la Contraloría se abstuvo de cursarla, aduciendo que la atribución era del Presidente de la República, en ese momento Sebastián Piñera.

En junio de 2015, mediante Ley de Transparencia, la Subsecretaría General de la Presidencia indicó que la sanción no había sido aplicada dado que el “respectivo decreto supremo no ha sido elaborado ni firmado por el titular del Ministerio de Salud a la fecha, en su calidad de colaborador directo e inmediato del Presidente de la República”.

Reacciones

Según el abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, la solicitud de prescripción constituye “un hecho que lamentablemente se ha repetido en varios servicios y reparticiones públicas producto del excesivo retardo en la tramitación de los sumarios administrativos, lo que conlleva a que hechos que son constitutivos de infracciones graves queden sin ningún tipo de sanción administrativa”. Agregó que “las medidas disciplinarias pueden afectar la calificación de los funcionarios y su postulación a cargo de alta dirección o de jefe de departamento equivalentes, dentro de la administración pública”.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó que “esto es una suerte de leguleyada que no es el espíritu fundamental que está detrás y que es la administración del Estado. No se puede hacer lo que se le ocurra a cada uno, sino que hay normativas muy precisas que la doctora Vega como subsecretaria no respetó”, indicó.

La diputada independiente Karla Rubilar sostuvo que esto “es una oda a la mediocridad. El mensaje que da la ministra es que da lo mismo que se cometan irregularidades y lo que Contraloría sancione, solo basta con no ejecutarla y esperar la prescripción. No puede no ejecutarse porque una autoridad quiera proteger a otra”, dijo.

 

Fuente: La Tercera