El gobierno envió al Senado el segundo paquete de indicaciones a la llamada ley de Fármacos II, que busca perfeccionar la norma vigente, con mayores regulaciones al mercado de los medicamentos y productos sanitarios. Entre los cambios propuestos, destaca la creación de un sistema que permitirá comparar los precios de los remedios y la obligación de transparentar los aportes de la industria a los prestadores de salud, así como los conflictos de interés que puedan derivar de estos.

El documento señala que las farmacias y los recintos que cuenten con botiquines deberán dar a conocer al público de manera permanente los precios de los productos. Esta información también se deberá enviar al Ministerio de Salud (Minsal), y al Instituto de Salud Pública (ISP), entidad que publicará los valores de los productos en su sitio web “de forma que permita su comparación por los consumidores”.

Jaime Burrows, subsecretario de Salud Pública, sostuvo que “ya estamos avanzando en la herramienta, con los datos que en forma voluntaria han comprometido las cadenas de farmacias, mientras se tramita la ley”. Añadió que se tratará de una plataforma que tendrá disponibles los valores de todos los fármacos, permitiendo a las personas cotizar.

Otro cambio apunta a los conflictos de interés en el área médica, regulando la relación entre los actores del área farmacéutica -fabricantes, promotores y comerciantes-, y los prestadores de salud, como médicos, recintos asistenciales y centros académicos.

Así, los laboratorios y firmas vinculadas deberán “reportar al Minsal y al ISP, y publicar en sus respectivos sitios web las transferencias de valor efectuadas”, aludiendo los pagos, aportes, subsidios o beneficios que se entreguen a prestadores de salud, los que además tendrán un tope máximo, fijado por un reglamento. Se excluye de esta norma la entrega de muestras médicas, materiales educativos a pacientes y dispositivos de prueba.

La información sobre los aportes que entreguen las firmas deberán ser informadas al ISP, que publicará los datos, mientras que los médicos deberán comunicar esto a sus pacientes. Asimismo, los centros y prestadores de salud y académicos “deberán contar con un reglamento interno que regule los conflictos de intereses que afecten tanto a sus directivos como trabajadores”.

Burrows sostuvo que “esto está asociado con la indicación presentada en diciembre que obliga que la receta médica incluya la denominación común internacional del medicamento para informar al paciente. Igualmente, si el médico desea, puede recomendar una marca. Lo que queremos con esto es disminuir la posibilidad de que la prescripción sea influenciada”.

El Ejecutivo busca además regular a los visitadores médicos al interior de hospitales y centros de salud pública, los que sólo podrán desarrollar su actividad “previa aprobación expresa de la dirección del establecimiento y sólo ante el Comité de Farmacia o de Abastecimiento”.

Burrows explicó que “las indicaciones van en beneficio de todos. El mercado de medicamentos requiere mayor competitividad. Estamos tratando de atacar algunos puntos que de alguna manera limitan la posibilidad de mayor información de pacientes y que generan asimetrías”.

La norma también abordará la calidad de los dispositivos médicos -como válvulas o prótesis-, los que serán fiscalizados y autorizados por el ISP y las seremi de salud, previo control de sus especificaciones y la obtención de un registro sanitario, en los casos de mayor complejidad.

Las indicaciones incluyen la exención de impuesto a las importaciones de células madre y médula ósea, entre otros elementos. Al respecto, la senadora Carolina Goic (DC), presidenta de la Comisión de Salud, dijo que “valoro que el gobierno aceptara presentar entre las indicaciones la exención de impuesto a la importación de células madres”.

 

Fuente: La Tercera