La reforma a la Ley de Isapres no tiene fecha para su envío al Congreso. No será anunciada para el 21 de mayo, según explica la ministra de Salud, Carmen Castillo, porque todo el trabajo que hace su cartera en conjunto con Hacienda busca darle viabilidad política y financiera a un proyecto que, se espera, termine con las discriminaciones arbitrarias en los costos de los planes de salud, como lo establecen las decenas de miles de recursos de protección que se presentan mensualmente ante las cortes de apelaciones.

De hecho, está decidido que una vez que terminen las rondas de negociaciones entre ambas carteras, el proyecto será «socializado» nuevamente con distintos actores (médicos, ex autoridades, isapres, universidades, etc.), tal como se hiciera durante la segunda parte de 2015, para evaluar los reparos planteados por esas instituciones. «Queremos ver si calza con sus expectativas», explica la titular de Salud.

Por eso, la ministra Castillo cree que la demora en el envío del proyecto -de casi un año y medio desde la primera fecha que se planteó, para que estuviera presentado a fines de 2014- no es eminentemente negativa, ya que, a su juicio, esta tardanza le permite llevar un mejor proyecto de ley, que pueda ser viable políticamente en su discusión en el Congreso.

-¿Qué tan lejos está el proyecto de aparecer mencionado en el discurso del 21 de mayo?

«No, para este (21 de mayo) no. Estamos todavía… es que (suspira) nosotros queremos que cuando ingrese (al Congreso) esté lo más trabajado posible, prácticamente estamos trabajando en los detalles de consultas que uno pudiera efectuar. Hasta ahora, el proyecto ha sido expuesto a distintas instancias de autoridades, parlamentarios, en su comienzo, para saber cuáles eran las expectativas. En este momento yo he estado dialogando (…) porque queremos realmente entrar con un proyecto que sea de un flujo ágil y que tenga la suficiente robustez para ir dando los distintos pasos con seguridad y que sus distintos aspectos no signifiquen entorpecimientos».

-¿No va a ser una ley corta?

«No queremos que sea una ley corta y no lo va a ser, porque va a incorporar muchos elementos que hasta ahora se han ido trabajando: el fondo interisapres, el término de la declaración de salud para ingresar, son elementos que para nosotros no son parte de una ley corta, son mucho de fondo».

-Pero hay un escenario de desaceleración económica que complica a proyectos sin prioridad, como este, porque requiere de un aumento de gasto fiscal…

«Todo esto trae también que el Fonasa va a tener que moverse en el ámbito de la gestión. El ministro de Hacienda, obviamente, tiene que velar porque no exista impacto fiscal, pero estamos viendo, de tal manera que la gestión de Fonasa no le signifique impacto fiscal al Estado».

-¿Cómo se puede lograr eso?

«Mejorar las capacidades técnicas, las capacidades de respuesta, es decir, todo lo que signifique mejora… Ese es el análisis duro que estamos haciendo, el cómo uno puede hacer algo sin dinero en este tiempo».

-Pero el traspaso de cotizantes desde isapres a Fonasa generaría un gran gasto…

«Esperamos no tener traspaso. Esos análisis se están haciendo, incluso, qué significa si se van hacia uno u otro lado los cotizantes. La idea es que ojalá permanecieran en sus lugares y que reciban beneficios. La idea es que estos privados que tienen problemas de declaración de salud y de desigualdad en ese sentido, que es un abuso, puedan tener soluciones en este sentido, y Fonasa, que mejore la capacidad de respuesta en su sistema con trámites y con organización mejor estructurada».

-Y con eso darle un respiro también al ministro (Hugo) Dolmetsch, presidente de la Corte Suprema, quien ha insistido en que debe haber una solución legal que permita desatorar las cortes de recursos por isapres…

«Bueno, el ministro Dolmetsch lo manifestó en algún momento en un comunicado y obviamente, la judicialización es una preocupación para nosotros también. Sin embargo, tenemos que mirar la situación de las personas que están en el sector público y en el privado, y ver las diferencias que tiene cada uno. Uno tiene un componente social potente y el otro no lo tiene. A lo menos, que inicie con un componente social interisapres».

-¿Y qué otros elementos tendrá?

«Tal vez lo más novedoso es acordar un fondo mancomunado, que sea progresivo y que cuente con una razón de ser, que la que concita mayor consenso es el trasplante, para el sector público, privados y FF.AA. Pero puede incluir también la parte prehospitalaria. O medicamentos. Es decir, esa discusión hay que llevarla al interior del Congreso, en que se tome la decisión de dónde vamos a colocar nuestros esfuerzos en este fondo mancomunado, que queremos que el (sector) público y privado se unan para solucionar problemas a sus personas, que no es solamente para un sector ni nada. A todos nos importa el trasplante, a todos nos interesan los medicamentos, a todos nos interesa la atención prehospitalaria».

-¿Por qué sería importante incluir los trasplantes?

«Consideramos que el subsidio cruzado debemos transparentarlo. La mayor cantidad de donaciones se realiza en el sector público, y los trasplantes se realizan en el sector público, incluso a personas del sector privado».

 

Fuente: El Mercurio