Medir la calidad del ambiente laboral no solo es un tema obligado para las empresas que buscan estar a la vanguardia. Es un tema de costos en un contexto de crecientes licencias médicas por trastornos o enfermedades mentales asociadas al mundo laboral, entre ellas depresión y, tal vez, más difundido stress.
Con ese telón de fondo, el 1 de septiembre de 2013 comenzó a regir la obligatoriedad de aplicar en las compañías el denominado ‘Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el trabajo’, que persigue establecer mínimos estándares de salud psicosocial y detectar mecanismos para cambiar prácticas que estén atentando contra la salud de los individuos.
Si bien este instrumento partió con el foco de fiscalización en el Comercio (Retail), Transporte e Intermediación Financiera, a partir del 1 de septiembre de 2015 se incorporaron todos los demás rubros del país, instalándose como una variable más a considerar en el cuadro del mercado del trabajo.
Uno de los aspectos que contempla la implementación es el uso de un cuestionario ISTAS21, que establece dimensiones que se evalúan dentro de la empresa y que tiene la particularidad de ser contestado por los trabajadores de forma voluntaria.
La puesta en marcha, dicen las autoridades, no ha resultado tan compleja como se pensó en un primer momento. Según la jefa del departamento de salud ocupacional del Ministerio de Salud, Silvia Riquelme, se ha visto motivación en las organizaciones para enfrentar esta medición.
En cifras, la Seremi ha fiscalizado 1.292 empresas hasta abril de este año y las organizaciones que han implementado el protocolo tienen una cobertura de alrededor de 320 mil trabajadores.
La directora USEC y gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Marcela Bravo, asegura que establecer formas para prevenir o enfrentar riesgos psicosociales es una responsabilidad que las empresas no pueden desconocer. ‘La gestión del protocolo psicosocial partió lentamente, sin embargo, cada día son más las empresas comprometidas. Solo un 3% de las empresas han presentado el nivel de riesgo más alto y el 30% han sido evaluadas ‘sin riesgo’’, explica.
Dado lo reciente de su aplicación, llama a las compañías a interesarse, informarse e iniciar desde ya lo que manda la ley. ‘En las empresas donde existen buenas relaciones laborales, los riesgos psicosociales son notoriamente inferiores en cada una de las dimensiones que plantea la metodología de evaluación del Premio Carlos Vial Espantoso’, agrega la directora ejecutiva de la Fundación, Isabel Vial.
Desde la Dirección del Trabajo (DT) sostienen que han sido fiscalizadas empresas de servicios de salud, comercio, cementerios, minerías, retail y, supermercados, superando las 30, en relación con sus faenas o sucursales. Gran parte de estas tuvieron lugar en el marco del programa de fiscalización asistida realizado centralizadamente por el Departamento de Inspección. En este programa específico se fiscalizaron 27 empresas, abarcando un total de 13.624 trabajadores/as. Esto, sin perjuicio de otras fiscalizaciones realizadas de forma requerida o solicitada.
Fuente: El Diario Financiero