Hoy los trabajadores privados gozan de dicho beneficio. Si se extendiera al sector público, implicaría favorecer a unos 500 mil funcionarios.

«Terminar con una discriminación evidente» es el objetivo de un proyecto de acuerdo presentado por un grupo transversal de legisladores, por medio del cual solicitan al Ejecutivo incluir a los funcionarios públicos entre los trabajadores beneficiarios del seguro individual de salud asociado a la enfermedad Covid-19, análogo al seguro obligatorio establecido en la ley Nº 21.342, para los trabajadores del sector privado.

El texto de autoría de los senadores Rafael Prohens, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, Luz Ebensperger, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Marcela Sabat, Pedro Araya, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Ricardo Lagos, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, David Sandoval y Jorge Soria, fue aprobado –en forma unánime- por la Sala.

Cabe recordar que el 1 de mayo de este año, se promulgó la ley Nº 21.342, sobre retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19, la que estableció un seguro individual obligatorio de salud asociado a dicha enfermedad.

Este instrumento tiene como fin “el financiamiento o reembolso los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a este mal” y además de “una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus SARS.CoV2”.

Sin embargo, los congresistas explican que “en la norma quedó establecido que este seguro sólo se encuentra dirigido a aquellos trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo, y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial (…) Así el Estado no está comprometido a pagar eventuales hospitalizaciones o complicaciones producto del desarrollo de esta enfermedad a los trabajadores y empleados públicos”.

De acuerdo al proyecto de acuerdo, incluir a este sector implicaría favorecer a 500 mil funcionarios (cálculo en base a los trabajadores y funcionarios del Gobierno Central, Municipalidades y del Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2019) generando un gasto de 4 mil millones de pesos anuales.

Fuente: Senado