La normativa impone mayor carga administrativa y costos, pero también promete reducir accidentes y mejorar la productividad a largo plazo, aseguran los expertos.

A principios de febrero, la entrada en vigor del Decreto Supremo Nº 44 introdujo nuevas y más estrictas directrices para la prevención de riesgos laborales en Chile, generando preocupación entre los pequeños empresarios debido al aumento previsto en costos y carga administrativa que implica este nuevo marco regulador.

El reglamento, denominado «Sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable», introduce principios como la evaluación de riesgos, el compromiso de los directivos en la gestión preventiva y la incorporación de un enfoque de género en la seguridad laboral, explican desde la Mutual de Seguridad.

El Decreto 44 se inspira en la ISO 45001, el estándar internacional para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, contiene exigencias para las empresas dependiendo de su tamaño. En los lugares de trabajo con entre 10 y 25 empleados, donde no exista un comité paritario, se designará un delegado de seguridad y salud, quien colaborará en la implementación de las medidas de seguridad y salud laboral; este encargado ejercerá sus funciones durante dos años.

Además, el representante legal de empresas con hasta 100 trabajadores deberá solicitar al organismo administrador capacitación personal o para quienes designe, en materia de gestión de riesgos.

¿Qué cambios introduce el Decreto 44?

La norma establece nuevas directrices para la seguridad y salud en el trabajo, reforzando la responsabilidad de los empleadores en la gestión de riesgos. Entre los principales cambios destacan:

Gestión estructurada de riesgos laborales: Las empresas deberán identificar los peligros en sus operaciones, evaluar los riesgos y diseñar planes de prevención específicos.

Enfoque de género en seguridad laboral: Se deben considerar diferencias en la exposición a riesgos entre hombres y mujeres, adaptando las medidas de control.

Compromiso de la dirección: La alta gerencia debe involucrarse activamente en la implementación de políticas de seguridad.

Participación de trabajadores: Se fomenta la integración de empleados en la gestión preventiva.

Actualización de sistemas de gestión: Se deberá consolidar un sistema dinámico que permita la mejora continua de la seguridad laboral. Impacto en las empresas de menor tamaño

Por su parte, Rafael Rubilar, jefe de proyectos de salud ocupacional y calidad de vida en Workmed -firma chilena dedicada a la prevención y el cuidado del bienestar físico, mental y ambiental de los trabajadores-, explica que la nueva regulación obliga a las empresas a realizar evaluaciones detalladas de riesgos, capacitar a su personal e implementar planes preventivos más estrictos.

Además, el experto advierte que «las industrias con mayores riesgos, como la construcción, la minería y la manufactura, son las más impactadas, ya que deben actualizar sus protocolos y aumentar sus esfuerzos en prevención». Rubilar aseguró que la carga administrativa podría aumentar si no se adoptan herramientas de digitalización y automatización de procesos.

Felipe Leigh, abogado del Grupo de Empresas Teamwork -consultoría en recursos humanos-, coincide en que las pymes deben ajustar su operativa para cumplir con las exigencias. «La normativa introduce costos adicionales, ya que se requiere la actualización de reglamentos internos, la creación de mapas de riesgos y la capacitación constante de los trabajadores», explica.

Los expertos recomendaron a las pymes atender a los requisitos específicos, como la implementación de una política de seguridad, evaluaciones de riesgos y programas preventivos. En caso de no contar con un comité paritario, se deberá designar un delegado de seguridad que velará por el cumplimiento de estas medidas, advierten.

Consecuencias del incumplimiento

Según el artículo 70 de la Ley Nº 16.744, las entidades que no ofrezcan condiciones satisfactorias de seguridad estarán sujetas a recargos en sus cotizaciones y sanciones económicas. En casos graves, podrían enfrentar demandas y pérdida de contratos comerciales, aclaró Leigh, experto en leyes.

«Las empresas que no implementen estas medidas no solo se exponen a multas, sino que también pueden ver afectada su reputación y la moral de sus trabajadores», advierte Rubilar. Un ambiente laboral inseguro puede traducirse en mayor rotación de personal y menor productividad, dijo el especialista.

Adaptación sin afectar la productividad

Desde Workmed aseguran que para garantizar el cumplimiento del Decreto 44 sin afectar la operatividad de las empresas, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Digitalizar la gestión de seguridad: Implementar software para la identificación y control de riesgos puede reducir la carga administrativa.

Capacitación interna: Formar a empleados como encargados de seguridad permite optimizar recursos y reducir costos de consultorías externas.

Planificación presupuestaria: Incluir en los presupuestos de 2025 y 2026 los costos de implementación de las nuevas medidas.

Asesoría especializada: Buscar apoyo en mutuales y organismos administradores para recibir capacitación y asistencia técnica.

Enfoque progresivo: Implementar cambios de manera gradual para no afectar la operatividad.

Felipe Leigh, señala que “las pymes deben prever estos cambios en sus presupuestos de 2025 y 2026 para evitar un impacto financiero descontrolado. Aunque la norma exige inversión, también reduce costos a largo plazo, previniendo accidentes y sanciones”.

Finalmente, Víctor Cantillana, hizo hincapié en la importancia de integrar la prevención en la cultura organizacional. «El desafío no es solo cumplir con la norma, sino hacer que la seguridad sea parte del ADN de la empresa», concluyó.

Fuente: Emol.com