El aplazamiento de impuestos y cargas sociales junto con apoyo económico directo del Estado son parte de las opciones más votadas. Respecto a nuevas contrataciones, el 32% dice que no lo hará, mientras que un 30% dijo que sí.
Más de 1,6 millones de puestos de trabajo destruidos en doce meses y un aumento en la quiebra de las empresas por sobre el 50% en septiembre de este año, son parte de los coletazos que dejó a su paso el estallido social del 18 de octubre y la crisis del Covid-19 en el país.
Ante este contexto, y considerando que las misma autoridades de gobierno anticipan que la recuperación será desafiante, la consultora de servicios globales de recursos humanos y empleo, Randstad Chile realizó un estudio en el que participaron cerca de 300 ejecutivos de firmas de diversos rubros, y donde el 81% de los encuestados declaró necesaria la provisión de algún tipo de apoyo para transitar por este contexto económico.
Así, dentro del total de los ejecutivos que declararon necesaria la provisión de algún apoyo, el 43% hizo énfasis en lo apremiante que eran incorporar más opciones de flexibilidad laboral, una de ellas, por ejemplo, es la contratación temporal de trabajadores.
Esto, explica el director de staffing & outsourcing de Randstad, Francisco Torres, permitiría eliminar gastos fijos, dado que las organizaciones tienen la posibilidad de acceder a habilidades específicas solo cuando tienen una necesidad puntual, y además de eso redunda en “eficiencia, agilidad y productividad a las compañías, sino que al mismo tiempo generan oportunidades laborales para miles de personas”.
Pero esta opción, si bien fue la más votada, no es la única. En orden, con un 36% le siguen quienes creen que será necesario un mayor estímulo fiscal para ayudar a las empresas. En este punto de la encuesta, los ejecutivos se inclinaron por medidas como deducción de impuestos a las ganancias corporativas y personales.
Mientras que el aplazamiento de impuestos y cargas sociales se ubica en la tercera posición, con 20%. Inmediatamente después le sigue el tener apoyo económico directo del Estado (19%), calificar para préstamos y garantía estatales (16%), y la posibilidad de aplazar pagos de facturas, como arriendo y electricidad (10%).
En cuanto a las medidas que han implementado las compañías para hacer frente a la situación, la mayoría se inclina por la puesta en marcha del teletrabajo como principal aliado para mantener la actividad (83%).
Al respecto, el ejecutivo de Randstad sostiene que “sin duda el home office ha sido la gran revelación de este periodo”. No obstante, a eso sugiere que para que sus ventajas y beneficios sean realmente percibidos por las organizaciones y los colaboradores, dice que es “fundamental llevar a cabo esta modalidad en condiciones de ‘normalidad’, debido a que el actual contexto de confinamiento, cuidado de los hijos y miedo a perder el empleo, entre otros factores, ha generado cierto nivel de estrés o agobio en los teletrabajadores”.
Por otro lado, los ejecutivos apuntaron a que también se han implementado otras medidas. Con un 29%, en orden le siguen congelación de procesos de reclutamiento ya iniciados o planificados para el corto y mediano plazo, luego el otorgamiento de permisos sin goce de sueldo (20%); la reducción de la jornada de trabajo (19%), la suspensión temporal de contratos indefinidos acogidos a la Ley de Protección al Empleo (17%), y la realización de nuevas contrataciones por un aumento en la producción (12%).