Actualmente en Chile se están generando varias instancias de conversación referentes a los cambios que se deben implementar en el sistema de seguridad social del país y así, garantizar oportunamente prestaciones en caso de contingencias propias del ser humano. Frente a esta inquietud surgen una serie de preguntas, entre ellas, la radicalidad o gradualidad de las reformas y si sigue siendo factible la participación de privados dentro de su orgánica.
Es importante destacar que cuando hablamos de seguridad social, lo hacemos en referencia a un conjunto de leyes, políticas y medidas de protección social, en el caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Es decir, no sólo hablamos de pensiones.
Pocos conocen la amplia oferta de medidas de este conjunto de derechos sociales a las que se tiene acceso, sin embargo, el concepto “Seguridad Social” ha perdurado en el tiempo desde el año 1925 en nuestro país e incluso se encuentran garantizado por la actual Constitución en el artículo 19, número 18, como un derecho humano.
Al hablar de seguridad social no tenemos que simplificar y pensar solo en pensiones o salud (Isapres o AFP´s), sino, más bien, debemos tener en cuenta que existe un gran abanico de diferentes prestaciones a las que los ciudadanos del país tienen acceso; tan amplio que involucra a un gran número de instituciones públicas y privadas que están presentes en el día a día de las personas, que hacen su trabajo de manera silenciosa y con excelentes resultados, pero que no son asociadas a la seguridad social.
Ejemplo de ello son instituciones como la Teletón, Coaniquem, Fundación Las Rosas o incluso el Hogar de Cristo, las Cajas de Compensación y las Mutualidades (Achs, Ist y Mutual de Seguridad), entre otras corporaciones privadas sin fines de lucro que prestan servicios en la seguridad social.
En esa línea, Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad, en una columna publicada recientemente en diario Pulso, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los privados para garantizar el derecho a la seguridad social. “El estado actual de nuestra sociedad amerita garantizar derechos sociales más robustos a los ciudadanos, pero tenemos la convicción de que satisfacer esos derechos no requiere únicamente de la actuación del Estado”. Insistió en que es fundamental “no perder la complementariedad entre el sector público y el sector privado para proveer en conjunto bienes y servicios públicos y de calidad”.
En ese contexto, resulta posible mantener la colaboración de los privados en la entrega de servicios públicos, pero para que funcione de acuerdo a estándares internacionales debe poseer condiciones propias de las instituciones que participan en la seguridad social con valores inalterables en su ejercicio, como ser “sin fines de lucro”, “solidarias” en sus prestaciones, que los servicios que entregan sean “universales” para no discriminar y, por sobre todo, que no involucre un costo para las personas.
El valor de la discusión actual debiese centrarse justamente en nivelar “hacia arriba”, tomando las buenas experiencias de instituciones que ya participan de la seguridad social con un rol claro en la sociedad y que cuentan con atributos que las distinguen del resto, para reunir lo mejor de ambos mundos y ser considerado en cualquier cambio que se desee instalar en el país, no solo para cambiar las cosas por cumplir con una ideología o postura política determinada, sino para apuntar a un país más horizontal y equitativo en el trato hacia las personas.
Fuente: Red Antofagasta