«Es fundamental establecer un marco normativo basado en la promoción de la salud laboral, que entregue certezas a todos los actores relacionados con la seguridad, tanto de organizaciones representativas de trabajadores, empleadores e instituciones públicas. Este debe tener un enfoque inclusivo que permita integrar a todos los participantes de la fuerza de trabajo del país».

“Trabajador” y “accidente” son dos palabras que en el buscador de Google arrojan un sinfín de noticias y casos recientes. A pesar de todos los esfuerzos, hoy la prevención de los riesgos y promoción de la salud en el entorno laboral son temas primordiales en todos los sectores productivos. Estimaciones de la OIT indican que cada año se producen alrededor de 2,8 millones de muertes en el mundo vinculadas con el trabajo, de las cuales 2,4 millones están relacionadas con enfermedades profesionales.

En nuestro país la tasa de accidentabilidad pasó de un 3% a un 2,2% entre 2019 y 2020, disminución explicada principalmente por el confinamiento y las medidas tomadas durante el control de la pandemia. El año pasado, en tanto, la tasa de accidentabilidad anotó un crecimiento de un 2,6%. Las cifras no son comparables, pero reflejan la existencia de un problema persistente del que todavía debemos hacernos cargo.

La promulgación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha permitido avanzar en los últimos años en diversos ámbitos de acción, que incluyen la fiscalización, capacitación y promoción en materia de seguridad y salud. Sin embargo, al revisar el promedio de días perdidos por cada accidente de trabajo, se observa un aumento de un 20% desde 2012 a 2021 en las principales actividades económicas del país, de las cuales sólo los sectores de servicios y comercio están por debajo del promedio nacional de 18,8 días.

Para avanzar en dicho desafío, es clave identificar los avances y las principales brechas vigentes, así como actuar de forma colaborativa y coordinada. Además, se debe potenciar el liderazgo en materia de seguridad en las empresas, a través del establecimiento de sistemas de gestión que permitan detectar y medir los riesgos, y la adopción de una cultura preventiva y estratégica en los entornos laborales, donde el sector privado reconozca los beneficios directos de estas acciones.

En paralelo, es fundamental establecer un marco normativo basado en la promoción de la salud laboral, que entregue certezas a todos los actores relacionados con la seguridad, tanto de organizaciones representativas de trabajadores, empleadores e instituciones públicas. Este debe tener un enfoque inclusivo que permita integrar a todos los participantes de la fuerza de trabajo del país.

Independiente del entorno en el que nos encontremos, sea en la calle, el trabajo o nuestro hogar, todos y todas podemos aportar a la seguridad en nuestro día a día, para transitar hacia la adopción de una cultura preventiva global y sistemática. Esto no debe depender de la ocupación que uno tiene, de la realidad que está viviendo el país ni del resultado de una elección. La seguridad es un derecho, un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier empresa e institución y, por supuesto, de cualquier país.

*El autor es profesor titular de Ingeniería UC y miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC.

Fuente: La Tercera