Pasado el mediodía de ayer, los últimos camiones que bloqueaban los accesos a los rellenos sanitarios de la Región Metropolitana dejaron los recintos.

Era el resultado concreto de la negociación que los recolectores de basura, las empresas concesionarias, los alcaldes y representantes de Gobierno sostuvieron durante toda la noche del martes y la madrugada de ayer en la Municipalidad de Ñuñoa, y que logró poner fin al paro que casi se extendió a un tercer día en más de 50 comunas del país.

El acuerdo establece una mesa técnica integrada por el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), las empresas, los trabajadores y los alcaldes que en un plazo de 60 días debe crear un marco regulatorio para el servicio de recolección de los residuos domiciliarios.

«Ahí tienen que quedar fijadas mejoras sustantivas en las condiciones laborales de estos trabajadores», explicó el titular de la Subdere, Miguel Flores.

Otro punto que tratará la mesa es cómo mejorar los sueldos. Los trabajadores aseguran que comunas con menos recursos adjudican las licitaciones a las empresas que hacen las ofertas más bajas y «que recortan gastos en los sueldos», aseguró el vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Aseo, Miguel Sánchez.

Una opción, explicó el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat -quien facilitó el encuentro de la noche del martes-, es aumentar el subsidio a las comunas que reciben menos dinero por pago de derecho de aseo. «Es una forma más directa de asignar recursos que el Fondo Común Municipal que reparte sin distinción en todas las comunas», sostuvo el edil.

Otra alternativa que se discutirá, precisó Flores, es «sumar al Fondo de Mejoramiento de la Gestión una nueva variable que sería que los municipios cumplan con licitaciones que respeten los derechos laborales de los recolectores». Se trata de dineros de libre disposición que la Subdere entrega a los municipios con mejor gestión.

En un principio el acuerdo no fue aprobado por todos los trabajadores, pero luego decidieron hacerlo y «evaluar los resultados en dos meses», aseguró el vocero Marcelo López. Así, los recolectores volvieron a trabajar, aunque aseguraron que tardarán entre tres y cinco días en limpiar la ciudad.

Pese al fin del paro, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó ayer alerta sanitaria en las regiones Metropolitana y de La Araucanía, además de las provincias de Valparaíso, Concepción, Valdivia y Osorno, lo que se mantendrá hasta que «sea un hecho cierto de que la basura se esté alejando adecuadamente de las ciudades».

El secretario de Estado explicó que la condición de alerta «permite generar instrucciones a la ciudadanía respecto del manejo de las basuras, generar los insumos como contenedores y bolsas para ser entregados a la ciudadanía e instruir sumarios sanitarios a los alcaldes que no estén cumpliendo con su deber de manejo y disposición de basuras».

La alerta se extendería, en principio, hasta el 31 de agosto, aunque Salud puede derogarla antes si lo considera necesario.

$80 mil
Algunas empresas de recolección de basura accedieron a pagarles un bono de $80 mil a sus trabajadores. Igual que en Chile, en la región predominan modelos mixtos
Salvo Río de Janeiro y Quito, en las principales ciudades de Latinoamérica el sistema de recolección de desechos domiciliarios y limpieza de espacios públicos funciona con un modelo mixto, es decir, en algunos sectores la administración es municipal, mientras que en otros se hacen cargo empresas privadas.

Es similar al estilo chileno, donde conviven tres modelos. Por un lado está el caso de la comuna de Santiago, donde los trabajadores dependen del municipio, eso sí, una parte de ellos tienen directa relación con la municipalidad mientras otros trabajan para la corporación municipal.

Otro sistema ocupa Providencia, donde se mezclan 27 funcionarios y ocho camiones municipales con 42 trabajadores y 9 vehículos privados.

En el resto de los municipios, la limpieza y retiro de residuos de las casas está concesionado a través de licitaciones públicas que adjudican el servicio a las firmas con las ofertas más convenientes.

«Si trabajan en condiciones especiales, merecen un trato distinto»
La reunión que logró que los trabajadores depusieran su paralización duró cerca de ocho horas. «Y gran parte del tiempo lo tuvimos que destinar a explicarles cómo funcionan los municipios, el marco legal en el que se mueven y su naturaleza jurídica», dijo el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores.

Según la autoridad, era necesario hacerles ver que «no todo lo que pedían le correspondía solucionarlo al Gobierno. Nosotros siempre dijimos que donde intervienen privados, nuestro rol es ser garantes y facilitadores del acuerdo, y eso fue lo que hicimos».

El subsecretario dijo que gran parte de las exigencias respecto de las condiciones laborales «ya habían sido abordadas por el Ministerio del Trabajo, y el diagnóstico y la dirección en la que había que trabajar estaban claros. Lo que tiene que hacer la mesa ahora es definir cómo implementar las mejoras».

El acuerdo al que llegaron empresas, alcaldes y trabajadores incluye crear un estatuto especial para los recolectores de basura, tal como se desarrollan otros para las asesoras del hogar o las temporeras.

«Si son trabajadores que hacen un trabajo especial, en condiciones que no son las del común de los trabajadores, entonces merecen un trato o condiciones especiales», recalcó Flores.

Acerca de los reajustes salariales, el subsecretario sostuvo que «se pueden agregar mejoras en las bases de licitación que corresponden a los municipios. Hicimos ver que los municipios reciben aportes por varias vías y la mesa técnica va a tener que analizarlo».