Silvana Celedón y Miriam Leiva
La forma como se ha desarrollado en los últimos años el reajuste del salario mínimo en Chile es prácticamente única en América Latina.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si bien en el grueso de la región -Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Uruguay- el ajuste a dicha remuneración se efectúa una vez al año, en todos los países señalados, salvo en el nuestro, la actualización se hace en enero.
En Chile, tradicionalmente el debate se desarrolla a fines del primer semestre para que el nuevo salario opere el 1 de julio. Este año, sin embargo, dada la falta de acuerdo el trámite legislativo sigue en proceso.
Respecto del resto de la región, la OIT agrega que Panamá reajusta el ingreso mínimo una vez cada dos años; Costa Rica dos veces al año, mientras que Venezuela lo ha estado revisando cada cuatro meses últimamente, debido a la alta inflación.
El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana lo reajustan en períodos variables.
La determinación del porcentaje de incremento, por lo general se da en una instancia de negociación tripartita, entre gobierno, sindicatos y empresarios, indica la OIT.
Por lo general, los países no utilizan una fórmula rígida para actualizar el salario mínimo, siendo Brasil una excepción, pues ha venido reajustándolo compensando la inflación del año anterior y agregando un incremento real igual a la variación del PIB del año precedente.
Sobre el nivel mínimo remuneracional, una minuta que ayer finalizó la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) muestra que con la última propuesta del Gobierno -de elevar el ingreso mínimo de $193 mil a $210 mil-, Chile pasará de un salario que alcanza el 43% del promedio de los salarios ($455 mil) a uno del 46%. El documento agrega que el 35% de los empleados de las microempresas gana el sueldo mínimo.
Debate legislativo
Ayer, por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que eleva el salario mínimo a $210 mil. Sin embargo, el Gobierno enfrentó un inesperado revés, ya que se aprobó que el pago fuera retroactivo y se considere julio. La propuesta del Ejecutivo era desde agosto.
Los DC fueron quienes presentaron la indicación en esta línea, y la admisibilidad se obtuvo por un estrecho voto: 51 a favor y 50 en contra. Luego, cuando se votó el fondo de la indicación, 19 votos se sumaron, y de ellos 13 eran de RN, y uno, UDI.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, inmediatamente hizo reserva de constitucionalidad porque la vigencia cuando involucra pago es potestad del Ejecutivo, pero los parlamentarios pidieron no ir al Tribunal Constitucional.
La discusión no estuvo exenta de polémica, pues debieron desalojar las tribunas debido a las interrupciones de la Federación de Trabajadores del Comercio.
El Ejecutivo mantendría la urgencia de «discusión inmediata» para que el Senado se pronuncie esta semana.
El presidente de la instancia legislativa, senador Andrés Zaldívar (DC), manifestó que hoy en el almuerzo de la Concertación se revisará el tema. «Nosotros hicimos una propuesta más de fondo y creemos que se podría hacer un esfuerzo mayor en asignación familiar», indicó.