La corta vida de las micro, pequeñas y medianas empresas es un fenómeno mundial. Tampoco discrimina por actividad económica. Lo cierto es que entre el 5% y el 15% de ellas sale del mercado cada año y las expectativas de subsistencia no juegan a favor. Al décimo año sobrevivirá sólo el 21%, según el estudio La Dinámica Industrial y el Financiamiento de las Pymes, de Galetovic, Benavente y Sanhueza.
Una de las grandes trabas que enfrentan es el financiamiento, tanto por el poco el acceso que éstas tienen, como por los altos costos que les cobran las instituciones financieras, a lo que se suman las garantías que les exigen, y el elevado endeudamiento que poseen. Es así como una encuesta del Ministerio de Economía reveló que el 49% de las pymes considera el costo –expresado en las tasas y condiciones de pago que le son impuestas- como el principal factor obstaculizador para obtener un crédito.
Adicionalmente, entre los escollos que enfrentan para crecer y desarrollarse están las prácticas que atentan contra la libre competencia por parte de compañías con poder de mercado. De hecho, el 35% de las pequeñas y medianas empresas considera que los niveles de competencia son una dificultad y más del 40% acusa que el mayor problema que deben enfrentar son las condiciones impuestas por los grandes clientes. En el país son cerca de 18.000 las firmas de menor tamaño que quiebran al año sólo por abusos de posición dominante de las entidades más grandes, en un mercado pequeño y con algunas industrias altamente concentradas como el chileno.
Asimismo, otro problema que las aqueja es el pago de IVA, el que debe materializarse cuando las compañías facturan y no cuando cobran, lo que exige un capital de trabajo que normalmente escasea. Es por ello que algunos plantean que un buen incentivo a emprender es gozar de un período de gracia para el pago de las obligaciones tributarias, de acuerdo con los flujos financieros del proyecto y comenzar a cancelar cuando estos son positivos. Pero eso implicaría un apoyo estatal que se acusa ausente.
De hecho, las barreras que estas empresas aprecian en su relación con el Estado apuntan a que los créditos con garantía Corfo usualmente son igual de inalcanzables que otros; que los fiscalizadores de la inspección del trabajo operan con distintos criterios para situaciones similares; que existen excesivos requisitos de parte del Servicio de Impuestos Internos, o que algunos beneficios estatales terminan siendo demasiados engorrosos, por lo que no se hace uso de ellos.
Dentro de las trabas que perciben las pymes en relación al marco laboral, destaca la imposibilidad de hacer contratos part time o a honorarios (lo que ha derivado en la proliferación de informalidad); complicación en relación a las indemnizaciones por años de servicio, la falta de capacitación para saber cómo abordar los recursos humanos (a ratos ni siquiera se maneja una buena descripción de cargos a distribuir), o una capacitación desde el Estado que sencillamente no forma el personal que requieren los sectores.