La ministra ya está a full como titular de la cartera del Trabajo, concentrada en tres grandes áreas: avanzar en los derechos colectivos de los trabajadores, sellar un acuerdo con los portuarios y dar curso a la reforma previsional.

Por Marta Sánchez Leiva.

NO ha logrado instalarse del todo. Las reuniones se suscitan una tras otra y no le ha quedado tiempo ni para ordenar sus libros ni sus fotos. “De a poco”, dice la recién nombrada ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien por estos días concentra sus esfuerzos en abrir las puertas del Ministerio a todos los sectores involucrados con su cartera y cumplir con las metas que la Presidenta Michelle Bachelet le puso para los primeros 100 días de gobierno.

¿Cuál es su timming para este período?

Hay un mandato presidencial que señala que durante los primeros 100 días de gobierno tenemos que presentar el proyecto de ley que creará una AFP estatal y también en este período conformaremos una comisión de expertos nacionales e internacionales para abordar la revisión y el análisis del actual sistema de previsión, con el fin de lograr reformas sustantivas en esta materia.

Si recién se formará una comisión que hará un análisis de la situación actual del sistema, ¿por qué se tomó antes la decisión de crear una AFP estatal?

Los dos proyectos tienen naturaleza y objetivos distintos. La AFP estatal lo que busca es relevar el rol público en materia de pensiones y, en ese sentido, pretende impactar al mercado mejorando la competitividad, lo que permitirá, por ejemplo, bajar las comisiones, pero por sobre todo asegurar cobertura. Por eso, es tan importante el rol público que se le atribuye en materia de pensiones al Estado, creando una AFP estatal.

¿Cuál es el diagnóstico del gobierno que lo hizo concluir que es necesario una AFP estatal ahora?

Que hoy día hay sectores que claramente no constituyen un foco de interés para las AFP en general y aquí me refiero a sectores de trabajadores independientes, las mujeres y el caso de las personas que viven en sectores más aislados. Detrás de esto hay un norte único que es asegurar la dignidad de la gente cuando termina su período de trabajador activo. Quiero destacar que esto no es sólo una discusión técnico-financiera, es un debate que también tiene que tener como norte el dar dignidad al justo descanso de las personas con una buena pensión.

Cuando la comisión de expertos se constituya, ¿qué temas se pondrán en tabla?

En el caso de la comisión de expertos la idea es abordar temas de fondo respecto de un sistema creado en la década de los 80 por José Piñera a través del Decreto Ley 3.500 que tenía como objetivo generar pensiones dignas y tasas de reemplazo del 70%, pero ninguna de las dos cosas se cumplieron. Entonces, como hoy estamos en un esquema donde no damos cumplimiento a nada de lo que se planteó en materia de pensiones, se requiere pensar en reformas sustantivas, porque hoy, por ejemplo, no hay tasas de reemplazos superiores al 40% para los hombres y para las mujeres todavía son más bajas.

Pero sí ha sido un sistema que ha funcionado si se compara con otros países como los europeos.

Lo que ha dicho la Ocde en esta materia es que Chile es muy eficiente en rentabilidad y en retornos financieros para las AFP, pero en términos de la rentabilidad de las pensiones está al debe. O sea, es un sistema muy eficiente en términos de asegurarles la rentabilidad a los privados, pero no lo es en cuanto a asegurar pensiones dignas a los jubilados. Entonces, pensando en que esas condiciones prometidas con la creación del Decreto Ley 3.500 no se cumplieron, la comisión tendrá que ir a temas de fondo como los montos de cotizaciones, montos de pensiones, edad de jubilación, requisitos de jubilación, revisar las comisiones y habrá que pensar en una estructura institucional en esta materia.

¿Qué rol cumplirá la AFP estatal en estas materias considerando que lo más probable es que el trabajo de la comisión se tome más tiempo?

Nunca la AFP estatal se planteó para abordar todas estas problemáticas. La AFP estatal está planteada para dar solución y enfatizar en el rol público del Estado en materia de pensiones. Ese rol público del Estado tiene que ver con cómo aseguro dar coberturas a todos, que es lo más importante. Muchas veces sólo se pone atención en el grado de competitividad que tendrá en el mercado la AFP estatal y que si bajará o no las comisiones, cosa que hará, pero no hay que perder de vista que al atribuirle al Estado un rol en materia de pensiones, éste tiene que preocuparse por asegurar cobertura a todos y todas. Ese es el objetivo de la AFP estatal, no es dar respuesta a todas las problemáticas que tiene el sistema de pensión hoy, que ya demostró que con un tasa de reemplazo de 40% y menos es un sistema que no da más.

Pero también hay factores ajenos al sistema que están influyendo…

Claro, hay que pensar que hay otras condiciones que han cambiado en el mercado como una mayor expectativa de vida, la incorporación de más mujeres al trabajo, una mayor rotación laboral y la mejoría en el ingreso de las personas. O sea, seamos justos, el decreto ley no cumplió con los objetivos, pero también ha habido un proceso de cambio en el mercado laboral, entonces, por donde se mire este es un sistema que requiere profundos cambios.

¿Cómo funcionará la AFP estatal?

Lo que sabemos es que será una entidad de propiedad del Estado, específicamente la figura jurídica se verá en su oportunidad. Lo claro es que la AFP estatal funcionará igual como lo hacen hoy las empresas que tiene el Estado, pero sin afán de lucro y se va a regir bajo la misma normativa que operan los privados.

¿Cómo evitarán que se convierta en un saco sin fondo para el Estado? ¿Qué no funcione muy subsidiada?

Tenemos ejemplos de otros casos de empresas públicas que no han funcionado así. Por tanto, no hay que tener temor a este tipo de figuras. Primero, porque actualmente ya operan empresas públicas exitosas. Segundo, porque el objetivo que está detrás tiene que ver con asegurar cobertura a poblaciones que están fuera del sistema de pensiones, porque no son el foco más atractivo para las AFP privadas y, tercero, tendrá un favorable impacto en materia de competitividad.

DIALOGO ABIERTO

¿Recibió el libro blanco de las pensiones chilena que dejó el gobierno anterior?

Le hicieron entrega oficial de ese libro al subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, la semana pasada y hemos estado abocados a revisar ese trabajo. Ahora, siempre nos ha llamado la atención que este sea un trabajo que se hizo hace dos años, del cual se puso atención sólo en el último período cuando la Presidenta anuncia que vendrán estos cambios que estamos conversando.

¿Están dispuestos, por ejemplo, a si la Comisión llega a la conclusión de que es necesario subir la edad de jubilar de las mujeres a hacerlo?

Habrá muchos temas en discusión, lo que sí sabemos es que la mejora de las pensiones no se puede hacer exclusivamente a costa del trabajador, porque uno podría decir mejoremos las pensiones obligando a que las personas coticen más y elevando la edad de jubilar, eso sería restringir la discusión a ciertos temas que tienen que ver sólo con hacer pesar la mejora de su pensión a los trabajadores y aquí hay otras partes que también tienen que mejorar, porque cuando hablamos de comisiones y estructura institucional eso tiene que ver con los privados.

¿La Comisión escuchará sugerencias de todos los actores involucrados?

Este será un espacio dialogante. La idea de tener esta mesa es que se puedan poner sobre ella todos los actores, intereses y voces.

¿Habrá representantes de la industria en la Comisión?

Esa es una decisión que vamos a tomar, estamos estudiando el perfil de estos expertos nacionales y es parte de las cosas que daremos a conocer dentro de estos primeros 100 días.

En el programa también se plantea una modificación al pilar solidario, ¿cuándo se realizará?

Esto es tan importante como nuestras tareas de los primeros 100 días de gobierno. Es que una vez aprobada la reforma tributaria haremos cambios paramétricos para aumentar la cobertura y los montos del pilar solidario. Esto nos permitirá llegar con el pilar solidario no sólo a sectores vulnerables, sino también a la clase media.

MESA TRIPARTITA

¿Esta disposición al diálogo que tendrán para la reforma previsional se extenderá con la idea de formar una mesa tripartida con los trabajadores y empresarios?

Para reformas laborales el sello de este ministerio y del gobierno es tener siempre un espacio dialogante y de puertas abiertas, por lo tanto, construir a partir de los actores involucrados políticas públicas. Ahora, sin duda, que los avances que la CUT y la CPC han tenido de manera bilateral constituyen para nosotros un buen punto de partida, hay que tomar todos estos insumos ahora y la modalidad específica la conoceremos en su momento, pero la metodología será participativa.

Una primera prueba de fuego que se avecina es la negociación del salario mínimo, ¿qué harán frente a la petición de fijarlo en $ 250 mil?

Me parece justo que discutamos el tema, pero el foco del gobierno está en que nadie ganando el salario mínimo pueda ubicarse bajo la línea de la pobreza. Esa es la convergencia a la que queremos aspirar. Tenemos la mejor de las disposiciones, hay una meta concreta, tenemos que hacernos cargo de un escenario que no es favorable por la desaceleración que está llegando, pero seremos responsables en estas aspiraciones. No queremos caer en las mismas situaciones que vivimos en el pasado con la anterior administración que creó falsas expectativas.

¿Cuáles?

Cuando teníamos al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, apostando por una proyección de crecimiento de la economía de 4,9% cuando el Banco Central ya comenzaba a hablar de un 4%.

¿En las reuniones que usted ha tenido con los dirigentes de los trabajadores ya se ha hablado del salario mínimo?

Hay un compromiso de llegar a mitad del período de este gobierno a los $250 mil. Este es un tema sensible, porque no podemos decirnos que somos un país que aspira a ser desarrollado cuando tenemos casos de personas contratadas y con seguridad social que ganan el salario mínimo, pero que así y todo se encuentren bajo la línea de la pobreza.

De impactar negativamente la desaceleración económica a la tasa de empleo, ¿se mantendrán los programas de empleos públicos?

Estos programas tienen hoy una cobertura de cerca de 18 mil personas y se trabajará en mejorar la focalización para cubrir aquellas zonas donde impacte mayormente esta desaceleración económica que heredamos. Ahora, dada la ley de responsabilidad fiscal, que la Presidenta Michelle Bachelet cumplirá, el Estado cuenta con las herramientas legales y presupuestarias como para hacerse cargo de mayores aumentos en el desempleo, ya sea a través de la creación de puestos de trabajo o subsidios a la contratación de mano de obra.

Cuando usted plantea que ahora es tiempo de avanzar en los derechos colectivos de los trabajadores, porque ya se ha avanzado en los individuales, ¿a qué se refiere?

Se ha avanzado en los derechos individuales como son la judicatura laboral y la ley de subcontratación, pero estamos al debe con los derechos colectivos que están plasmados en el programa de la Presidenta Bachelet. Estos son la titularidad sindical en la negociación colectiva, el no reemplazo en huelga, la extensión de beneficios para aquellos que se afilien a un sindicato, los casos de extensión de aquellas materias que pueden ser negociadas colectivamente, en fin, hay una serie de temas que hoy están puestos sobre la mesa respecto de los cuáles hay que debatir y definir, por tanto, hay que generar propuestas, ya que no hay marcha atrás.