Lo principal tiene que ver con definir nuevas opciones de incentivo al ahorro y la inversión tanto de las personas como de las empresas.

Está claro que en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) están apostando todas sus fichas a la discusión en el Senado del proyecto de ley de reforma tributaria. Tanto es así, que ya preparan una batería con propuestas alternativas en cinco áreas clave de la iniciativa gubernamental y que ya fueron acordadas por los representantes del sector privado.

¿Cuáles son? Revisar las mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su objetivo anti-elusión, mayores incentivos al ahorro y la inversión, modificar el alza del impuesto a los alcoholes, diferenciar el gravamen a la ganancia de capital en la venta de un bien raíz y evitar que los cotizantes del sistema de AFP paguen tributos dos veces. Además, un cercano a las conversaciones asegura que también se incluirán nuevas opciones en lo que dice relación con los impuestos verdes y el de los vehículos de alta cilindrada.

Otra fuente del empresariado explica que si bien estos son los temas que se acordaron entre las seis ramas que componen la multigremial, eso no impide que cada una de ellas lleve sus propias propuestas hasta el Senado.

Y es que en el empresariado reconocen que es muy difícil que el gobierno se abra a cambiar los guarismos que se proponen en el caso de las tasas de las empresas y las personas, razón por la cual definieron centrar sus esfuerzos en aspectos que son más factibles de modificar.

Lo anterior, recalcan, no quiere decir que no vayan a insistir en que la eliminación del Fondo de Utlidades Tributarias (FUT) sería perjudicial para, entre otras cosas, la capitalización de las empresas.

Los planteamientos
Lo principal tiene que ver con definir nuevas opciones de incentivo al ahorro y la inversión tanto de las personas como de las empresas. Con esta dinámica se busca mitigar los efectos negativos que tendría la iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet sobre el flujo de caja de las compañías y su consecuente impacto sobre el crecimiento del país. “Con esta reforma se está cambiando la estructura de crecimiento de Chile desde lo que sucede actualmente, centrado en ahorro e inversión, a una que tendría como pilar fundamental el gasto, el consumo. Eso es muy complejo desde el punto de vista de los efectos inflacionarios que podría tener. Además, obligar a las empresas a endeudarse para invertir las hace claramente más vulnerables frente a los ciclos de la economía”, explica una fuente gremial.

Otro elemento tiene que ver con el impuesto a los alcoholes. Aquí la idea sería avanzar en un gravamen a precio más que al grado alcohólico. En el proyecto actual se propone una escala impositiva que tiene un componente ad valorem y otro que se fija según la graduación de cada producto. Dicho mecanismo tiene el absoluto rechazo del sector privado, cuyos representantes se han encargado de demostrar una serie de efectos negativos sobre la industria.

Además, están analizando los efectos que tendría el impuesto a la ganancia de capital en la venta de un bien raíz a personas naturales, ya que sería la medida más perjudicial de los cambios que se pretenden para el sector inmobiliario. En este punto se está analizando proponer un impuesto escalonado según el tiempo transcurrido entre la compra inicial y el momento en que el propietario la vende a un tercero. 
También propondrían que al igual que los accionistas en general, las AFP puedan reconocer como crédito el retiro de las utilidades que hagan de las empresas donde tienen inversiones. Esto evitaría que el cotizante tenga que pagar impuestos dos veces.

Para trabajar en las propuestas se acordó que cada uno de los gremios avance en forma individual con sus expertos y la CPC asuma un rol de coordinación durante todo el proceso.

El tono más proactivo del sector empresarial parte de la base de que en la Cámara de Diputados no habrá tiempo para dejar sentados algunos ajustes y que es el Senado el lugar donde abrirá la discusión.