Instancia formada por seis carteras acogió reclamaciones presentadas por opositores:

Objeciones se enfocaron principalmente en la relocalización de las familias, el efecto de los cambios en las cuencas de agua y las consecuencias que podría tener la iniciativa en la fauna del lugar.

Por A. EYZAGUIRRE y C. SOTTOVIA.

Hace tres años que HidroAysén -el proyecto eléctrico de cinco centrales en la Patagonia que impulsaban Endesa (51%) y Colbún (49%)- esperaba la resolución del Comité de Ministros sobre las 35 reclamaciones presentadas por opositores a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Y la decisión vino ayer. De forma unánime, la instancia oficialista decidió acoger estos recursos y, de esta manera, rechazar el proyecto hidroeléctrico, el más emblemático de la última década.

«Los proyectos que efectivamente no consideren todos los impactos que generan y no presenten medidas de mitigación, reparación y compensación, son proyectos que deben ser rechazados», señaló el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Agregó que la decisión reafirma que la institucionalidad ambiental funciona.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, fue más enfático. «Es un proyecto que tiene aspectos muy importantes que están poco pensados o insuficientemente pensados, pero por sobre todo, en mi opinión, este proyecto está mal ejecutado. No se puede hoy en nuestro país ejecutar proyectos como éste sin pensar en la gente que impacta. Esa es una gran lección que debemos sacar de la discusión de hoy».

HidroAysén ha invertido hasta ahora cerca de US$ 320 millones. La iniciativa consta de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua con un costo aproximado de US$ 10 mil millones, tanto por la construcción de las centrales como por la línea de transmisión. El proyecto aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC), el 20% de la energía de esta red a 2025.

Consultados Endesa y Colbún por esta decisión, declinaron hacer comentarios.

Durante este año se han realizado tres comités de ministros por HidroAysén.

El primero fue convocado en enero por el gobierno de Sebastián Piñera y resolvió, de manera parcial, las reclamaciones. Solicitó nuevos estudios, con lo que dejó la resolución en manos del actual Ejecutivo. En marzo se reunió por primera vez la comisión formada por los actuales ministros de Medio Ambiente, Energía, Minería, Agricultura, Economía y Salud, quienes decidieron invalidar la resolución de la administración Piñera.

Ayer se analizaron todas las reclamaciones y se determinó que las que se señalan a continuación presentan deficiencias graves.

1. Inexistencia de un plan de relocalización: El plan para relocalizar a las personas presentado por HidroAysén no puede considerarse apropiado, porque en este no se presentan sitios de acogida ni se realizaron estudios de cabida, que determina la sustentabilidad económica de los predios receptores, indica la resolución del Comité. En concreto, son medidas enfocadas en compensar los daños que puede realizar el proyecto. La iniciativa debe encargarse del impacto como un requisito mínimo, y por ende el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es aprobado solo si propone medidas de mitigación, compensación o reparación. Al no hacerlo, el proyecto fue rechazado.

2. Impactos por cambios de hidrología: «No existe una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efectos de cambios de la hidrología de los cursos alterados en término del ecosistema acuático», manifestó ayer Pablo Badenier. HidroAysén no habría evaluado los efectos en la angostura de la confluencia de los ríos Baker y Colonia y, además, no presentó modelaciones de los riesgos de inundación solicitados por la DGA y Sernageomin, indica el Comité. Tampoco habría evaluado los efectos negativos de las oscilaciones en el nivel del río a diario.

3. Efecto en la fauna: El proyecto solo hizo un estudio de cérvidos (ciervos), y no hizo medidas para carnívoros ni anfibios. Faltarían análisis correspondientes al impacto que generaría el desplazamiento de los animales producto de las intervenciones e inundaciones de las centrales.

ACCIONES

El precio de los papeles de Endesa subió ayer 0,76%, mientras Colbún cayó 0,82%. El rechazo al proyecto que impulsan ambas empresas eléctricas no tuvo un efecto muy marcado entre los inversionistas bursátiles del mercado local.

36 meses han pasado desde que la empresa presentó la reclamación al Comité de Ministros por condiciones impuestas en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental hasta la decisión de ayer.

US$ 320 millones ha invertido HidroAysén, impulsado por Endesa y Colbún, en el desarrollo de esta iniciativa. Esta cifra incluye todo lo gastado desde que se inició la tramitación, en agosto de 2008.

Fallido desenlace de la iniciativa ya había sido anunciado por la actual autoridad
En la industria eléctrica varios actores consultados coinciden en que el destino de HidroAysén era una «crónica de una muerte anunciada». Estuvo más de dos años y medio en el Consejo de Ministros, tras haber recibido la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte de las autoridades ambientales, e incluso, luego de haber pasado por la Corte Suprema.

La sesión que postergó el Consejo de Ministros del gobierno de Piñera hasta después de las elecciones presidenciales -y que resolvió pronunciarse parcialmente sobre las reclamaciones en contra de la iniciativa, aduciendo la necesidad de estudios adicionales-, cedió la tarea a la administración Bachelet. Así, quedó claro que HidroAysén no vería la luz, ya que la actual Presidenta había anticipado ya en junio de 2013, cuando era candidata, que el megaproyecto en la Patagonia no era viable. Luego, apenas asumido el gobierno, el 12 de marzo, el ministro Pacheco reforzó la idea del rechazo: «La Presidenta lo ha dicho con todas sus letras: HidroAysén tal como está, es un proyecto inviable», dijo. Días más tarde, el timonel de Medio Ambiente, Pablo Badenier, señaló: «El proyecto HidroAysén es inviable justamente porque tiene 35 recursos de reclamación que deben ser resueltos».

Cercanos a los accionistas del proyecto y fuentes de la industria incluso manifiestan que las razones que dio el Comité ayer eran totalmente subsanables y que no se entiende que después de los recursos (US$ 320 millones) y tiempo invertidos por los titulares no se dio la posibilidad de argumentar, corregir o complementar los cuestionamientos. Esto, toda vez que ello se ha permitido a otras inversiones, como es el caso de la termoeléctrica Punta Alcalde en la III Región, que se aprobó con condiciones y exigencias que se someterán a estudios y mediciones de emisiones a posteriori.

Así, señalan, la decisión introduce un nuevo factor de incertidumbre y desincentivo para los inversionistas, pues en el nuevo escenario ni una RCA, ni tampoco los dictámenes de la Corte Suprema son garantía para asegurar que el proyecto aprobado se podrá ejecutar.

Agregan que no se entiende el rechazo a la iniciativa más que por la voluntad política de echarlo abajo a priori, y precisan que todos los puntos rechazados eran superables con acuerdos. En el caso de la relocalización de las familias, explican que en su momento la autoridad ambiental definió como criterio la entrega de un sitio más grande que el anterior, con mejor accesibilidad y con equipamiento equivalente o superior, pero que no se estableció que los terrenos debían comprarse antes. Agregan que si al Comité no le parecía, al menos pudo solicitarlo. En cuanto al segundo punto, que estableció riesgos asociados a la regulación de los caudales derivados de la operación del embalse de Baker Dos, indican que la autoridad podría haber puesto condiciones para regular los caudales. Incluso podría haber solicitado que no se construyera esa central. Con ello desaparecía el problema de los relocalizados y los efectos en los caudales, dicen.