Ayer se conoció un informe interno de HidroAysén que dice que la revocación al permiso ambiental del proyecto «debilitó la institucionalidad ambiental y la certeza jurídica» y que las críticas deben ser a los servicios públicos que aprobaron la RCA.

Por L. Cárdenas, S. Sáez y J. Troncoso.

Los principales ejecutivos de Enersis y Colbún -vinculados al proyecto HidroAysén- se refirieron ayer por primera vez a la decisión del Comité de Ministros que revocó el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico.

Ignacio Cruz, gerente general de Colbún, e Ignacio Antoñanzas, gerente general de Enersis, matriz de Endesa Chile, evitaron polemizar y coincidieron en que se debe trabajar para sacar adelante los otros proyectos que tienen en carpeta cada una de las compañías.

“Uno tiene que seguir manteniendo buenas relaciones y un diálogo transparente, abierto y franco con todo el mundo, y ese diálogo con las autoridades lo seguiremos teniendo. Esto no tiene porqué manchar esa relación. Cada uno tiene cumplir con esa pega”, dijo Cruz tras participar ayer en un seminario organizado por Icare.

“Nuestro Chile querido espera competir con un 28% de hidroelectricidad. Eso es imposible. Esto no es una defensa a HidroAysén ya que nosotros siempre dijimos que (el proyecto) no se iba a realizar si el país no lo quería”, sostuvo Antoñanzas tras participar en un seminario organizado por la U. Adolfo Ibáñez y la World Energy Council.

En este mismo evento participó el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien fue parte del comité que le dijo no a HidroAysén.

“No habrá solución a este problema del trancazo o frenazo de las inversiones si no conseguimos que cada uno ponga la parte que se necesita”, señaló el secretario de Estado.

Cuestionamientos
Si bien los ejecutivos vinculados a HidroAysén (firma en la que son socias Endesa y Colbún y cuyo vicepresidente ejecutivo es Daniel Fernández) optaron por ponerle paños fríos a la medida que frenó el proyecto (en el que ambas empresas han invertido hasta ahora US$320 millones), ayer se conoció un informe interno de HidroAysén, de carácter técnico jurídico, en el que se señala que la decisión del Comité de Ministros que revocó el permiso ambiental al proyecto “debilitó la institucionalidad ambiental y la certeza jurídica de las inversiones”.

El documento añade: “Aun cuando un proyecto cumpla a cabalidad con todas y cada una de las exigencias y logre la aprobación ambiental, habiendo superado exitosamente las innumerables instancias judiciales a las que ha sido sometido, y cuente con el apoyo mayoritario de las comunidades en que se inserta, siempre podrá enfrentar revocaciones posteriores por parte de una instancia política”.

Se recuerda que en abril de 2012, la Corte Suprema falló a favor de HidroAysén, rechazando todos los recursos presentados por organizaciones ambientalistas que anteriormente habían sido vistos por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y luego en su similar de Puerto Montt, fallando a favor de la empresa.

“Con esto, el máximo tribunal del país validó la aprobación ambiental de HidroAysén, agotándose así las instancias judiciales para los opositores al proyecto”, dice.

Y se añade: “Si alguien critica hoy que los servicios públicos redactaron un ICE (Informe Consolidado de Evaluación) favorable y votaron a favor de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental), en verdad está criticando a los servicios públicos del Estado, no al titular de un proyecto”.