Pérdidas se producen por 129 mil atenciones médicas, 4 mil muertes y 871 mil casos de ausencia laboral al año:

Entre las medidas para Santiago se evalúan «zonas de baja emisión» en sectores congestionados como el centro, donde solo accederían vehículos eléctricos. También se analiza un plan de recambio de estufas a leña.

Por Manuel Valencia.

Cuatro mil personas mueren al año en Chile por afecciones cardiopulmonares derivadas de la contaminación atmosférica, según análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Casi todos esos fallecimientos se vinculan con un tipo de contaminante que los planes vigentes aún no han abordado de raíz: el MP 2,5 o material particulado fino, capaz de penetrar los alvéolos pulmonares y afectar directamente al organismo.

Hasta ahora, planes de descontaminación como el de Santiago se han abocado principalmente al MP 10 (material particulado grueso), menos nocivo, porque logra ser filtrado mayormente por el organismo.

Según el primer reporte del estado del medio ambiente, elaborado por el gobierno anterior y validado por el actual, esta polución fina del aire está generando más de 129.359 atenciones médicas al año por causas como bronquitis agudas (127 mil), afecciones cardiovasculares (1.350), neumonía (700) y asma (130), entre otras (ver infografía). Consultas todas que derivaron en costos por US$ 9 millones para el país en igual lapso, de acuerdo al mismo análisis.

Sin embargo, la cifra es marginal si se la compara con el impacto económico que, según las estimaciones, esta situación genera en la fuerza laboral.

De acuerdo al informe, en 12 meses se perdieron 871 mil jornadas de trabajo (por uno o más trabajadores, en una o varias ocasiones) y 3,7 millones se vieron afectadas de alguna manera. Todo ello implicó costos por US$ 660 millones. En suma, considerando también los costos médicos, la contaminación implicó pérdidas por cerca de US$ 670 millones en un año.

El jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Tolvett, explica que este costo para el fisco podría ser aún mayor si el Estado no tomara medidas como las fijadas en los actuales planes de descontaminación y disposiciones paliativas, como las alertas sanitarias vigentes a partir de este año en el país.

«Estos costos aún son bajos y creemos que son mayores. Solo pueden ir creciendo si no se invierte en un plan de descontaminación que establezca medidas para el MP 2,5», asevera.

Según las estimaciones de la cartera, el trabajo para atacar el material particulado fino tendrá un costo de US$ 700 millones por los 10 años en que se aplicará, e incluye medidas que generarán cambios culturales entre los santiaguinos. Entre ellos, la prohibición del uso de cualquier tipo de estufas a leña, una nueva restricción vehicular y mayores exigencias al transporte de carga (ver recuadro).

Para el diseño de ese plan, el Gobierno espera una resolución emanada por la Superintendencia del Medio Ambiente, que luego de ser revisada por la Contraloría y publicarse en el Diario Oficial declarará a Santiago como zona saturada por material particulado fino (MP 2,5). Eso se espera que ocurra en agosto próximo. Tras ello, se diseñará un anteproyecto con las medidas que incluirá, el que será sometido a consulta pública el próximo año. De esta manera, se busca que la estrategia para el MP 2,5 pueda estar vigente en la gestión de episodios críticos en el invierno de 2016.

EMISIONES
De acuerdo al último inventario del Gobierno sobre contaminantes, en el Gran Santiago se generan 4.599 toneladas de MP 2,5 al año.

Tres regiones del país, la Metropolitana, Valparaíso y Biobío, estarán bajo alerta sanitaria a partir de hoy, debido al peak de enfermedades respiratorias que se registran por las bajas temperaturas, la contaminación y el aumento de la circulación viral. Con la medida se dispondrán recursos para contratar más personal, comprar más insumos y disponer medidas de gestión, según la ministra de Salud, Helia Molina.

Programa de recambio de estufas a leña y «zonas de baja emisión» para Santiago
El nuevo plan de descontaminación para material particulado fino (MP 2,5) anticipa un cambio cultural de fondo para los santiaguinos en 2016. Por ejemplo, la actual restricción vehicular para no catalíticos -que afecta al 1% del parque vehicular, unos 70 mil vehículos- dará paso a otra que privilegiará el recambio de combustibles fósiles a otros más limpios, como la electricidad. Así, se estudia fijar «zonas de baja emisión» en sectores congestionados como el centro, que podría incentivar a usuarios frecuentes de vehículos menores como los taxistas a cambiar sus vehículos por otros eléctricos, y a conductores a optar por el transporte público.

También se considera un plan de recambio de estufas a leña en la Región Metropolitana, tal como los que existen en ciudades como Temuco. Con esta medida, el Estado retira el calefactor contaminante y subsidia la compra de otro artefacto, alimentado con energías más limpias como la electricidad o el gas.

Asimismo, el plan abordará las emisiones de vehículos de carga. Se estudia exigir filtros e introducir incentivos para el uso de normas más exigentes como el Euro V.