Nuevo paro del rubro finalizó ayer:

En la industria explican que varios terminales ya pagaban un bono de alimentación a sus trabajadores por la media hora de colación que originó la paralización de enero pasado y que, por lo tanto, es injusto que ellos financien las compensaciones.

«Aquí pagaremos justos por pecadores». Así califican fuentes de la industria portuaria el impuesto contenido en el proyecto de ley corta del sector que modifica el Código del Trabajo y que apunta a establecer compensaciones para aquellos trabajadores del rubro a los que se les adeuda media hora de colación por turno desde 2005 a 2013. Esta situación originó la paralización de prácticamente un mes que experimentaron algunos de los principales terminales del país en enero pasado, incluyendo los de San Antonio en la V Región y el Biobío.

La iniciativa, que se gestó en el gobierno pasado y que ayer fue aprobada en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, busca establecer un pago por tonelada de carga transferida para financiar los más de US$ 50 millones que costarán las compensaciones de los trabajadores. Sin embargo, fuentes de la industria ya advierten graves problemas prácticos. Indican que lo increíble es que el paro ilegal que originó esta iniciativa fue por el no pago de un bono de alimentación que varios terminales, como es el caso de Ventanas, sí otorgaban, y que por lo mismo sus operarios no adhirieron a la paralización. Asimismo, expresan que en los terminales de Ultramar tampoco hubo huelga. «Aquí los que cumplieron con sus trabajadores y/o mantienen mejores relaciones laborales, deben hacerse cargo de los que no pagaron», reclaman.

Agregan que la iniciativa genera una tensión adicional en el rubro -que el martes y hasta ayer registró una nueva paralización parcial por el carácter de algunas indicaciones de la ley corta que luego fueron rechazadas-, pues ahora solo los trabajadores de los terminales que no pagaban el mencionado bono recibirán compensaciones por los años en que no se les dio este beneficio, pudiendo generar expectativas entre empleados de otros terminales.

A su vez, explican que el gravamen que se busca imponer sería pagado en mayor proporción por parte de los terminales a granel, considerando que este se aplica por tonelada y no por el valor de la mercancía. «Esto grava proporcionalmente más a los graneles, donde su monto de exportación por tonelada es menor y, así, el porteo tiene un peso proporcionalmente mayor. Una tonelada de televisores o de autos de lujo no es lo mismo que una tonelada de cobre o cereales», explica una fuente del rubro.

Fin de movilizaciones

En tanto, los trabajadores de los 16 puertos que se encontraban en paro desde el martes depusieron ayer el movimiento, luego que la Cámara de Diputados aprobara la ley corta, sin incluir una indicación que abría la puerta a reemplazos laborales.

Pago sería equivalente a poner impuestos a envíos chilenos
Otro tema más preocupante aún, indican en los puertos, es que con la iniciativa por primera vez en décadas se está fijando un gravamen a todas las exportaciones chilenas, incluido el cobre. Como contraparte, indican, también se gravará a las importaciones «cuando Chile vive gracias a los tratados de libre comercio con países que representan el 85% del PIB mundial. Hay compromisos arancelarios con todos ellos y se pretende fijar un arancel solapado en beneficio de las arcas fiscales a todas las internaciones que realiza el país».

A su vez, ayer la Cámara Marítima y Portuaria se refirió al avance del proyecto en el Congreso: «El primer riesgo es que interviene indebidamente en la organización de las faenas, más allá del necesario resguardo de los derechos de los trabajadores», manifestó.