A 17 días de que se cumpla el plazo para enviar el proyecto sobre negociación colectiva

Al margen del intenso debate sobre los contenidos de la reforma sobre negociación colectiva, en el Parlamento se discuten otros proyectos considerados clave por el empresariado: polifuncionalidad, contratos por obra y faena y límites a la subcontratación, entre otros.

Pablo Obregón Castro
Diecisiete días faltan para que se cumpla el plazo que el Gobierno se autoimpuso para presentar la reforma laboral que fortalece la posición de los sindicatos en procesos de negociación colectiva. Diecisiete días en que gremios, sindicatos, parlamentarios y ex ministros del Trabajo seguirán visitando Huérfanos 1273 -donde opera el Ministerio del Trabajo-, para tratar de dejar algo de su impronta en una iniciativa que, tras la aprobación de la reforma tributaria, se ha convertido en la principal fuente de incertidumbre para el empresariado.

Mientras eso ocurre, una agenda laboral paralela, menos visible, avanza por un camino mucho más expedito. En este momento se encuentran en el Congreso más de 100 proyectos sobre esta materia, la mayoría surgidos como mociones parlamentarias presentadas incluso antes de que asumiera el actual gobierno. De ese total, 20 iniciativas son prioritarias para el Ejecutivo, es decir, que serán patrocinadas a través de urgencias, indicaciones o fusionadas con otros proyectos.

En lo que va de esta administración, además, se han aprobado ocho iniciativas laborales, sin considerar leyes ordinarias, como los reajustes del salario mínimo, remuneraciones del sector público y otras impulsadas por el Ministerio del Trabajo, pero que no tienen una relación directa con el mundo laboral, como el bono marzo.

Fuentes del empresariado afirman que -incluso sin considerar la reforma en materia de negociación colectiva, cuyos contenidos definitivos se desconocen-, el mercado laboral está enfrentando una avalancha de proyectos que, si se miran en su conjunto, implican el desmantelamiento del Código del Trabajo y su reemplazo por un nuevo orden en materia de relaciones laborales.

En el Ministerio del Trabajo desdramatizan el reimpulso que el Gobierno le ha dado a estas mociones parlamentarias. Señalan que la agilización de estos proyectos responde simplemente al compromiso asumido con la ciudadanía para cumplir con el programa y que las prioridades se expresan en las urgencias que se establecen para la tramitación de las iniciativas legales.

Fin a la polifuncionalidad

¿Cuáles son los proyectos que más preocupan al empresariado? El que establece límites para pactar en los contratos de trabajo distintas funciones (polifuncionalidad); el que prohíbe subcontratar a personal para tareas propias del giro principal de la empresa y el que limita la contratación de trabajadores por obra o faena, todos ellos priorizados por la Presidencia.

El proyecto de polifuncionalidad nació como una moción del diputado Osvaldo Andrade (PS), en julio de 2012, y en mayo de este año, el Gobierno patrocinó este proyecto, el que ya se encuentra en su segundo trámite en el Senado.

El texto presentado en esa oportunidad por el legislador socialista dilucida su objetivo: con la legislación actual, el empleador puede ampliar hasta el extremo las posibilidades de exigir al trabajador tareas que no necesariamente responden a la remuneración pactada.

En el Ministerio del Trabajo agregan otro antecedente para entender esta iniciativa: en el evento en que se pacten diversas funciones, estas deberán responder a la naturaleza de los servicios contratados y no podrán representar una dispersión tal que signifique que el trabajador deba realizar todas las tareas que mande el empleador, sin criterio diferenciador alguno.

Otras fuentes cercanas al Gobierno señalan que poner límites a la polifuncionalidad permitirá crear más empleos en algunas industrias, principalmente en la minería y en la construcción de obras civiles. «Hemos constatado que a un operador polifuncional de maquinaria pesada se le paga solo por ese oficio, pero en los hechos le exigen conocimientos de mecánica básica y hasta nociones de prevención de riesgos. Esos conocimientos no se ven reflejados en las remuneraciones. Eso es lo que queremos corregir», indica esta fuente.

Entre las pymes, estas iniciativas generan tanta o más preocupación que la agenda en materia sindical que se conocerá antes del 31 de diciembre. El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett, señaló que en las reuniones sostenidas con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, le han hecho ver los alcances que podría tener esta norma para las pequeñas y medianas empresas. «Todos los trabajadores de las pymes son polifuncionales. No puede ser que un camionero no pueda bajarse a cambiar una rueda», afirma el dirigente.

El presidente de la comisión Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción, Augusto Bruna, también considera que el proyecto de polifuncionalidad es uno de los más complejos. «Es posible que en algunos sectores puntuales haya abusos, pero realizar diversas funciones suele ir de la mano de mejores remuneraciones», afirma.

El abogado laboralista y asesor de empresas, Héctor Humeres, agrega que esta iniciativa podría tener un efecto sobre el empleo: «Es un proyecto complejo, porque si un trabajador se queda sin trabajo, no se le podrá cambiar de funciones, habrá que despedirlo», indica.

Esta iniciativa también podría tener efectos sobre la política de capacitación que está implementando el Gobierno. La idea del Ministerio del Trabajo es que los trabajadores tomen cursos que les permitan conseguir mejores sueldos o ser promovidos a otros trabajos. «El fin de la polifuncionalidad coartará todo programa de capacitación que apunte en esa dirección», señala Sergio Morales, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

El asesor legislativo explica que, al limitarse la movilidad del trabajador, los incentivos para que las empresas promuevan el aprendizaje de nuevas capacidades entre sus empleados son prácticamente nulos.

Límites a los contratos por obra y faena

Un segundo proyecto prioritario es el que establece que los contratos de trabajo se entenderán como indefinidos cuando un trabajador preste servicios en diversas faenas para un mismo empleador durante 240 días o más en un lapso de 12 meses. Esta iniciativa surgió en junio de 2011, como moción de los diputados Pedro Browne y Nicolás Monckeberg (RN), y hoy se encuentra en la Comisión de Trabajo del Senado, pese a los intentos del empresariado por morigerar sus contenidos.

En el empresariado existe preocupación por los efectos que este proyecto podría tener en industrias que, por la naturaleza de su actividad, están altamente expuestas a la estacionalidad: en la construcción, por ejemplo, los contratos suelen establecerse por el tiempo que dura el desarrollo de un proyecto, mientras que en el agro gran parte del trabajo se extiende solo por el tiempo que dura la temporada alta de cosecha.

«Fuimos al Parlamento hace tres años para hacer ver que este proyecto es una aberración. El contrato por obra y faena tiene fecha de término», indica un empresario del sector de la construcción.

«El Mercurio» consultó al Ministerio del Trabajo cómo se conjugará este proyecto con la naturaleza de algunas industrias, altamente expuestas a la temporalidad y a la disponibilidad de proyectos. En esa cartera respondieron escuetamente que la idea es evitar que se disfrace como una obra o faena una relación laboral de carácter permanente.

Se prohíbe subcontratar por tareas propias del giro

La tercera iniciativa que mantiene en alerta al empresariado es la que prohíbe la subcontratación de personal para desempeñar tareas propias del giro principal de una empresa. Este proyecto surgió en agosto de este año y es una moción del diputado Osvaldo Andrade.

El texto presentado en esa ocasión indica los objetivos de esta iniciativa. Señala que con la actual legislación no hay límites para el despido de trabajadores antiguos y su inmediata recontratación a través de otra empresa creada para tal efecto, para seguir prestando los mismos servicios, las mismas funciones, pero con remuneraciones y beneficios sustancialmente menores. «En la jerga común, se trata de palos blancos o empresas inexistentes en la realidad», señala el texto.

Juan Pablo Swett considera que esta iniciativa también tendrá un impacto directo sobre las pymes, ya que obligará a las grandes compañías a internalizar funciones que hasta ahora realizan pequeños y medianos proveedores de servicios.

UNO DE LOS PROYECTOS que se están tramitando busca que no se puedan ampliar en demasía las funciones de un trabajador.