Proyecto ingresará el 29 de diciembre al Congreso:

CUT pidió conocer la mayor cantidad de elementos de la iniciativa antes de su envío, y el líder de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, reforzó las críticas a la propuesta.

Por María José Ahumada y Nicolás Guzmán.

Cuando falta una semana para que venza el plazo que se autoimpuso el Gobierno para enviar al Congreso un proyecto de reforma al código laboral, una ceremonia en La Moneda reunió ayer a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y al líder de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.

Figueroa y Von Mühlenbrock manifestaron su desconocimiento de los detalles del contenido de la propuesta, que se ha manejado con hermetismo por parte del Ejecutivo.

«Esperamos conocer la mayor cantidad de elementos el día viernes 26», afirmó a «El Mercurio» la líder sindical, al referirse al encuentro que tiene agendado para ese día con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco.

Por la mañana, en alusión a las carteras de Hacienda y del Trabajo, Figueroa recordó que la semana pasada «hicimos un llamado de atención a los ministerios para que tengan mayor coordinación». «Expresamos una fuerte molestia, sentíamos que, habiendo meses de trabajo, dentro del debate no había la seriedad que merecía el tema», agregó.

Von Mühlenbrock dijo que el Ejecutivo no ha dado detalles sobre el contenido del proyecto, que, según se ha dado a conocer, incluye dos aspectos sensibles para el sector privado: la titularidad sindical y el reemplazo de trabajadores durante una huelga.

Hasta ahora solo ha trascendido una minuta interna que elaboró el Gobierno, donde se plantean siete puntos clave y algunos nudos del proyecto. El documento establece que el sindicato será el principal sujeto de negociación y dueño de los beneficios conseguidos en forma colectiva. También se impide la contratación de personal en períodos de huelga y se abre la posibilidad de bloquear el reintegro individual de los trabajadores que quisieran descolgarse de la paralización de actividades.

Esa misma minuta también señala que se incorporaría la obligación de los empleadores de entregar información tributaria, utilidades, costo de la mano de obra detallado (incluyendo la plana ejecutiva) y planes de inversión.

En línea con lo expresado por el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, quien el fin de semana sostuvo que «jamás hemos tenido acceso a ningún borrador ni esbozo del proyecto de ley», Von Mühlenbrock reforzó las críticas que se han planteado desde el empresariado. Se trata del desincentivo a la creación de empleos y la forma en que está establecido el fortalecimiento de los sindicatos, en medio de un proceso de desaceleración económica.

«No nos parece que haya que obligar a la gente a pertenecer a un sindicato, parto de una libertad de las personas, ojalá los sindicatos sean capaces de tener afiliados a todos los trabajadores; pero que sean obligados, no me parece», dijo el dirigente de la industria.

La ministra Blanco respondió después que «en Chile existe y seguirá existiendo libertad sindical».

Críticas del oficialismo

El presidente del PR, Ernesto Velasco, también apuntó a la falta de información respecto del proyecto. «Nos gustaría poder conocerlo, porque creemos que el trabajo prelegislativo va a ser muy importante para su eficaz tramitación», dijo.

Al respecto, el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Tucapel Jiménez (PPD), indicó que «el problema ha sido que la ministra ha sobredialogado con todos los sectores. Que se mande el proyecto para que lo conozcamos, y en el Parlamento dialogaremos con todos los sectores, y si hay cambios que hacer, se harán, y hablaremos con todos los empresarios».

Su par del Senado, Adriana Muñoz (PPD), explicó que «hay desconfianza de un lado y otro», aludiendo a empresarios y trabajadores.

En tanto, el presidente del PC, Guillermo Teillier, se refirió a los cuestionamientos del sector privado. «Son críticas de última hora, porque se ha conversado bastante con los empresarios», afirmó el diputado, quien indicó que la nueva normativa que pretende llevar a cabo el Gobierno ya se aplica en países de América Latina que cuentan con capitales chilenos. «¿Y acá no pueden invertir porque van a tener derechos los trabajadores chilenos?», planteó.

Más tarde, el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que «en materia laboral, el objetivo que nos demandan los ciudadanos es generar condiciones para un diálogo y un entendimiento entre trabajadores y empresarios».

Postura de la Alianza

«Es difícil de creer que después de un año, y cuando solo restan seis días para que se presente la reforma laboral, los parlamentarios aún no conozcamos en detalle el proyecto y todavía el Gobierno no tenga claro todos los puntos», señaló ayer el jefe de bancada de RN, Nicolás Monckeberg. «Es claro que estamos una vez más frente a una improvisación del Gobierno», añadió.

Los diputados Monckeberg, Alejandro Santana y Leopoldo Pérez se reunieron con la ministra Blanco, a quien le entregaron la propuesta laboral del partido. Esta apunta principalmente a generar una «agenda Pro-Empleo».

Además, RN expresa su interés por poner fin al multi-RUT sindical, así como también «flexibilizar los plazos y etapas de la negociación colectiva, permitiendo que las partes de común acuerdo puedan mover los plazos».

Por su parte, Monckeberg dijo que «junto con la UDI, vamos a trabajar en una propuesta común».

«El problema ha sido que la ministra ha sobredialogado con todos los sectores. Que se mande el proyecto para que lo conozcamos, y en el Parlamento dialogaremos con todos los sectores».
TUCAPEL JIMÉNEZ
Presidente comisión de Trabajo de la Cámara

EMPRESARIOS
Para mañana está agendada una reunión entre la CPC y los ministros de Hacienda y del Trabajo.