Hasta ahora las indicaciones que presentaría el Ejecutivo están relacionadas con el fuero y prácticas antisindicales. Persisten las diferencias en materia de piso mínimo y la autoridad evalúa una moneda de cambio para eliminar del debate la negociación ramal.

Por P. Toro y M. Leiva.

El próximo lunes 13 de abril se cierra el período acordado en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para la presentación de indicaciones al proyecto de reforma laboral.

Una fecha que fue extendida de la original, el 6 de abril, por una petición que habrían hecho desde los ministerios de Hacienda y Trabajo a los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

En este contexto, los asesores de ambas carteras ya se encuentran elaborando las modificaciones a la iniciativa bajo una premisa bien clara: que sean “dentro del marco del proyecto”, sin materias adicionales como cambio a las indemnizaciones o negociación ramal. Este camino no lo harán solos, porque en las últimas semanas las reuniones con los parlamentarios oficialistas han sido recurrentes para acercar posiciones respecto de las demandas de cada partido.

La idea de estas citas, donde han participado los ministros Alberto Arenas y Javiera Blanco, es negociar y consensuar las indicaciones a presentar, ya que no quieren aparecer “peleando entre ellos, Gobierno versus Nueva Mayoría”, comentan fuentes cercanas al proceso. Se busca evitar que se enfrenten por algunas indicaciones asociadas a negociación colectiva que podrían ser declaradas inadmisibles, ya que sólo el Ejecutivo tendría la facultad de presentarlas según el artículo 65 de la Constitución.

Eso por un lado. Y por otro, que no se repita el escenario de la Reforma Tributaria donde hubo una disputa entre los senadores y los diputados del mismo conglomerado. “Queremos hacer una sola negociación para que no sea desestimada en una Cámara y luego se arregle en la otra. Estamos por dar una señal de unidad entre el Gobierno y la Nueva Mayoría”, sostienen altas fuentes de La Moneda.

En este contexto y frente a la insistencia de algunos parlamentarios -sobre todo Osvaldo Andrade (PS)- para incluir la negociación ramal, que no se encuentra en el texto legislativo, desde los ministerios colocarían sobre la mesa una moneda de cambio.

Así, para dejar afuera esta discusión se estaría evaluando, por ejemplo, acceder a la solicitud parlamentaria de acotar los servicios mínimos vinculados a la huelga, dejándolos como servicios esenciales, tal como está establecido en la OIT. Cabe recordar que éste es un tema muy relevante para los diputados en su idea de legislar en pro de una “huelga efectiva”.

Hay otros puntos, como el piso mínimo, donde no han podido llegar a acuerdos. Mientras la CUT y los parlamentarios piden incorporar el reajuste de IPC en el piso mínimo de la negociación, desde Hacienda se niegan a una posibilidad como ésta, dado que podría tener efectos en la inflación, porque implicaría una indexación automática de los salarios a la economía.

Lo que ya está en camino

Pero junto con lo anterior, que seguirá siendo motivo de conversaciones esta semana, hay cambios que ya estarían sellados y que se estarían redactando como indicaciones a la reforma.

De acuerdo a fuentes cercanas a la negociación, entre las indicaciones consensuadas están dos materias relacionadas con la sindicalización: el fuero de constitución de sindicato y las nuevas causales de desafuero.

En el primer caso, se buscaría volver al texto original del Código del Trabajo que establece fuero a todos los trabajadores desde los 10 días previos a la solicitud de un ministro de fe y hasta 30 días después de la constitución del sindicato. En el proyecto se señala que el fuero partiría desde la fecha en que se solicita el ministro de fe.

En cuanto a las dos nuevas causales de desafuero, por renuncia al cargo o al sindicato, y por caducidad de la personalidad jurídica del sindicato, ambas serían eliminadas.

Al mismo tiempo, se presentarán modificaciones para eliminar las sanciones por prácticas antisindicales y desleales, al igual que la definición de “pacífica” que se incorporó a la huelga. Estos temas habían sido fuertemente resentidos por los sindicatos y criticados por los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

En esta línea, también se incorporaría una gradualidad en las multas por reincidencia en las prácticas antisindicales, según número de trabajadores por empresa, considerando que ésta fue una de las observaciones realizadas por la Corte Suprema.

Aquí se contemplaría la tabla de sanciones considerada en la Ley que regula el Multirut, que va de 50 a 100 UTM, y que en el caso de la reforma laboral se reiterarían.

A su vez, se harían cambios en cuanto a la norma relacionada con los sindicatos interempresas, permitiendo incorporar en la comisión negociadora a la directiva de ésta.

En este contexto, también se eliminarían algunas facultades de la Dirección del Trabajo, tales como mediación forzada, audiencias de preparación y fijación de reuniones directas, entre otras.

Demandas de la CUT

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también están preparando indicaciones que serán presentadas a los parlamentarios oficialistas y a las propias autoridades del Ministerio del Trabajo, con quienes esperan reunirse durante esta semana.

Desde la multisindical pedirán eliminar la adaptabilidad laboral, los servicios mínimos, las causales de desafuero y sanciones en materia sindical,y la definición de huelga pacífica.

Además, pedirán reponer la sanción cuando el empleador no responda en el tiempo estipulado al proyecto colectivo presentado por el sindicato, es decir, que entre en vigencia el contrato colectivo presentado por los trabajadores. Esto hoy está excluido en el proyecto de ley.

De todas maneras, la CUT insistirá en incorporar la negociación por rama y revisar el artículo 161 (despido por necesidad de la empresa).