Ayer se retomó en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el debate de las indicaciones que se introdujeron…

Por Juan Pablo Palacios.

Ayer se retomó en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el debate de las indicaciones que se introdujeron la semana pasada al proyecto de reforma laboral. Ya el martes se habían votado los primeros artículos de la iniciativa, específicamente los que no tenían propuestas de cambios, para luego pasar a las novedades.

Al mismo tiempo que los legisladores, el gobierno ingresó sus perfeccionamientos, excluyendo la negociación por ramas de actividad económica y mantuvo los pactos de adaptabilidad, lo que fue mal visto por la CUT.
El Ejecutivo sí repuso la negociación colectiva por confederación y federación -con voluntariedad del empleador-, se acotaron los servicios mínimos que se deben mantener en situación de huelga tomando en cuenta los requerimientos vinculados al tamaño de la empresa y se prohibió los reemplazos de trabajadores en el mismo caso. También se redujo a seis meses el período de implementación de la reforma.

El debate en particular recién empieza y el propio gobierno ve espacio para más ajustes. El empresariado, sin embargo, apuesta sus fichas al trámite en el Senado.

Abogados laboralistas de la plaza analizan el alcance de las indicaciones de La Moneda en la arquitectura del proyecto y abordan los puntos pendientes.

Enrique Munita: «Hacen al proyecto aún más perjudicial para la relación empresas-trabajadores»

-¿Cómo evalúa las indicaciones del gobierno al proyecto laboral?
– No sólo no lo mejoran sino que, en general, lo hacen aún más perjudicial para las relaciones entre empresas y trabajadores. Como ha quedado establecido, se trata de un proyecto que desequilibra las relaciones laborales dotando de prerrogativas excesivas a los sindicatos, en desmedro del diálogo constructivo y del entendimiento (…) Se dota de cierta legitimidad a la violencia al eliminar la referencia a la huelga pacífica -que es como se conceptualiza este derecho por la OIT- y al suprimir las sanciones a conductas violentas por parte de los directores sindicales. Asimismo, se persiste en la rigidización de las relaciones laborales en contra de la tendencia mundial a una mayor flexibilidad que beneficia a trabajadores y empresas.
– ¿Comparte la reposición de la negociación por confederación y federación?
– La propuesta del Ejecutivo podría ser el germen de una negociación por rama supra empresarial, lo que perjudica la economía e incrementa el desempleo.
La tendencia actual es a privilegiar la negociación a nivel de empresa. Ello mejora el acceso a los mercados de las pequeñas y medianas empresas, que podrían tener dificultades para ingresar a los mercados en que las condiciones laborales se acuerden entre las grandes empresas y las confederaciones sindicales. Mitiga el riesgo de concentración y aumenta la competencia en los mercados, lo que siempre va en beneficio los consumidores.
– ¿Es adecuada la reducción a seis meses del plazo de vacancia de la reforma?
– Es una pésima señal, ya que demuestra un cierto desprecio por un diálogo que tienda a mejorar un proyecto tan negativo. El diálogo siempre requiere de tiempo.

MicheL Laurie: «Existe un ambiente de desconfianza, no creo adecuado bajar plazo a 6 meses»

– ¿Las indicaciones del gobierno mejoran el proyecto de reforma laboral?
– El proyecto tuvo en su origen -y lo sigue teniendo ahora- un claro objetivo de fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva. Eso no cambia con las indicaciones. Diría que en ciertas materias el proyecto lo que hace es profundizar aún más en este objetivo.
– ¿Comparte la reposición de la negociación por confederación y federación en el proyecto?
– La reposición de esta materia en carácter de voluntario para las empresas hace que el efecto no sea tan negativo.
Pero a mi juicio el problema es otro: toda la legislación está redactada y las instituciones intervinientes preparadas para una negociación colectiva de empresa que recoge las particularidades de cada compañía, es difícil pensar que una pequeña empresa pueda negociar en igualdad de condiciones respecto de una gran empresa. Son realidades distintas, tanto a nivel de beneficios de los trabajadores como a nivel de la propia empresa (sus posibilidades de asesoría, su poder de negociación, entre otros).
– ¿Cómo ve la acotación a seis meses del plazo de implementación de la reforma laboral?
– Cuando se estableció un año de vacancia, se hizo pensando en que la actividad económica estaba caminando lento. Pasados tres meses desde que se presentó el proyecto en diciembre, me pregunto: ¿la actividad está acaso «corriendo»? Sigue lenta, existe un ambiente general de desconfianza y, en ese contexto, no creo adecuado bajar el plazo a 6 meses.
– ¿Con las indicaciones el proyecto queda más equilibrado o se inclina aún más hacia lo sindical?
– Mirando el tema desde afuera, no creo que el Ejecutivo tenga un incentivo para cambiar profundamente el proyecto, pues dados los quórums actuales tiene mayoría en el Congreso para aprobarlo.

Huberto Berg: «Sólo entregan más fuerza a cúpulas sindicales»

– ¿Las indicaciones del gobierno perfeccionan la reforma?
– Solo apuntan a entregarle más fuerza a las cúpulas sindicales, en desmedro de los trabajadores y de las empresas. No contribuyen en nada al clima laboral ni a la productividad al interior de las empresas.
– ¿Comparte la reposición de la negociación por confederación y federación?
– Esto solo ratifica el gran objetivo que el gobierno pretende alcanzar con esta reforma, esto es, fortalecer el rol de las cúpulas sindicales por sobre el rol de los sindicatos base y de los propios trabajadores. Dudo que alguien pueda creer a estas alturas que esta es una reforma técnica y pensada en el bien del país. Es claramente una reforma basada en una mirada ideológica de izquierda de lo que son las relaciones laborales, que no relación con el mundo globalizado al que pertenece Chile.
– ¿Cómo ve la reducción a seis meses del plazo de vacancia de la reforma laboral?
– Esta indicación ratifica lo dicho anteriormente, en el sentido que ésta no es una reforma pensada en el bien de Chile, sino que en satisfacer los deseos e intereses de sectores minoritarios, sin importar mayormente el efecto que tendrá en el país y en todos los chilenos.
– En síntesis, ¿con las indicaciones el proyecto queda más equilibrado o se inclina aún más hacia lo sindical?
– Cuando una reforma laboral se plantea como objetivo «nivelar la cancha» y para lograrlo no se le ocurre nada mejor que asignarle por ley una representatividad que no se ha ganado por su propio esfuerzo, y además le da un poder incontrarrestable a una de las partes -entregándole la capacidad del paralizar y dejarla sin poder trabajar a la otra-, claramente es una muy mala reforma, que no refleja para nada el Chile de hoy ni el sentir de trabajadores y empleadores. Las herramientas para el progreso, son la capacitación, el esfuerzo, la cooperación y el trabajo bien hecho. Nada de esto aparece como relevante en este proyecto.

Claudio Palavecino: «No alteran tendencia original: fortalecer el poder sindical»

– ¿Las indicaciones del gobierno mejoran el proyecto laboral?
– La supresión de algunas intervenciones de la Inspección del Trabajo puede considerarse un avance, puesto que hubo consenso transversal en que el proyecto original le confería una interferencia excesiva a dicho órgano en el conflicto colectivo. Sin embargo, otras indicaciones sin lugar a dudas empeoran el proyecto. Así, por ejemplo, se intensifica la tendencia del proyecto a objetivizar las prácticas antisindicales y desleales, vale decir, a prescindir de la intencionalidad o culpa subjetiva y de este modo habilitar a los tribunales para castigarlas sin necesidad de configurar un reproche subjetivo al autor. Esto atenta gravemente contra los derechos de las personas.
– ¿Con las indicaciones el proyecto queda más equilibrado o se inclina aún más hacia lo sindical?
– El proyecto en su mensaje afirma que se busca una articulación o equilibrio entre las partes del conflicto colectivo, pero esta retórica queda desmentida por el articulado que claramente busca fortalecer el poder sindical y las últimas indicaciones no alteran esa tendencia original del proyecto.
– ¿La acotación en la definición de servicios mínimos es más adecuada, se acerca al estándar OIT?
– En este punto, hay una confusión muy grande, por no decir un engaño. Lo que vincula a Chile son los convenios de la OIT. Estas son normas internacionales que al ser ratificadas por Chile obligan al país a modificar la legislación interna contradictoria o a dictar normas de desarrollo. No hay ningún convenio que mencione a los servicios mínimos, porque ninguno se refiere siquiera a la huelga. Lo que hay son dictámenes de agencias internas de la OIT, que han desbordado por completo su misión interpretativa y se autoatribuyen un poder normativo del que carecen.
– ¿Comparte la reposición de la negociación por confederación y federación en el proyecto?
– En principio, no hay inconveniente para que se pueda negociar a este nivel. Se requiere la voluntad de cada uno de los empleadores a los que se quiera involucrar en tal negociación.
– ¿Es adecuada la acotación a seis meses del plazo de vacancia o implementación de la reforma?
– Me parece un error. No ha habido una reforma de esta envergadura en 15 años, de manera que hay una inercia entre los actores del conflicto colectivo que será necesario romper paulatinamente y no de modo traumático para poder aplicar la reforma y el plazo de vacancia de un año me parecía razonable. También porque permitiría introducir cambios en el evento de un escenario económico de crisis.
– ¿Qué otros aspectos podrían incluirse en la reforma laboral para perfeccionarla?
– Cuando expuse en la comisión de Trabajo, señalé que era incongruente -desde el punto de vista de fortalecer la autonomía de los actores del conflicto colectivo- que cuando la negociación se entrampa se deba recurrir a la autoridad administrativa o se deba judicializar el conflicto. La tarea de destrabar la negociación debe ser devuelta a las propias partes a través de una auténtica mediación efectuada por privados imparciales y no por la Inspección, que no es de ningún modo imparcial. Está, además, el problema de que ni la Inspección ni los tribunales poseen conocimientos técnicos para resolver cuestiones que son eminentemente técnicas. Hubiera sido interesante incorporar mesas o paneles técnicos con integrantes designados por los propios actores del conflicto para esta función. O, bien, estudiar la experiencia de las juntas de conciliación y arbitraje que funcionaron antaño en el país.