Satisfecho con el trabajo realizado en la comisión ad hoc, la autoridad explica los cambios que sufrió el proyecto en estos cinco meses. Desestima que se haya aprobado una extensión de beneficios automática, y acusa que están «caricaturizando» aquellos que hablan de que habría trabajadores de segunda categoría.

Por Pierina Bertoni.

La reforma laboral fue despachada, tras de 5 meses de debate, de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero el trámite legislativo está lejos de terminar. El siguiente paso es la comisión de Hacienda, donde se evaluarán temas relacionados con presupuesto y luego, lo que el subsecretario del ramo Francisco Díaz calificó como “la prueba de fuego”: la votación en sala para iniciar el segundo trámite en el Senado.

La autoridad analizó lo que fueron estos meses de tramitación de una reforma que no ha dejado indiferente a nadie. Defiende sus principios como la titularidad sindical, y explica los cambios como la nueva extensión de beneficios y la gradualidad de los pactos de adaptabilidad, que fue la última gran polémica en la comisión de Trabajo, que incluso, dividió a los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

Bastante polémica hubo durante la discusión del proyecto por la titularidad sindical. Algunos como Andrea Repetto indicaron que esto iría en contra de la libertad sindical ¿cómo ven ustedes este punto?

El concepto de titularidad sindical es central en el proyecto de ley. En general, en la legislación comparada, en la titularidad sindical se tienen que combinar adecuadamente el concepto de libertad sindical con la facultad que tiene el trabajador individual de afiliarse, de desafiliarse o de cambiarse de sindicato si así lo estima necesario.

Creemos que el proyecto de ley sí lo logra, porque reconoce al sindicato como titular de la negociación, le entrega facultades, mayores derechos pero siempre respetando la libertad del trabajador de decidir.

¿No sería discriminar a los trabajadores al momento de la extensión de beneficios?

La extensión de beneficios en Chile ha sido utilizada muchas veces y lamentablemente como una herramienta de división del movimiento sindical, porque la legislación hoy permite que el empleador puede extender los beneficios de manera unilateral, sin siquiera avisarle al sindicato, a terceros trabajadores, lo que ha generado el efecto “polizón”, es decir que no paga el pasaje y es partícipe de los beneficios.

¿Esto cambia ahora?

Lo que propusimos en el proyecto era decir algo tan sencillo como que si un contrato colectivo es firmado por dos partes, empleador y sindicato, se puede extender a trabajadores no sindicalizados con acuerdo de las dos partes. Esto es respetar el efecto relativo de los contratos y abandonar la regla de excepcionalidad que existe en el Código del Trabajo en favor del empleador.

¿No provoca la existencia de “trabajadores de segunda categoría”?

Eso se debe descartar, eso es una caricatura que no obedece a un principio tan básico como si hay un contrato que celebran dos partes las extensiones de beneficios deben acordarse entre las dos partes.

Pero durante la discusión ustedes acogieron una indicación sobre este tema que objetiviza los criterios

Fue una indicación que presentó el diputado Nicolás Monckeberg, la conversamos con los diputados de la Nueva Mayoría, y tuvimos incluso conversaciones informales con organizaciones de trabajadores, y la verdad es que establecer que la extensión a terceros trabajadores no sea discriminatoria es beneficiosa para todas las partes. Cuando el sindicato quiera proponer en acuerdo con el empleador, extender los beneficios a otros trabajadores, el empleador no va a poder decir, a este sí pero a éste no. El sindicato va a tener que fijar criterios objetivos y generales a la hora de extender los beneficios, es una norma que beneficia a todos y que le entrega mayor responsabilidad y madurez a este acuerdo de extensión de beneficios.

¿Qué quiere decir con criterios objetivos?

En ningún caso estamos legislando una extensión automática de beneficios. Lo que esta indicación señala es que hay acuerdo en extender los beneficios a una parte de los trabajadores, algunos sí y otros no; en ningún caso discriminatorio. Yo puedo extenderle a un grupo de trabajadores, bajo algún criterio general, algún tipo de función, por antigüedad, pero lo que no puedo hacer es decir “a este trabajador con nombre y apellido no” porque ahí estaríamos abandonando el criterio de generalidad y objetividad.

¿Fue para el Gobierno un revés que se haya rechazado la gradualidad en los pactos de adaptabilidad?

El Gobierno había enviado esa gradualidad en el artículo transitorio, porque entendemos que estamos creando una nueva institución como son estos pactos de jornada especial o de adaptabilidad, que requiere a nuestro juicio un cierto rodaje, de manera que no ocurran abusos, al amparo de esta norma. Por eso se había propuesto una gradualidad que comenzaba en 65% el primer año y bajaba a 50%, 40% y finalmente se asentaba en 30% al cuarto año.

¿Planean reponerlo en los siguientes trámites?

Lo estamos analizando.

¿Qué se podría negociar en estos pactos de adaptabilidad?

Condiciones especiales de trabajo para adaptarse precisamente a ciclos productivos, a temporadas de mayor alza o baja, lo que estamos proponiendo es que se agreguen otro tipo de materias que tradicionalmente no se conversan en la negociación colectiva, como mejores espacios para capacitación; maneras de equiparar los salarios entre hombres y mujeres; que la negociación colectiva sea mucho más rica en contenidos y no esté limitada exclusivamente a la reivindicación porcentual salarial y al bono de término de conflicto, que es lo que termina ocurriendo hoy.

¿Ayudaría esto a una mayor productividad?

Creemos que no sólo hacemos un aporte a la negociación, creemos que favorecemos a los trabajadores, que se generará un mejor clima en la empresa y por tanto hay también una ganancia en productividad de la empresa, que termina beneficiando a todos.

¿La nueva definición de servicios mínimos deja satisfecho tal mundo sindical también?

Señalamos desde un comienzo, es que bajo ningún aspecto puede entenderse esta institución del servicio mínimo y del correspondiente equipo de emergencia como una forma de morigerar el efecto de la huelga; que la huelga en todo momento detiene el proceso productivo normal de la empresa, ese es su objetivo como herramienta de presión legítima y legal que tienen los trabajadores. Acá los servicios mínimos son los estrictamente necesarios para evitar una serie de daños que señalamos, daño a la vida, salud, seguridad, medio ambiente, daño sanitario, pero en ningún caso permitir la producción o el proceso productivo normal de las empresas.

¿Piensan establecer los rubros de las empresas que deberían tener servicios mínimos?

No, porque el servicio mínimo se determina caso a caso, una empresa de similar rubro a otra puede tener una tasa de sindicalización distinta, puede que tenga el proceso de negociación colectiva en una época del año distinta, puede que tenga regulaciones sanitarias distintas.

¿Cómo creen que se desarrolló este trámite en la Cámara de Diputados?

En primer lugar estamos muy satisfechos y aprovechamos de agradecer a la comisión porque logró combinar dos principios: una discusión muy profunda y una cierta celeridad de manera de tener este proyecto aprobado y beneficiando a los trabajadores ya durante el año 2016.

Sin embargo, no fue un trámite fácil, fueron 5 meses y se presentaron varias indicaciones.

Nosotros sabíamos que el momento de las indicaciones iba a ser quizás, la valla más difícil de saltar, porque como es un proyecto de más de 100 artículos iba a tener varias decenas de indicaciones también. Ahora vamos a la Comisión de Hacienda para ver unos pocos aspectos que dicen relación con impacto hacendario y también falta evidentemente, y esa es la gran prueba de fuego, la aprobación en la sala.