Señala que la judicialización que se hace a través de la Superintendencia de Salud agrava el problema. Critica la falta de respuestas ante las propuestas hechas al superintendente Sebastián Pavlovic.
Ximena Celedón.
Sabe que dice cosas fuertes y directas, pero igualmente toma el riesgo, aunque ello lo haga pasar más de algún mal rato en situaciones que nada tiene que ver con el trabajo. Pero Gonzalo de la Carrera, presidente de Isapre Colmena, está convencido de lo que dice y en este momento su preocupación mayor es el alto nivel de judicialización del sistema ante el alza de los planes de salud, situación que, de acuerdo a su opinión, sencillamente está poniendo en riesgo la viabilidad de la salud privada. En ese contexto, indica que la judicialización que se hace a través de la Superintendencia de Salud, que encabeza Sebastián Pavloviv, no hace más que agravar el problema.
Consalud mandó una carta a la ministra de Salud para explicar el alza en sus planes y expresar su preocupación por la demora en los cambios a la Ley de Isapres, ¿en qué están ustedes?
Estamos visualizando que el país está en grave crisis. Si bien las personas piensan que estamos con un resfrío, realmente el sistema de salud chileno -el público y el privado- está con una bronquitis obstructiva aguda. ¿Y por qué lo digo? Porque el sistema de salud público está colapsado y al sistema privado de salud, que sí funciona, se lo va a llevar la judicialización. Este año en costas se van a pagar $25.000 millones, que será una cifra bastante cercana a las utilidades de las isapres, que habrán bajado al menos un 50%.
Que 10 estudios de abogados se lleven $25.000 millones, lo que indica realmente es que se están llevando la salud del sector privado para la casa. Eso hace que nos planteemos cuánto tiempo más puede durar un sistema donde 10 oficinas de abogados, que inscriben en una página web un RUT sin siquiera tener un mandato de la persona que demanda, tienen la legitimidad social para llevarse la salud del sector privado para la casa.
¿Atenúa en algo los reclamos que se hacen directamente en la Superintendencia de Salud, la que ha destacado que ello no implica costas?
La judicialización que se hace a través de la Superintendencia de Salud agrava el problema, porque aumenta el universo de personas que reclaman. Es más, nos parece que es absolutamente contradictorio el que el superintendente de Salud, por un lado, llame a demandar a las isapres y, por otro, sea juez y parte en la judicialización que él invita a hacer a través de la superintendencia. Parece que la Contraloría debiera tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, no hay ninguna imparcialidad en el tema.
¿No ven señales imparciales de parte del superintendente de Salud respecto a las isapres en este tema de la judicialización o en general respecto a la problemática que enfrenta el sector?
Al superintendente de Salud hace mucho tiempo le hemos llevado una serie de propuestas para resolver de raíz los problemas que afectan el sistema isapre, que son acabar con las preexistencias, la cautividad, la discriminación por sexo, edad o género. Le hemos propuesto fondos de compensación, incluso fijarnos un tope a nuestras utilidades de manera que las alzas de precios no sean vistas como un ánimo de los inversionistas de lucrar, sino de legítimamente obtener una retribución por el servicio que prestamos. Ninguna de las ideas que le hemos llevado al superintendente han sido jamás acogidas.
¿Pero les ha dicho que no o sencillamente no ha habido respuesta?
Ninguna respuesta. Tengo cartas en que le hemos hecho la propuesta concreta, por ejemplo de fijarnos un tope de utilidades como lo hacen otras industrias reguladas, de manera de que efectivamente la opinión pública pueda ver que existe un tope y, por lo tanto, las alza de las isapres sólo responden a lo que ocurre en el sector prestador. Pero hemos llegado al convencimiento que en realidad el superintendente de Salud tiene una agenda distinta y la agenda distinta es que al superintendente le preocupa más acabar con el sistema de salud privado que ayudar a encontrar vías de solución a las 3,5 millones de personas que están adheridas al sistema privado de salud.
¿Y cuáles son esas señales concretas de querer acabar con el sistema privado de salud?
El llamar a demandar al sistema isapre; jamás contextualizar las alzas de precios de las isapres, pese a que él sabe perfectamente el costo real que sufrió cada una de las isapres; falsear la información que le entrega a la opinión pública respecto de variados temas, como, por ejemplo, advertir a la opinión pública que las isapres han cambiado la cobertura de los planes. Jamás se podría haber hecho de esa manera, toda vez que él tiene el deber de fiscalizar y si efectivamente lo hemos hecho, tendría que habernos multado y si no nos multó, es porque no lo hicimos. Entonces, existe un permanente acoso hacia la industria que se manifiesta a través de circulares constantes que él está mandando y que vulneran el espíritu de la ley. Aquí lo que se necesita es una ley nueva, no circulares que transgreden absolutamente el espíritu sobre el cual funciona y que lesionan no sólo el legítimo interés de las isapres, sino que de los afiliados que están detrás de ella.
Ya son cinco años de judicialización y no se han producido los cambios a la Ley de Isapres para ordenar el alza de precios, ¿han recibido una señal distinta de la ministra de Salud?
Me reuní el 22 de junio con la ministra Carmen Castillo, a quien conozco desde la comisión (de la reforma a las isapres). Le hice entrega de las mismas propuestas que meses antes le había hecho al superintendente y otra propuesta adicional que tiene que ver con que las alzas de precios que se anuncien en marzo, se materialicen todas en ese mes, de manera que el sistema sea transparente, y se acabe esta situación de descontento que se produce al estar permanentemente bajo la sensación térmica de que constantemente se están subiendo los precios. Le hice ver a la ministra que la última circular de la intendenta de Salud viola la legislación propiamente tal del AUGE.
¿Cuál es esa última circular?
Es una circular que obliga a las isapres cubrir los costos de traslado de las personas en provincia que necesiten encontrar un especialista. Las garantías AUGE son universales; la superintendencia no le puede pedir al sector isapre que haga algo que no se lo está pidiendo al otro otorgante de la garantía universal que es Fonasa…
¿Y eso no se lo ha pedido?
No se lo ha pedido y, por lo tanto, le hice ver que efectivamente si quieren hacer un cambio de este tipo tienen que hacerlo a través de un decreto AUGE y no a través de una circular. A la ministra le hicimos ver todas nuestras inquietudes y ella nos anunció que el proyecto de ley está en poder de la Presidenta y que es estricto dominio de ella el decir cuándo lo lanza. El proyecto fue prometido por la Presidenta en 2014 para ser enviado al Congreso en diciembre del año pasado, después fue prometido enviarlo en el primer trimestre, después para el segundo trimestre y ahora, según lo que me entero en medios de prensa, se posterga nuevamente hasta septiembre. Lamentablemente el sector público sufre las consecuencias de lo que no se resuelva en el sector privado, lo que es ridículo y si no se resuelve el problema en el sector privado mal vemos que se pueda resolver el desastre que existe en la salud pública y, por lo tanto, nos parece insólito que hayan pasado largos cinco años desde el fallo del Tribunal Constitucional y que los gobiernos que han pasado no hayan estado dispuesto a dar una solución a este problema.
¿Pero ustedes ven un cambio de ánimo en el Gobierno?
Me quedo con lo que la Presidenta prometió. Ella creó una comisión presidencial para la reforma a la salud privada, de la que participé y renuncié por no estar de acuerdo con las conclusiones y el diagnóstico al que se llegó; básicamente, porque el 7% iba a ser ya no de propiedad de las personas, sino que un impuesto y porque las conclusiones de la comisión prácticamente terminaban por sepultar el sector privado prestador, no sólo las isapres, y eso involucra a los médicos y a las clínicas. Nosotros estamos esperando que la Presidenta cumpla su promesa. Pero estamos en el peor de lo mundos, porque mientras aumenta el caos en la salud pública, los $25.000 millones en costas judiciales destruirán la salud privada. ¿Por qué no hay proyecto de ley?
¿Ve que la ministra realmente tiene un tono distinto a lo que ustedes están viendo en el superintendente de Salud?…porque otra cosa es que por parte del Gobierno haya un ánimo de destruir a la industria
Creo en las muy buenas intenciones de la ministra. Ella me manifestó que el proyecto de ley va a permitir la sustentabilidad del sistema de isapres por un largo tiempo; pero los actores que están redactando todo este proyecto de ley, en el cual participa Sebastián Pavlovic, sus hechos dan cuenta de todo lo contrario. Entonces, no nos quedamos en las palabras, nos quedamos en los hechos y en éstos vemos que hay un polo de personas que participan en la redacción del proyecto de ley que quieren terminar con un fondo único nacional de salud y con un Estado único asegurador, único comprador, con un poder monopsónico en la compra de soluciones de salud hacia el sector privado prestador que hoy existe.
“No volveremos a la Asociación de Isapres dado que algunos integrantes tienen clínicas”
¿Qué le parece el cambio de tono que ha tenido la Asociación de Isapres?
Valoro la nueva vocería que ha tomado Rafael Caviedes desde que asumió como presidente de la Asociación de Isapres. Está muy en línea con lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo y él también ha dejado de manifiesto el sentido de urgencia que tiene el que se resuelva el tema de la judicialización, sin perjuicio de que se resuelva oportunamente el tema que da origen a todo esto, que es la discusión sobre la discriminación por sexo, edad, género, la cautividad.
Hubo un tono de discurso que a ustedes los hizo salir de la asociación, ¿este nuevo tono podría hacer que Colmena volviera al gremio?
Nosotros valoramos mucho el discurso de la Asociación de Isapres de reconocer que la salud no es bien de consumo, sino que un bien social y que debe tener un tratamiento distinto, creemos que ha habido un avance. Pero no vamos a volver a la asociación de isapres, porque siempre hemos dicho que el asegurador de salud tiene que ser un socio en la soluciones de salud de sus afiliados, tiene que buscar los mejores contratos al menor precio posible. Dado que algunos de los integrantes de las asociación también tienen clínicas, no parece que nos podamos poner de acuerdo, porque allí vemos que hay un evidente conflicto de interés y, por lo tanto, no estamos en condiciones de volver a sumarnos a la Asociación de Isapres. Sí estamos muy dispuestos a apoyar el discurso de ellos en todo lo que tenga que ver con perfeccionar el sistema.
¿Tampoco se ve un ánimo entre los otros actores de la asociación de eliminar o reducir los niveles de integración vertical?
Bueno, eso depende del proyecto de ley. Nosotros no tenemos idea en que está el proyecto de ley…
…Pero más allá de lo que diga el proyecto. Así como ustedes tomaron una decisión de desintegrarse verticalmente, ¿se ve en los otros actores una señal en ese sentido?
No, no lo percibo. No tengo información, pero no percibo que ellos visualicen que hay un problema de sustentabilidad y de legitimidad que hace que la integración vertical sea mal vista por la opinión pública. Es todo lo que puedo decir.