Entidad plantea que firmas deben costear a afiliados los viajes a otras ciudades para recibir tratamiento.

Por Oriana Fernández G.

Cuando un afiliado a isapres tiene alguna de las 80 enfermedades que están en el Plan Auge -programa que garantiza la atención, plazos y pagos máximos para tratarse-, debe acudir a clínicas o centros de salud que, en ocasiones, están ubicados en una región distinta a la que vive el usuario. Una situación que, a veces, también se repite ante la necesidad de ver a un especialista, operarse o someterse a exámenes clave, debiendo el usuario viajar cientos de kilómetros por vía aérea o terrestre.

La Superintendencia de Salud ha recibido reclamos de parte de afiliados, quienes se niegan a financiar pasajes y alojamiento en otra ciudad. Por ello, el organismo fiscalizador emitió una circular, el 19 de junio pasado, donde se obliga a que las aseguradoras paguen “íntegramente los gastos del paciente que fuesen necesarios”.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, afirmó que se tomó esta decisión porque “se debe velar por el cumplimiento de la garantía de acceso a la atención de los afiliados”, lo que implica que las personas deben recibir las prestaciones por su enfermedad y en un plazo establecido.

La autoridad planteó que el transporte debe ser financiado por la aseguradora debido a la “insuficiencia de convenios que conforman la red de prestadores en las distintas regiones del país”.

Sin embargo, siete de las 13 isapres existentes apelaron a la medida: Cruz Blanca, Colmena, Fusat, Chuquicamata, San Lorenzo y Río Blanco.

Recursos en contra

Gonzalo de La Carrera, presidente de la isapre Colmena, explicó que no se puede cumplir con esta disposición, pues “no se ha valorado cuál es el costo que tiene para incorporarlo a la prima (pago mensual que hacen los usuarios)”, por tener acceso al Auge.

Hoy, el valor mensual que pagan los cotizantes por el Plan Auge en el sistema, oscila entre $ 5.957 a $ 9.164, dependiendo de la firma. De La Carrera calificó como “insólito que el superintendente siga tratando de destruir la salud privada haciendo circulares que lo único que hacen es agregarle costos a las personas”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Consultivo del Plan Auge, Cecilia Sepúlveda, expresó que las isapres “deben asumir ese costo, pues en zonas extremas no tienen especialistas o equipamiento para las personas con enfermedades complejas”. Aseguró que el pago a los pacientes es para ejercer el “derecho a la salud”.

Es el caso de Mauricio Delgado (28), quien vive en Iquique y en abril pasado se le prescribió recibir 10 sesiones radiológicas por un cáncer al testículo. Cruz Blanca, su compañía, designó un centro de salud en Antofagasta a tratarse. Pidió a la Superintendencia que se le pagaran los pasajes ida y vuelta. La compañía respondió que cubrirá ese costo. “Además del dolor por un cáncer y de que una persona enferma deba irse sola a otra región, hay que pagar aún más para mejorarse. No es justo”, dijo Jorge Delgado, su padre. Las otras isapres no se refirieron a esta circular.