El timonel de las aseguradoras dice que terminar con esta barrera de ingreso causaría una fuga de afiliados desde el sector público, que amenazaría el sistema.
Por Oriana Fernández y Gabriela Sandoval.
Como “radicales” y que “harían inviable” la continuidad del sistema de aseguramiento privado califica Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, algunos aspectos de la reforma al sector anunciada por el gobierno.
El proyecto, que ingresaría al Congreso en septiembre, incluye tres planes de salud, a igual precio para hombres, mujeres y ancianos, además del fin de las preexistencias, con un fondo interisapres que reunirá las cotizaciones y las distribuirá según el riesgo de cada cartera, permitiendo así la movilidad de usuarios. La iniciativa, sin embargo, contempla dos puntos que inquietan al sector: la eliminación de la declaración de salud -o filtro para el ingreso de usuarios al sistema- y la creación de un fondo mancomunado, donde afiliados de isapres y de Fonasa aportarían menos del 1% de su cotización para atenciones de salud. Sobre eso, Caviedes dice que el fin de la declaración de salud pone en riesgo la subsistencia de la industria y que el “pozo” común donde participarían todos los beneficiarios es un “impuesto” que podría ser “inconstitucional”, por lo que anuncia que debería ser revisado en su legalidad.
Usted afirma que no se condicen algunos aspectos de la reforma y los dichos del gobierno sobre la permanencia de las isapres…
Si el gobierno quiere que el sector privado siga participando en el aseguramiento, ¿por qué planteó que se elimine la declaración de salud, sin que haya otras propuestas que mitiguen el efecto que eso puede tener? Tampoco es posible que se aplique un fondo mancomunado con Fonasa, porque implica sacarles un porcentaje de su cotización a las personas de isapres y con ello les va a salir más caro asegurarse. Si eso se aplica, el sistema isapre no sería viable, porque no puede hacerse cargo de las enfermedades pendientes en la salud pública.
¿Por qué los afectaría eliminar la declaración de salud?
El sistema público tiene 14 millones de personas, con una carga de enfermedad acumulada. Hay 300 mil personas en listas de espera de cirugía y eso son varios cientos de millones de dólares. Es evidente que las personas que no encuentran respuesta en el sistema público lo traten de hacer en el privado y eso implica traspasarse a las isapres.
¿Cuál es su proyección?
Un 30% de las personas en Fonasa tiene alguna patología crónica o son adultos mayores, es decir, cinco millones de chilenos. Y si un 10% de ese grupo, sin la declaración de salud, se traspasa a las isapres, eso más que duplicaría el costo, por ejemplo, en licencias médicas que ya existe. Entonces, la eliminación de la declaración radicaliza la posición del gobierno y va más allá de lo planteado por la comisión de expertos. Nosotros estábamos actuando con la mejor voluntad de avanzar a la seguridad social e incorporar solidaridad en el sistema, con el fondo de compensación de riesgo y el fin a las preexistencias, pero luego aparecen estas ideas que no hacen viable el sistema privado.
¿Hay contradicciones?
Hay una contradicción vital de la ministra que dice que ‘yo no quiero que las isapres piensen que queremos terminar con ellas’, y por otro lado proponer eliminar la declaración de salud, que termina con el sistema. También hay otra contradicción: queremos que las isapres bajen los costos, pero no queremos que estén integradas. Eso refleja un poco de improvisación en estas medidas y es contradictorio: nos da el mensaje de que podemos estar tranquilos y nos dice que financiemos algo que no se puede. Además que aplicarán un impuesto a las personas con el fondo mancomunado.
¿Por qué ve como un impuesto el fondo mancomunado?
Porque sería un impuesto para afiliarse al sistema isapres. Ese fondo saca algo de la cotización del asegurado para enviarla a Fonasa. Si le sacan un porcentaje, lo tiene que pagar de su propio bolsillo. Algo que siempre ha usado en su salud y de su familia, ahora tendría que traspasarlo a Fonasa.
¿Pedirá que se revise esa medida?
Esta no es la primera vez que se propone destinar un porcentaje de salud para Fonasa. Todos los informes que tenemos dicen que es inconstitucional. Es un tema que hay que someterlo a la prueba de constitucionalidad y, no me cabe la menor duda de que se va a tener que someter a ese proceso.
El sector teme que el fondo mancomunado sea la partida a un seguro único, que se ha planteado como escenario a largo plazo, y que apoyan algunos expertos…
Vemos que se transformaría el Estado en un enorme poder monopsónico, en el único comprador de servicios médicos del país. Uno no puede aspirar a una mejora en los servicios de ese modo.
¿Qué opina sobre prohibir la integración vertical?
Personalmente, creo que la integración vertical en salud es virtuosa, porque permite contener costos, pero hay que regularla bien para evitar que se produzcan posiciones dominantes o, a través de los precios de intercambios entre prestadores y aseguradores se favorezca a algún grupo en particular que pueda tomar una posición dominante. Actualmente, cerca del 20% de las prestaciones clínicas están integradas y el 80% restante que financia el sistema isapre es a entidades que no son relacionadas con el grupo salud.
En el pasado, ya han quebrado isapres. ¿Se sienten amenazados con los cambios?
Si se elimina la declaración de salud, las isapres van a tener que tomar medidas importantes que pueden afectar su estabilidad futura. Por lo pronto, no van a poder crecer. Pero nunca nos hemos puesto en ese escenario, porque implica a mediano plazo la inviabilidad del sistema. Por eso preferimos ni estudiarlo, porque sería estudiar cómo van a terminar las isapres. Es tan monstruoso el riesgo que involucra para el sistema isapre la carga de enfermedad que no ha resuelto el sistema público, que es muy fácil demostrarlo.