Carmen Castillo dijo que los países modernos tienen la mirada de un prestador único, pero que «nosotros lo tenemos muy centrado a largo plazo».
Por Ximena Celedón.
“Lo que nosotros queremos es transmitir tranquilidad, porque el sector privado no va desaparecer”. Ese es el mensaje que la ministra de Salud, Carmen Castillo, envió ayer a las isapres después de la inquietud que despertaron en el sector los lineamientos que dio respecto a lo que contendrá el proyecto de ley que busca perfeccionar la salud privada.
En una reciente entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado dio algunos detalles de la iniciativa que se enviaría en septiembre al parlamento y que, entre otros puntos, considera poner fin a la declaración de salud y el establecimiento de un fondo compartido entre Fonasa y las isapres.
Tras participar en el V Encuentro Nacional de Calidad en Salud, la ministra Castillo indicó que se trata de un trabajo progresivo, por lo que “esperamos que (las isapres) tengan tranquilidad en todo este proceso porque vamos a trabajar en comisiones y esperamos seguir avanzando en este fin social que queremos recuperar para toda la salud del país”.
Explicó que lo que se está proponiendo “es fortalecer un rol más social dentro de este 7%, que es exigido para todos para cotizar en salud. Y esa es la orientación que le queremos dar”. Añadió que en esta etapa de desarrollo como país “creemos que la asociación entre las isapres con un fondo común, que saque y que excluya todo el tema de la discriminación va a permitir avanzar fuertemente en una fórmula para que podamos tener más equidad entre las personas que están dentro del sector privado”.
Respecto al aporte de menos del 1% que los usuarios de Fonasa e isapres harán a un fondo mancomunado y que una aseguradora privada de salud calificó de inconstitucional, sostuvo que se trata de un aporte que se debe definir y tomar el acuerdo en cuanto a lo que se incorporará como algo que sea común para el sector público y privado. “Es algo que a los dos sectores les interesa tener en común, por ejemplo, el tema de los trasplantes, el tema de la parte pre hospitalaria, el tema de la prevención y promoción que el sector privado no lo está fortaleciendo en distintas instancias”, precisó.
Lo otro que ha provocado preocupación en el sector isapre es la propuesta que vendría en el proyecto de ley para eliminar la declaración de salud, así como la posibilidad de llegar a un prestador único que elimine la competencia. En este punto, la ministra señala que “los países modernos tienen la mirada de prestador único y nosotros lo tenemos muy centrado en una mirada a largo plazo, que la evolución del país tendrá que determinarlo”. Sin embargo, añadió que a corto plazo lo que se busca es fortalecer el trabajo entre las isapres y que no sea por enfermedad que una persona no pueda ingresar al sistema asistencial. “Que ello esté incorporado, cuando la persona ingrese la isapre va a recibir más fondos, según el problema de salud que tenga y la población que ellos tengan bajo su responsabilidad”, explicó.
Consultada por los efectos que está teniendo en las isapres el aumento de la judicialización, la ministra Castillo puntualizó que desde afuera el ministerio ve que es un problema para el sector privado. “Por lo tanto, esperamos que con esta fórmula de trabajo en el proyecto de ley se pueda subsanar, con esta equidad y mayor posibilidad de evitar la discriminación. Creemos que eso disminuirá enormemente el riesgo de demandas judiciales”, sostuvo.