Larraín advirtió que reforma laboral tendría un impacto negativo de hasta US$ 1.700 millones en recaudación fiscal.
Por Juan Pablo Palacios.
Ayer la Comisión de Trabajo del Senado cerró el proceso de presentación de actores interesados en exponer sus observaciones al proyecto de reforma laboral del Gobierno.
La clausura de este debate tuvo entre sus protagonistas a dos ex ministros de Hacienda: Andrés Velasco y Felipe Larraín.
El primero en exponer su visión fue el líder de Fuerza Pública, quien planteó de entrada que la reforma “avanza en algunas dimensiones, pero también tiene carencias importantes”.
Aseguró que “a Chile le hace falta una reforma laboral, pero una que sea amigable con el empleo y especialmente para las mujeres y jóvenes, porque ahí están las mayores deficiencias”.
El economista indicó que tiene sentido prohibir el reemplazo con trabajadores externos, pero “dejar expresamente establecido que sí se permite el reemplazo con trabajadores internos”.
“Habrá que hacerlo bien porque también se puede prestar para abusos y que quede claro, por ejemplo, que en la descripción de las funciones que esa persona va a ejercer -en el contrato-, estén aquellas que podría asumir en caso de reemplazo”, recalcó.
Velasco propuso que en las medianas y pequeñas empresas se permita una mediación forzada luego de 15 días de huelga.
Además, criticó que “si un sindicato va a negociar colectivamente, no tiene ningún sentido que los beneficios de esa negociación no se les extienda al resto de los trabajadores. Es incomprensible que haya trabajadores que estén en la misma planta, en el mismo taller, haciendo la misma función y no tengan el mismo sueldo”.
En cuanto a los pactos de adaptabilidad, el economista precisó que se deberían hacer con menos trabas, por ejemplo, que no requieran un quórum especial en el caso de las pymes, explicó.
El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, propuso también permitir “reemplazar internamente a los trabajadores” paralizados, “al momento de rechazar la última oferta del empleador.
“Proponemos conciliar los objetivos que la huelga sea una herramienta legítima de negociación y al mismo tiempo no paralizar el proceso productivo”, señaló.
Enfatizó que “hay pocos países en la Ocde que permiten el reemplazo externo, eso es así. Algunos son Alemania, Chile, Estados Unidos, Reino Unido. Lo notable es la unanimidad de países que sí permiten el reemplazo interno”, precisó. “Impedir el reemplazo interno nos puede dejar en una realidad similar a la que hemos quedado luego de la reforma tributaria, con un sistema que es único en el mundo. Sugiero en esta materia no tratar de innovar ni ser tan originales, y dejarnos junto con México como el único país de la Ocde que no tiene reemplazo externo ni interno”.
El director de Clapes UC estimó además que la reforma tendría un importante impacto negativo en el empleo, proyectando una pérdida de 150.000 puestos de trabajo si se apueba el fin del reemplazo en huelga y “la sindicalización forzosa”, como define la no extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados.
Asimismo, citó un estudio de Clapes UC que plantea que el proyecto de ley tendrá un efecto en la recaudación fiscal del país que, a su juicio, debiese considerarse en el informe financiero de la reforma.
“Esto puede costar, en términos de recaudación anual, entre US$568 millones y US$1.700 millones, dependiendo de cuál sea el incremento de salarios no generados por productividad”, señaló.
En la sesión de ayer de la Comisión de Trabajo también expuso el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, quien planteó la idea de mantener el reemplazo en huelga externo e interno en las pymes y elevar la quórum para la constitución de sindicatos en las firmas de ese sector.