La cartera liderada por Rodrigo Valdés busca mecanismos que eviten una excesiva prolongación de las paralizaciones.

Por Nicolle Peña, Carlos Agurto y César Valenzuela.

Desde el arribo de Rodrigo Valdés al Ministerio de Hacienda, en mayo de este año, los conceptos de gradualidad y proporcionalidad han sido parte central del mensaje del jefe del equipo económico, respecto de la orientación de la reforma laboral, actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado.

Al interior del gobierno y el oficialismo no son pocos los que subrayan el protagonismo que en las últimas semanas asumió Teatinos 120 en el análisis de posibles indicaciones al proyecto de ley, un terreno hasta entonces reservado, principalmente, al Ministerio del Trabajo. Esta semana de hecho Hacienda anunció la incorporación a su staff técnico al abogado PS Roberto Godoy, ex asesor de Trabajo y uno de los responsables de la redacción del proyecto.

Según fuentes de gobierno, la labor de Hacienda ya muestra resultados concretos. Así, la cartera evalúa una propuesta para permitir el descuelgue de trabajadores durante una huelga. Agregan que ello bajo la convicción de que se debe incorporar un mecanismo para evitar que la huelga se prolongue excesivamente en el tiempo.

El proyecto de reforma laboral prohíbe hasta ahora ese descuelgue, el que sí está previsto hoy en el artículo 381 del Código del Trabajo. Según éste, cuando un empleador cumpla con las condiciones que lo facultan para el reemplazo de trabajadores durante una huelga -entre otros, el pago de un bono por cada trabajador reemplazado-, los trabajadores también “podrán optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho efectiva la huelga”.

La cartera aún estudia las fórmulas para viabilizar ese descuelgue. Una de ellas, es que transcurrido un plazo (aún por definir) el sindicato someta a votación de sus afiliados la decisión de continuar con la huelga o poner fin a ella. Sobre cierto nivel de quórum se pondría fin a la huelga. También está la alternativa de permitir el descuelgue de quienes voten para volver a trabajar.

Reemplazo

Pero no sería el único cambio que busca impulsar Hacienda. ¿El otro? permitir de manera explícita el reemplazo interno de trabajadores en huelga.

El proyecto de reforma laboral contempla en su capítulo VI que se prohíbe el reemplazo de los “puestos de trabajo” de los trabajadores en huelga. Aunque el objetivo manifiesto de la reforma es impedir que las empresas contraten personal externo para desempeñar la labor de los trabajadores movilizados, hay quienes interpretan que el concepto “puesto de trabajo” se traducirá en la práctica en una restricción adicional que impedirá que otros trabajadores de la misma empresa -por ejemplo de un sindicato no paralizado- puedan desempeñar de manera normal sus labores, a riesgo de infringir la prohibición del reemplazo.

Por ejemplo, en el caso de una compañía en que el sindicato de secretarias vota e inicia una huelga, de acuerdo al proyecto esas funciones no podrían ser desempeñadas, aunque sea parcialmente, por ningún otro trabajador. Pero al mismo tiempo no habría forma de controlar en la práctica que, por ejemplo, otro trabajador pueda contestar el teléfono o recibir un mensaje.

Esto ha generado una serie de interpretaciones, que van desde que la ley es clara en prohibir el reemplazo tanto externo como interno, por lo que el caso de un trabajador que conteste el teléfono de una secretaria en huelga, pueda ser considerado como una “práctica antisindical”. Mientras otros, entre ellos, el nuevo asesor de Hacienda, Roberto Godoy, y el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, han insinuado anteriormente que esta definición abriría espacio a interpretaciones que terminarían con la judicialización de los casos.

Fuentes de gobierno señalan que en Trabajo son partidiarios de que el proyecto mantenga su concepción general, tanto en el reemplazo con el descuelgue. Se espera que estas propuestas sean abordadas hoy en una reunión de las carteras en La Moneda.

Este jueves el ministro Rodrigo Valdés, tras participar de un encuentro en Cieplan, evitó dar detalles de las conversaciones. “Hay una serie de conversaciones sucediendo estos días y creo que no contribuye en nada que yo haga declaraciones de cómo van esas conversaciones hasta que estén listas”.

Nueva Mayoría

La visión de Valdés tendría el respaldo de algunos senadores de la DC. “Nosotros como Democracia Cristiana vamos a apoyar este proyecto. (…) Pero hay muchas definiciones en la discusión en particular, en la ingeniería de detalles que requieren una buena conversación entre el gobierno, el parlamento y los partidos y, por qué no decirlo, entre gobierno y la oposición para resolver bien el tema laboral”, dijo el senador demócratacristiano Ignacio Walker.

La posibilidad de incorporar el reemplazo interno también atrae a un sector del PPD, encabezado por Ricardo Lagos Weber. “Yo estoy porque tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en un proyecto de reforma laboral que mejore sustantivamente la realidad actual. El proyecto que salió de la Cámara de Diputados creo que es perfectible y si eso significa discutir sobre la sustitución interna como otros países de la Ocde creo que amerita discutirlo”, aseguró esta semana el legislador.

No obstante, en el seno de la Comisión de Trabajo del Senado, los parlamentarios Juan Pablo Letelier (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD), han sido enfáticos en señalar su postura contraria a modificaciones en esta materia. De hecho, los miembros de la Comisión se reunieron con Valdés y Rincón para hacerles saber que no estarían de acuerdo con eventuales cambios que retrocedan en lo que ya avanzado.

Al interior de la Comisión entienden que hayan diferencias, pero esperan que los eventuales cambios al proyecto se puedan discutir durante la etapa del debate en particular, tras la votación en “general” del próximo martes 18 de agosto.

“Si hay matices u otras visiones, tendrán que debatirse públicamente, de cara a los trabajadores. Esto no puede ser una cocina”, señaló la senadora Muñoz.