A partir de este mes:
Por ley, las compañías están obligadas a hacer una evaluación a más del 70% de sus empleados, y de haber escenarios de riesgo psicosociales para ellos, generar intervenciones.
Por María de los Ángeles Pattillo.
Cualquier situación o estado que sea consecuencia de la organización del empleo, y que tiene una alta probabilidad de afectar la salud física, social o mental de las personas, es considerado un riesgo psicosocial. El exceso de exigencias psicológicas en el trabajo, la falta de posibilidades de desarrollo o la interferencia del trabajo en la vida familiar son algunos de los factores de riesgo identificados por el Ministerio de Salud (Minsal).
Para manejar estos escenarios, dicho organismo generó un protocolo que incluye un período de sensibilización, la aplicación de un cuestionario de evaluación y la intervención a los problemas que se encuentren. «Así como todas las organizaciones están llamadas a adaptarse a los nuevos desafíos productivos, también deben ser capaces de incorporar procesos de gestión en beneficio de la salud de sus trabajadores», destaca Cristián Villarroel, sociólogo y asesor técnico del departamento de salud ocupacional del Minsal.
Multas de hasta dos mil UTM
Las medidas se deben adoptar en todas las empresas, independiente del número de trabajadores, y a partir de septiembre la Seremi de Salud comenzará con las fiscalizaciones de su correcta aplicación. Para Daniela Campos, jefa técnica del departamento de riesgos psicosociales de la AChS, esta iniciativa significa un giro en el tratamiento de la salud de los trabajadores: «Además de prevenir los accidentes físicos y químicos, las empresas ahora se están preocupando por la salud mental».
En caso de no realizar las evaluaciones o intervenciones, la empresa se expone a multas de una a mil UTM, cifra que puede llegar a las dos mil UTM en segunda instancia. El cuestionario es de carácter voluntario para los trabajadores, pero para que sea efectivo debe ser respondido por el 70% de la plantilla. Para Juan Andrés Pucheu, psicólogo laboral y académico de la U. Católica, la herramienta es poco efectiva: «Estos cuestionarios son de un corte bajo. Estamos buscando un trato para evitar niveles de violencia notorios, pero no estamos buscando que haya más gente deseosa de hacerlo bien».
Los cambios, agrega Daniela Campos, deben ser profundos, implementando procedimientos de denuncias y políticas certeras que incluyan sanciones de ser efectivas dichas denuncias. Según explica Villarroel, los niveles de intervención van desde modificar y eliminar las fuentes de estrés, detectar los grupos de riesgo y generar estrategias para minimizar los efectos de los problemas que ya están teniendo lugar en la organización.
Según Pucheu, los trabajos en Chile en general son de servicios y por su naturaleza requieren de una alta exigencia emocional. «Si hay trato con clientes, por ejemplo, con un poco de estrés se pierde efectividad», dice.