Estudio de la consultora en salud Altura Management:

Análisis plantea que al destinar recursos a ese fondo, los seguros privados tendrían que subir sus precios 4% para ofrecer los beneficios actuales.

Por Nadia Cabello.

La creación de un fondo común, con aportes de la cotización obligatoria de salud (7%) de los afiliados a isapres y a Fonasa, es uno de los aspectos que está considerando el Gobierno en su reforma al sistema de salud privado. Esta, según comprometió la ministra de Salud, Carmen Castillo, debería ser enviada al Congreso antes de fin de año para comenzar su tramitación legislativa y estar aprobada -según los planes de la secretaria de Estado- antes de que termine el período Presidencial en marzo de 2018.

Para saber cómo impactaría esa medida en la industria y en los afiliados, la consultora en salud Altura Management simuló que sucedería si, tal como se ha planteado, se mancomunan 0,4 puntos de la cotización obligatoria para destinarlos a financiar lo que quienes trabajan en la reforma han denominado «bienes públicos», que serían los trasplantes, rescates de emergencia y terapias de alto costo.

Sus conclusiones mostraron que del total del dinero que reúnen las aseguradoras por las cotizaciones de sus afiliados, $84 mil millones deberían ser destinados a ese fondo común al año.

Y si bien parte de ese dinero debería retornar a las isapres cuando deban financiar las atenciones antes señaladas que sus afiliados requieran, la consultora asegura que al dejar de recibir íntegramente el 7%, las isapres no podrán ofrecer los mismos beneficios de los planes actuales y, para hacerlo, deberán subir sus precios 4%.

Eso, de acuerdo al análisis, tendría un impacto en los afiliados, pues una parte de ellos no podría o no estaría dispuesto a pagar más para mantener las mismas coberturas que tienen actualmente y serían incentivados a cambiarse a Fonasa.

En el estudio se plantearon tres escenarios distintos: uno «optimista», otro «realista» y un tercero «pesimista». En todos ellos, los más afectados serían quienes tienen remuneraciones inferiores a $500 mil, pues habría entre 98 mil y 272.036 beneficiarios -dependiendo del escenario propuesto- que podrían migrar al seguro público (ver infografía).

La directora de Altura Management, Victoria Beaumont, explica que el traspaso de esos $84 mil millones al fondo común son una cifra importante para las isapres -«equivalen a 1,4 veces sus ganancias del año pasado», dice-, pero no implicará un beneficio significativo para el sistema en su conjunto.

«En forma práctica, este monto alcanza para financiar seis días del gasto que Fonasa realiza en sus afiliados», afirma y agrega que «el objetivo del fondo común es un cambio de modelo progresivo hacia una seguridad social de reparto, pues no es justificable como una medida que aporte fondos significativos al sistema público. Es la gente la que pagará los costos de esta modificación del modelo».

Impacto en la industria

Este análisis es parte de los antecedentes que maneja la Asociación de Isapres para argumentar al Ejecutivo por qué se oponen a la creación del fondo común pues, además, ha trascendido que la idea del Gobierno es que con el tiempo este vaya tomando una mayor porción de la cotización obligatoria, lo que según la gremial, terminaría con el sistema.

«El Gobierno nos ha manifestado su buena voluntad de estudiar estos temas, pero no tenemos más información que esa», dijo el presidente de las isapres, Rafael Caviedes, quien agregó que «si hay un mal diseño se puede provocar un daño muy grande».

La misma opinión tiene su par de Clínicas de Chile, Alfredo Schönherr, quien postula que «la creación de un fondo mancomunado llevará indefectiblemente a un aumento de los costos de la salud para una gran cantidad de población que deberá pagar más para mantener su cobertura actual de salud».