Según la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de enfermedades de alto costo, o «Ley Ricarte Soto», para que un médico o un establecimiento pueda diagnosticar, tratar o hacer el seguimiento de un paciente debe estar acreditado.

Esa fue la forma de asegurar la calidad de los prestadores, convenida durante la tramitación de la ley, y por ello se fijaron estándares que los centros de salud deben cumplir y certificar ante una comisión de aprobación de prestadores.

Pero hasta el 26 de noviembre nadie se había acreditado. Y como la entrada en vigencia de la ley era inminente -ocurrió ayer-, el Ministerio de Salud modificó los estándares exigidos a los prestadores.

El cambio, vía decreto exento, dice que en los tres primeros meses de vigencia de la ley, hasta el 4 de marzo, bastará que el director de un establecimiento envíe una declaración jurada a la comisión asegurando tener las condiciones para diagnosticar, tratar o seguir determinada enfermedad. Si la comisión la aprueba, el prestador queda acreditado.

«La comisión evalúa y aprueba según la declaración y los conocimientos que tiene de ese centro», explica la subsecretaria de Redes Asistenciales (s), Gisela Alarcón. Eso sí, agrega, «eso es para acelerar el proceso, porque igualmente tienen que mandar los antecedentes en un plazo de dos meses. Si no cumplen, se retira la aprobación». Afirma que ya hay 37 centros acreditados.

Cuestionamientos

Para la diputada Karla Rubilar (independiente), «esto es una prueba más de que echaron a andar la ley contra viento y marea. Estamos ante una flexibilización extrema de los criterios que se plantearon para asegurar la calidad de las atenciones».

Los pacientes también tienen dudas. Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, dijo que «si bien está vigente legalmente, para nosotros no va a entrar en vigencia hasta que un paciente no sea diagnosticado, tratado y tenga su medicamento (…) Hasta ahora, nadie sabe cómo va a funcionar esto».

María José Jullian, vocera de los pacientes con esclerosis múltiple, planteó que «se está poniendo en marcha blanca un nuevo sistema y se está trabajando sobre el ensayo y error».

En tanto, como la ley también introdujo nuevas regulaciones al mercado farmacéutico (prohibió incentivos asociados a la venta de medicamentos), la industria debe ajustarse; por ejemplo, eliminando los bonos que reciben los empleados por vender algunos medicamentos.

Salcobrand informó que cambió el esquema de remuneraciones de sus empleados e incluyó un pago por cliente atendido y calidad de servicio, pero sin relación con la venta de remedios.

 

Fuente: El Mercurio