La dificultad de las isapres por reajustar el precio de sus planes base de salud se ha transformado en el mayor escollo para la viabilidad del sistema, según plantean las aseguradoras.

Se señala que el proceso de judicialización de las alzas de precio ha puesto en jaque a la industria, debido a que sólo para fines de 2015 se espera paguen cerca de $18 mil millones en costas. Para los cotizantes existen dos vías para reclamar ante el alza de planes. Uno es a través de una demanda arbitral y otro por medio de un recurso de protección.

La diferencia es que el primero se efectúa ante la Superintendencia de Salud, mientras que el segundo por medio de un escrito que presenta un abogado ante la Corte de Apelaciones de cada región. A la fecha son cerca de 30 mil los recursos de este tipo que han debido ser resueltos por parte de tribunales de alzada, acumulando fojas y complejizando el sistema y de paso generando una industria del litigio.

Por otra parte la modalidad de arbitraje del regulador de salud ha exhibido un relevante crecimiento desde que el superintendente del ramo, Sebastián Pavlovic, hiciera un llamado en marzo de 2014 para que los cotizantes denunciaran y se informaran por el organismo, situación que también decantó en la ampliación de jurisprudencia de la institución que comenzó a asumir todos los reclamos de los cotizantes, situación que antes correspondía sólo a los afiliados cautivos dentro del sistema, por ejemplo en el caso de pre existencias.

De esta forma, mientras en el período de junio de 2012 a marzo de 2014 se recibieron sólo 1.157 reclamos por alzas, desde el mismo mes de 2014 hasta noviembre pasado habían ingresado 11.681. De ellos, 10.406 reclamos fueron resueltos. Sólo en el caso de Colmena se anticipa que cerrará 2015 con cerca de 2.500 procesos de este tipo en circunstancias que en 2014 no eran más de 400.

Frente a los procesos de judicialización, abogados ligados a los recursos aseguran que el futuro de la industria es “oscuro”, puesto que el sistema está asumiendo costos que lo harían inviable en los próximos dos años. Más aún, si se considera que la incertidumbre del sector no acaba, pues el Ejecutivo ha anunciado un cambio a la actual ley que rige a las isapres, pero sin entregar aún los lineamientos definitivos sobre cómo se enfrentarán los ajustes de precio. En la industria acusan discriminación en contra de un sistema que a pesar de los bemoles ha mostrado ser eficiente para la gran mayoría de los chilenos.

EL ARBITRAJE.
El proceso de arbitraje ante la Superintendencia de Salud se debe efectuar tres meses antes del cumplimiento de la anualidad contractual. Dicha entidad asume el rol de tribunal arbitral, y en contra de su resolución procede un recurso de reposición ante la misma Superintendencia.

La primera sentencia la dicta la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Nidia Contardo. En este caso a partir de agosto del año pasado, cuando cambia la jurisprudencia y comienzan a acoger la totalidad de los reclamos de los filiados, son las isapres las que ingresan recursos de reposición.

Pavlovic: “Es el reflejo de la forma en que han operado las isapres”

Uno de los actores que ha sido más crítico respecto al rol de las isapres en el ajuste de planes de salud ha sido el superintendente del ramo, Sebastián Pavlovic. En ese sentido, explicó que la judicialización es el reflejo de la forma en que han funcionado las isapres durante muchos años: “Siendo un fenómeno relativamente reciente es el reflejo de problemas de legitimidad del sistema desde hace muchos años por la forma en que han ejercido su facultad de ajustar precios”.

Para Pavlovic, el crecimiento de las cifras de arbitraje no responde a solucionar los problemas de la isapres en tribunales, sino más bien hacerse cargo de un síntoma de un problema más profundo. “Lo que nosotros queremos resolver son los aspectos de funcionamiento de mercado.

En la intervención de la Superintendencia de Salud en esta materia hemos tenido el respaldo de los tribunales, las isapres presentaron cientos de recursos en tribunales en contra de esta superintendencia por el ejercicio de la facultad de arbitraje y los tribunales nos han respaldado”, señaló .

Uno de las elementos que más han advertido las isapres ha sido la posibilidad de quebrar si es que no se pone fin a la judicialización. Frente a ello el regulador de salud es enfático en afirmar que se monitorea permanentemente los resultados de las isapres. “Que ocurriera algo así sería muy difícil de explicar, sobre todo cuando se trata de un sistema que ha tenido utilidades cuantiosas los últimos 10 años, que incluso en 2014 tuvo ganancias por encima del promedio de la última década, frente a lo cual varias isapres hacen reparto del 100% de sus utilidades, incluso en el primer semestre de este año”, destacó.

“Un sistema que maneja el equivalente de más de la mitad de los recursos que se recaudan por cotizaciones es muy difícil de imaginar que quiebre. Además cuando uno ve el contexto de cada una de las isapres hay situaciones distintas, por eso acusar a la judicialización de la causa no nos parece que sea correcto”, concluyó.

 

Fuente: Pulso