La Contraloría rechazó la petición que hizo el Ministerio de Obras Públicas, respecto de poner fin al proceso de concesión del Hospital Sótero del Río en Puente Alto, argumentando que la forma como lo solicitó, mediante decreto, no es el procedimiento reglado para hacerlo. El recinto asistencial, adjudicado a la empresa española Ferrovial, en febrero de 2014, fue uno de los hospitales cuyo proceso de concesión para su construcción, para ser financiados directamente por el Estado, fue interrumpido cuando asumió el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Entre las gestiones realizadas por el gobierno para bajar esa concesión está la solicitud del MOP a la Contraloría. Mediante un decreto, se pidió dejar sin efecto el contrato de adjudicación, poner término al proceso de licitación y devolver las garantías entregadas por la empresa en dicho proceso.

Esta petición “a objeto de efectuar nuevos análisis en relación con pago variable por cada día cama, así como las superficies a construir en el marco de dicha obra”.

Sin embargo, mediante un dictamen, fechado este 11 de diciembre, la Contraloría dictaminó que no dará curso a la solicitud del gobierno. “Poner término al proceso de licitación, a través del sistema de concesiones, de la obra pública fiscal denominada Hospital Sótero del Río, sin vincularlo, con algún modo previsto al efecto en el ordenamiento aplicable, máxime si se considera el carácter reglado del procedimiento de que se trata y lo establecido en el Título III -Licitación y Adjudicación- del antes citado Reglamento, y especialmente lo dispuesto en su artículo 28”, señala el dictamen.

Para el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, esto “es un triunfo y un gran regalo de navidad. Después de tanto luchar fui uno de los grandes defensores de que el Sótero tiene que construirse”. El edil criticó el hecho de que el gobierno haya tenido dos años congeladas las políticas de salud “en el hospital más grande de Chile, y que finalmente sea por secretaría que tenga que verse obligado a construirlo”. Para el senador RN Manuel José Ossandón “esta resolución demuestra la improvisación de la salud y la incapacidad que hay en el Ministerio de Salud”.

Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Juan Luis Castro (PS), este dictamen “no constituye una toma de razón de parte de la Contraloría, que es el único fallo jurídico que permitiría pasar a un modelo concesionado. Por tal razón, Salud me ha informado que pedirán la reconsideración de este dictamen al nuevo contralor, el señor Jorge Bermudez”.

La diputada Karla Rubilar sostuvo que “estos dos años transcurridos son imposibles de compensar, pero ahora sí iniciarán su construcción”. Su par de la UDI, Javier Macaya, dijo que hubo un “capricho que perjudicó por dos años la salud de los santiaguinos”.

 

Fuente: La Tercera