En octubre pasado la Presidenta Michelle Bachelet lanzó la campaña «Chile necesita más médicos y especialistas: Incorpórate al sistema público de salud». En la oportunidad, un par de facultativos se acercó a la Mandataria y la increpó, pidiéndole que el Gobierno cumpla con sus compromisos.

Se trataba de médicos que participaron en un programa especial de formación de especialistas para la atención primaria (Foreaps) entre 2008 y 2011, que hoy acusan que al terminar ese programa se les está exigiendo trabajar más tiempo del estipulado en el convenio que firmaron cuando comenzaron la beca.

Sin lograr acuerdo con el Gobierno, algunos acudieron a la justicia y actualmente esperan que la Corte Suprema resuelva su futuro.

El conflicto

La historia se remonta a 2008, cuando se creó el programa Foreaps, que consistía en que los profesionales trabajarían tres años en consultorios y tres en hospitales de manera intercalada y, a diferencia de lo que ocurre con las otras becas de formación que entrega el Estado, no tendrían que «devolverla» trabajando un período asistencial obligatorio en el sistema público. En total, 280 facultativos participaron en esta iniciativa.

Los problemas surgieron a fines de 2013, cuando el servicio de salud Araucanía Sur quiso que médicos de la primera generación que ingresó al programa, que estaban por terminar la beca, la devolvieran trabajando tres años más en el servicio.

Los facultativos aludidos alegaron que eso nunca estuvo en las bases y pidieron a Contraloría que se pronunciara. Ese organismo a través de un dictamen dijo que el programa Foreaps nunca se ajustó a la norma vigente y que el pago de la beca sería necesario.

Desde entonces los servicios de salud y los médicos del programa han sostenido conversaciones respecto de cómo resolver el problema. Hasta ahora a nadie se le había exigido formalmente el pago del beneficio.

Eso cambió este año, cuando el servicio de salud Valparaíso-San Antonio notificó a seis médicos que deben comenzar en abril próximo su período asistencial obligatorio de tres años.

«Nosotros nos basamos en el dictamen de Contraloría que nos obliga a hacer cumplir la ley, que dice que los médicos que estudian financiados por el Estado tienen que devolver la beca trabajando en el sector público», explica el director del servicio de salud Valparaíso-San Antonio, Dagoberto Duarte.

Pero la vicepresidenta de Residentes Chile y vocera de los «médicos Foreaps», Natalia Henríquez, sostiene que «hasta ahora nadie había obligado a los médicos a devolver, sino que se ha estado en conversaciones porque todos sabemos que la situación de este programa es excepcional. Lo que pasó ahora es que se está actuando sin ninguna contemplación».

La situación se complica porque por ley, quienes no cumplen con la devolución de una beca deben pagar una multa de 5.400 UF, unos $138 millones.

Con ayuda de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (Falmed), cuatro de los facultativos requeridos por el servicio de Salud Valparaíso-San Antonio interpusieron recursos de protección en la Corte de Apelaciones de esa ciudad, que el 2 de diciembre falló dando la razón a los médicos.

Sin embargo, una semana después el servicio de salud decidió apelar y ahora es la Corte Suprema la que deberá definir qué ocurre con los especialistas.

Sergio Rojas, presidente de Falmed -donde se creó una oficina especial para defender a los médicos en este tema- considera que «aquí hubo inconsistencias en los reglamentos hechos por las autoridades, que implicaron que a los médicos les hicieron un tipo de reglamento y luego les cambiaron las reglas del juego», y agrega que «creemos que eso no puede ser, sobre todo porque no siendo responsabilidad de los médicos, ellos hicieron todas las gestiones, acudieron a nosotros, fuimos al ministerio, presentamos una propuesta para rectificar el reglamento y nunca tuvimos respuesta».

Desde el otro lado, Duarte dice que «lo que nosotros planteamos es la igualdad ante la ley. Todos los médicos que obtienen el beneficio de estudiar financiados por el Estado deben devolver la beca».

Consecuencias

A juicio de los involucrados, la resolución que tome la Corte Suprema no solo afectará a quienes presentaron los recursos de protección.

Henríquez dice que «se puede sentar precedente y terminar con los 280 médicos afectados judicializando su situación. No es algo que queramos, pero podría ser la única solución».

Además, advierte que «hay una pérdida de confianza. Cómo se les puede pedir a los médicos que se interesen en el sistema público cuando el Estado no cumple con nosotros. Sabemos que faltan profesionales en la salud pública, pero si yo trabajo ahí es porque quiero, no porque me obliguen».

En tanto, Duarte dice que «nuestro interés por esos médicos es porque los contábamos en nuestra planificación para llevar adelante acciones sanitarias. Sin ellos, quedamos en déficit para atender a los pacientes».

 

Fuente: El Mercurio