Con asombro y desazón he leído las declaraciones del superintendente de Salud publicadas ayer en «El Mercurio». En efecto, la autoridad señala que las isapres han descartado la creación de un IPC de la salud y que habría planteado un esquema de distintos factores que tampoco habría sido considerado por las isapres.
Lo planteado por el superintendente no es efectivo, como la opinión pública puede constatar por los reiterados planteamientos que hemos divulgado en los medios, solicitando que se elabore un indicador que dé cuenta de la variación de los costos de la salud y que la Superintendencia informe a los Tribunales sobre esto. Asimismo, se han propuesto, a esa misma autoridad, mecanismos para aumentar la movilidad de los cotizantes y un procedimiento regulado de adecuación de precios, todo lo cual demuestra nuestro apoyo a acciones que van en tal sentido.
La realidad es muy diferente. Ha sido la propia autoridad la que no ha recibido positivamente nuestros planteamientos ni los ha puesto en funcionamiento, para dar así mayor información y transparencia al público en general, a los cotizantes y a los Tribunales, buscando corregir la insólita y creciente judicialización que registra el sistema privado de salud. Creemos que la opción seguida actualmente por la Superintendencia de Salud, al definir explícitamente no participar en la búsqueda de soluciones para la situación de judicialización vigente, daña a los beneficiarios del sistema de salud y arriesga graves consecuencias para estos en el futuro.
Carta de Rafael Caviedes D., Presidente Asociación de Isapres
Fuente: El Mercurio