La ministra de Salud, Carmen Castillo sostuvo ayer que las sociedades médicas que prestan servicios en los distintos hospitales públicos, “se están estudiando para ir transparentándolas y viendo cómo están efectuando su quehacer”.

La secretaria de Estado agregó que “no se pueden avalar” situaciones como las ocurridas en el caso de los ginecólogos de Ñuble, que esta semana fueron condenados por la Corte Suprema por concertar y ejecutar un acuerdo para fijar un precio mínimo a sus consultas médicas y procedimientos, a través del sistema privado de salud, en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos.

A propósito de la resolución, la subsecretaria de Redes Asistenciales (s) del Minsal, Gisela Alarcón, confirmó, además, que la cartera está revisando los antecedentes de las empresas que prestan servicios clínicos al sector público. Para ello, agregó que se ha instruido a los directores de los servicios de salud de todo el país para que revisen las regulaciones al interior de los hospitales y las compras y pagos que se han efectuado a privados en el tiempo, con la misión de “investigar toda situación que pueda parecer no apegada a lo que corresponde. Se están reuniendo antecedentes para definir acciones futuras”.

Rechazo generalizado

El fallo de la Corte Suprema, del pasado jueves, confirmó las multas impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra 25 ginecólogos -de los 26 que se desempeñaban en la zona- y que deberán pagar cerca de 43 millones de pesos. También ordenó la disolución de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia de Ñuble (Aggoñ), que los agrupaba y que, según el máximo tribunal “intervino directamente y de manera principal en los actos contrarios a la libre competencia que se han tenido por demostrados en estos autos, a lo que se suma que en torno a ella se articuló el completo comportamiento colusorio reprochado, motivos más que suficientes para ordenar su disolución”.

Según los datos de la Fiscalía Nacional Económica, los ginecólogos de la Aggoñ, acordaron el 23 de noviembre de 2011, a través de la primera asamblea de dicha asociación “poner término de forma conjunta a los convenios individuales vigentes hasta la fecha entre cada uno de los asociados y las distintas isapres y establecer un arancel mínimo para consultas y para honorarios médicos quirúrgicos”, señala el fallo.

Así, el precio mínimo de sus consultas médicas se fijaron en una suma igual o mayor a $ 25.000, pese a que, previo a esa fecha, los valores oscilaban en torno a $ 13.000. En el caso de las prestaciones quirúrgicas “el factor se incrementó desde un arancel que oscilaba alrededor de los valores de Fonasa Nivel 1 por 3.0, a un factor fluctuante entre 4.0 y 4.4”, dice el escrito.

Ayer, el Colegio Médico condenó los hechos. “Acá hay una sentencia dictaminada por la Corte Suprema que tendrán que acatar quienes han cumplido la infracción”, sostuvo Adelio Misseroni, abogado de gremio, quien añadió que la agrupación “no ampara tales infracciones”.

El abogado sostuvo que, como Colegio Médico, estiman que es “jurídicamente factible que se agrupen y puedan negociar con las isapres, para contrarrestar su poder negociador pero, sin duda, los médicos cometieron errores”.

Claudio Santander, Presidente del Grupo de Empresas Mavida, calificó los hechos como “graves”, indicando que estos hechos “obligan a la autoridad a tener una fiscalización más permanente”. Santander, además, manifestó que “este tipo de actitudes es condenable, no las comparto y deben ser evitadas para dejar de dañar a las personas”.

La sentencia contra los ginecólogos de Ñuble, se suma al fallo de la Corte Suprema de 2008, donde se confirmó una sentencia contra 74 médicos de Punta Arenas, de diversas especialidades, que fueron sancionados por incurrir en prácticas contrarias a la libre competencia.

 

Fuente: La Tercera