Un extraño traspaso de recursos realizó a fines de 2015 el Ministerio de Salud en la Región de La Araucanía. El 30 de diciembre, 21 municipios fueron informados por el Servicio de Salud Araucanía Sur que la cartera había hecho una remesa por poco más de $1.151 millones: $199 millones para «Reforzamiento a la Atención Primaria» y $952 millones por concepto de «Refuerzo 2015».
Los dineros fueron entregados para ser gastados en los consultorios en programas como atenciones odontológicas, prestaciones oftalmológicas y cuidados para pacientes postrados, entre otros.
Sin embargo, el 18 de enero, el Servicio de Salud se puso nuevamente en contacto con las municipalidades, para pedir de vuelta $741 millones.
El correo electrónico, al que tuvo acceso «El Mercurio», dice que «dado que esta remesa la giró Minsal (Ministerio de Salud) el día 30 y no tiene respaldo de convenios, se les solicita a ustedes hacer devolución de los recursos que se mencionan (…). Esta devolución debe hacerse este mes de enero de 2016 y deben remitir por correo archivo escaneado el depósito o transferencia de la devolución».
El mensaje llamó la atención del diputado Javier Macaya (UDI), quien en 2015 interpeló a la ministra de Salud por su gestión. «Nosotros teníamos dudas sobre el manejo contable del Ministerio de Salud, que hizo posible que llegaran a una altísima ejecución del presupuesto 2015, y esta situación en Araucanía Sur da cuenta de situaciones en las que se entregaron recursos a fin de año con la finalidad de incorporarlos a la contabilidad 2015», plantea.
Según el abogado especialista en derecho administrativo Rodrigo Urzúa Yovane, «los órganos públicos tienen el imperativo de velar por el correcto uso y destino de los recursos de que disponen. Por ello, las transferencias que efectúen deben estar debidamente respaldadas. Esto permite que se rinda cuenta de su uso y se fomente la transparencia. Actuar en contrario puede constituir una falta al principio de probidad».
Hoy, Macaya y sus pares Karla Rubilar (independiente), Germán Becker (RN) y Nicolás Monckeberg (RN) pedirán a Contraloría que investigue el caso.
En el mismo requerimiento solicitarán, además, una auditoría integral al presupuesto autorizado y ejecutado por Salud en 2015 y una revisión especial a los traspasos y modificaciones presupuestarias en las áreas de inversiones y adquisición de equipamiento, para saber si tales movimientos cuentan con los decretos de modificación correspondientes autorizados por el Ministerio de Hacienda.
Los diputados también solicitarán indagar por qué el año pasado el presupuesto para iniciativas de inversiones se redujo en más de $156 mil millones.
«Es tan escandaloso lo que hizo el ministerio para engañar a la ciudadanía con la ejecución presupuestaria, que es algo nunca visto. Llega a dar vergüenza ajena», dice Rubilar.
«El Mercurio» consultó al ministerio por este tema, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta.
Fuente: El Mercurio