Los cambios al sistema de salud privado se debaten hace varios años. Pese a los numerosos intentos frustrados de los últimos años, el Gobierno busca sacar adelante este tema, pero provocando el menor impacto posible en las arcas fiscales.

El proyecto forma parte del programa de gobierno, por lo que la Presidenta Bachelet convocó, en los primeros 100 días de su administración, a una comisión asesora presidencial. Hoy, también por encargo de la Mandataria, los ministerios de Salud y de Hacienda afinan los últimos detalles para que el proyecto de ley pueda ser ingresado, idealmente antes del 21 de mayo, al Congreso.

La compleja situación fiscal del país, que llevó al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a impulsar un ajuste del gasto por US$ 540 millones este año, hace indispensable la venia de esta cartera al proyecto que reforma el sistema de salud.

En las últimas semanas, el trabajo se ha agilizado. Hay quienes apuntan que la salida de Andras Uthoff de la coordinación de la reforma, quien fue reemplazado por el superintendente de Salud Sebastián Pavlovic, reactivó las conversaciones (ver recuadro).

Existen puntos donde las visiones de Salud y de Hacienda coinciden. Avanzar en la implementación de la Cobertura Básica de Salud (CBS) es una de ellas. Esta iniciativa permite instaurar un plan que tendrá igual número de prestaciones para todos, equivalentes al régimen de prestaciones del sistema público. El factor diferenciador será la red donde se entregarán estas prestaciones.

A esto se suma la incorporación del sistema stop loss -que impide que se sigan produciendo «gastos» tras sobrepasar un límite-, pero este beneficio tendría su foco en la atención hospitalaria.

Los puntos que generan mayor polémica

Los temas que más debate han generado entre Salud y Hacienda son tres. El primero apunta al mecanismo que permitirá el reajuste de los precios de la CBS, tanto en tope y/o precio. En este punto, Salud buscaba una metodología similar a la implementada en Estados Unidos en su última reforma -en que si se traspasa un límite de siniestralidad, la aseguradora puede proponer alza a un panel de expertos-, pero para Hacienda esto reviste de incentivos perversos para impulsar una generación ficticia de demanda de prestaciones para alcanzar esos niveles tope.

Por ello, ahora se trabaja en confeccionar un mecanismo que desconecte estas variables, de modo tal que no permita que el traspaso de costo se vaya completo al usuario. Se evalúa la utilización de un polinomio -descartando así un panel de expertos- que fije el límite del alza de precio, de modo que la competencia apunte a diferenciarse por ser la isapre que sube menos.

Otro punto que concentra el debate es lo que ocurrirá con Fonasa. Al eliminar la declaración de salud, uno de los escenarios posibles, que preocupa, es que se produzca una masiva migración desde el sistema asegurador público al privado, lo que no solo sería un problema para las isapres, sino también para el Estado, porque dejaría de percibir esos ingresos.

Para evitar este escenario, en un comienzo se contempló inyectar nuevos recursos al sistema público, para que pudiera mejorar algunos procesos y hacerse más atractivo en este nuevo escenario. Pero al no existir recursos frescos, se debate cómo mitigar esta situación.

El tercer punto que se discute es la necesidad de crear el Fondo Mancomunado para medicamentos de alto costo GES y trasplante.

 

Fuente: El Mercurio