“No está dentro de los considerandos a corto plazo, dado que queremos tenerlo bien trabajado”, dijo ayer la ministra de Salud, Carmen Castillo, respecto a la posibilidad de que el dilatado proyecto de reforma a las isapres sea presentada al Congreso antes del próximo 21 de mayo. “Lo tenemos todavía en discusión.

No queremos adelantar fechas, dado que dimos muchas anteriormente, y esto debe tener un trabajo muy serio y responsable para poder ingresar un proyecto de ley suficientemente fuerte y potente, que de solución a las personas que están en el sector privado”, agregó.

La reforma a las aseguradoras privadas, que se trabaja desde abril de 2014, -cuando se convocó a una comisión de expertos para definir sus bases-, ya cuenta con los principales ejes consensuados.

Se trata de un plan llamado Conjunto de Beneficios de Salud (CBS), igual en todas las isapres, pero que puede ofrecerse en distintas redes de prestadores -se piensa en tres por aseguradora- por lo que sus diferencias estarían marcadas por aspectos secundarios, como la hotelería o la ubicación.

En el CBS, las coberturas serían de 60% en prestaciones ambulatorias y 80% para las hospitalarias, con un sistema de tope anual de copago o stop loss, para evitar que el gasto de bolsillo lleve a una familia a la quiebra. Además, se mantendría la libre elección, pero con coberturas más bajas.

Desacuerdos

Actualmente, persisten al menos cuatro áreas, fundamentales de la reforma, donde no hay acuerdo entre los ministerios de Hacienda, Salud y Secretaría General de la Presidencia.

Uno se refiere a la declaración de salud, o filtro que aplican las isapres para elegir a las personas que entran a sus carteras, lo que genera situaciones de cautividad y discriminación. Existe apoyo transversal a su eliminación, para terminar con el sesgo y en el contexto de seguridad social en que se busca enmarcar a las aseguradoras. Sin embargo, se ha planteado que erradicar la barrera sólo dentro del sistema privado y mantenerla como filtro de entrada, particularmente a los usuarios de Fonasa, podría ser inconstitucional.

La propuesta, frente a este nudo del debate, es impulsar una eliminación gradual, proceso que se acompañaría de una reforma a Fonasa, para evitar migraciones masivas de afiliados del seguro público a las isapres.

Sin embargo, las mejoras pensadas para el seguro público, hoy topan con el ceñido presupuesto fiscal. Por eso, se evalúa dotar de mayor independencia a Fonasa, pero sin gastos inmediatos, para que tenga potestad de generar cambios que hagan la entidad más atractiva, a fin de retener a los afiliados y evitar fuga de cotizaciones. “Si hablamos del sistema de seguridad social, lo razonable es que no haya ningún mecanismo que discrimine a personas en un sistema o en otro”, dice Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile.

Al respecto, el abogado experto en isapres, Pedro Barría, planteó que para evitar el “turismo quirúrgico” que teme el gobierno -migración oportunista de personas en lista de espera en Fonasa, que quieran cambiarse a isapre para atenderse y luego salirse- y que podría poner en riesgo la supervivencia de las isapres, podrían crearse cláusulas para la salida del sistema. “Si se mantuviera una declaración para entrar a las isapres y considerando que en Fonasa esto no se aplica, podría ser discriminatorio.

Pero se pueden establecer condiciones para todas las personas que ingresen, por ejemplo, que no se pueda desahuciar un contrato del sistema antes de dos años”.

Otro aspecto en discusión, es la creación del fondo mancomunado, que busca que el 0,4% de las cotizaciones de los usuarios de Fonasa e isapre se destinen a costear prestaciones como trasplantes o medicamentos. Esta es una idea que Salud promueve, en pos de la solidaridad en el macro sistema, y que sienta las bases para un eventual reforma estructural a futuro. Sin embargo, en Hacienda no ven con buenos ojos el aporte estatal que significaría cubrir los porcentajes de cotización de las personas sin ingresos que están en el seguro público.

El tercer punto en desacuerdo es el sistema de tarificación que tendría el CBS. Ello, pues mientras Salud ha propuesto que sea, por grupo familiar, la cotización obligatoria más una prima comunitaria -para solidarizar tanto según el riesgo como por ingreso de los cotizantes-, Hacienda prefiere que tenga un precio determinado, como fondo compensatorio. El último aspecto a clarificar es el mecanismo de reajustabilidad del precio del CBS. Para ello, la cartera de Salud ha propuesto un indicador de siniestralidad, limitado y revisado por un panel de expertos. Eso no convencería a todo el gobierno, pues las carteras de Segpres y Hacienda preferirían un índice de costos, similar a lo que se aplica hoy al transporte.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, planteó que, en la situación actual, los planes son difíciles de comparar, debido a que son cerca de 12 mil y totalmente distintos. “Hoy el mercado opera con imperfecciones y hay un problema de transparencia. Sin embargo, en el próximo sistema, con plan igual y perfectamente comparable, no se entiende el sentido de aplicar mecanismo de ajuste de precio. Eso entorpece el funcionamiento de las isapres, genera incertidumbre y lo rechazamos”, dijo Caviedes, quien agregó que “me preocupa que se trabaje para ajustar precios en el nuevo sistema y no se diga nada sobre un modelo para aplicar en la actualidad, con la judicialización que está afectando a las isapres y que es prioritario. En ese sentido, creo que el gobierno no está poniendo énfasis en lo prioritario”.

Retrasos

Sobre el aplazamiento de la reforma, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro (PS), dijo que “no estoy de acuerdo en postergar el envío del proyecto. Este es un compromiso presidencial, anunciado formalmente hace siete meses, y que afecta seriamente a tres millones de chilenos”.

El diputado (UDI), Javier Macaya, planteó que “el gobierno ha fracasado en legislar y ha mentido al país al decir que se iba a sacar el 2014 este proyecto de ley y aún no ocurre nada”.

El senador Francisco Chahuán (RN), por su parte, dijo que el gobierno “se ha hecho cómplice de los abusos del sistema privado y se ha negado a armonizar la legislación con los fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional para terminar con la tabla de factores, preexistencias y alzas unilaterales de los planes. Tenemos un gobierno que ha sido indolente frente a la situación que afecta a los derechos de los usuarios de isapres”.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dijo que “hemos estado trabajando intensamente entre Salud y Hacienda sobre las principales conclusiones de la comisión de expertos, pero atendida la experiencia del gobierno pasado, con dos proyectos presentados y ninguno viable políticamente, estamos siendo muy cuidadosos en diseñar un proyecto que genere las correctas reglas del juego y que, al mismo tiempo, permita la sustentabilidad del sistema”.

 

Fuente: La Tercera